La revolución en Egipto parece encaminarse hacia una nueva fase. Mohamed Morsi, el presidente islamista, ha decidido que todas sus medidas políticas en adelante serán inapelables. Esto está provocando una ola de manifestaciones que ha rescatado la consigna de “El pueblo quiere la caída del régimen”. El martes 27 de noviembre es un día clave: coincidirán en la calle movilizaciones, presumiblemente masivas, tanto a favor como en contra del gobierno.

Morsi reunía ya en su poder, al menos formalmente, las competencias ejecutivas y legislativas. Su última decisión implica que ni siquiera el Tribunal Constitucional puede rectificar ningún decreto presidencial. Él ha recubierto esta concentración de poder con un atractivo papel de regalo, justificándola, no sólo en la necesidad de estabilidad política, sino en la de neutralizar el peso muerto de los jueces, militares y funcionarios en general que colaboraron activamente con la dictadura de Mubarak. Estos elementos, y como ariete suyo el Tribunal Constitucional, siguen manteniendo un peso decisivo en el Estado egipcio, con la complicidad del mismo Morsi, que les ha mantenido en sus posiciones y apenas ha removido a la máxima cúpula militar. En particular, los jueces son garantes de la impunidad de los jefes policiales y militares, de la época de Mubarak y de después, culpables de una represión de cientos de muertos y torturados.
Una represión que no cesa, como muestra la violenta actuación policial alrededor de la plaza Tahrir, del 19 al 21 de noviembre. Una jornada de memoria de los 40 asesinados de hacía un año, y de justicia para ellos, fue violentada con disparos de perdigón, asesinando a un joven activista del Movimiento Seis de Abril. Esta movilización también exigía la depuración de la policía y se mostró crítica frente a Morsi.
La decisión del presidente ha sido inmediatamente contestada en las calles. De nuevo miles de personas y decenas de tiendas de campaña poblaron Tahrir. Un estudiante afirmaba: “Los Hermanos Musulmanes [partido del presidente] pretenden apropiarse de todos los resortes del Estado, y convertirlo en un Egipto teocrático. No hicimos la revolución para esto”.
La agenda integrista de Morsi moviliza en su contra a amplios sectores de las masas, que conocen el papel reaccionario que ha jugado el islamismo en diferentes países. Sectores oprimidos que en el proceso de la revolución han despertado a la vida consciente, sectores de la clase obrera, y en particular la juventud, las mujeres, la minoría copta, no van a permitir que se restrinja o elimine sus recién conquistados derechos, ni van a dejar de aplicarlos para avanzar en su emancipación. No obstante, también los islamistas, en sus diferentes versiones, tienen una base social amplia; se nutren de la falta de alternativa clara de la oposición. Se presentan como enfrentados al aparato mubarakista, prometiendo incluso reabrir los juicios a todos los cargos políticos y policiales de la dictadura, incluyendo a Mubarak. Incluso hacen guiños a los trabajadores en lucha, intentando presentarse como árbitros entre ellos y los patronos (vinculados en una gran parte a la dictadura).
Es imposible cortar las alas del islamismo con programas reformistas, con la bandera de la democracia burguesa (es decir, del capitalismo en crisis, de los recortes, de la represión). Mohamed el Baradei, dirigente del partido burgués de la Constitución, llama a “americanos y europeos” (es decir, al imperialismo) a defender la revolución frente a los islamistas; es como llamar al lobo a defender a las gallinas frente al zorro. Una lucha consecuente y seria contra el islamismo, y a la vez contra los restos del mubarakismo y el imperialismo, sólo puede llevarla a cabo la clase obrera, empezando por sus sectores de vanguardia, con un programa independiente, sin falsos aliados (los liberales laicos), y con la bandera de la profundización de la revolución, es decir, del socialismo.