Los violadores de La Manada en libertad condenados por abuso y no por violación; el terrible asesinato de Laura Luelmo; el sobreseimiento del caso de las temporeras de la fresa en Huelva que denunciaron abusos sexuales por parte de sus jefes... Éstas son sólo algunas de las noticias con las que hemos despedido el 2018, un año en el que cientos de miles de mujeres nos hemos rebelado y llenado las calles contra esta situación.

Menos de 72 horas del nuevo año han hecho falta para que se produjera el primer asesinato por violencia machista a una joven de 26 años en Laredo, Cantabria. Ésta es la dramática realidad con la que millones de mujeres, y también multitud de hombres que nos apoyan, nos hemos propuesto acabar.

Un gobierno que no reconoce la violencia machista ni en las estadísticas

Más allá de palabras y declaraciones de intenciones del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, su “feminismo” no sólo no ha cambiado la realidad sino que ni siquiera ha llegado a lo simbólico. Buena muestra de esto se reflejaba en los titulares de prensa el día que se hallaba el cadáver de Laura Luelmo, explicando que su caso no cuenta en las estadísticas oficiales de violencia de género —igual que ocurrió con Diana Quer— por no tener una relación sentimental con el asesino. Ante la indignación generalizada, al día siguiente todos los medios recogían que sí se incluiría pero en una estadística “nueva” que está elaborando el gobierno pero que “no saben cuándo estará”. Toda una muestra de que realmente el gobierno no está dando la importancia que merece a esta grave situación, ni está tomando medidas urgentes y efectivas que combatan la violencia contra nosotras.

Efectivamente, las estadísticas ni siquiera reflejan fielmente los asesinatos por violencia machista. Según datos oficiales, el último año ha dejado la cifra de 47 asesinatos, la más baja desde que en 2003 se empezaran a contabilizar. ¿Es que la situación de las mujeres ha mejorado? Nada de eso. Para empezar, los datos oficiales no consideran violencia machista asesinatos perpetrados si no hay relación sentimental, y tampoco los de prostitutas, menores, etc. Si se incluyeran todos estos casos, la cifra se elevaría en 2018 a 97 víctimas. Y esto es sólo la punta del iceberg. Lo que vemos es un recrudecimiento de la violencia contra nosotras, no sólo en su forma más brutal: los asesinatos, sino en todos los aspectos. La reacción se agrupa y utiliza todos los medios a su disposición para atacarnos: desde Vox, que pide la eliminación de la Ley contra la Violencia de Género y no plegarse a “las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales”, hasta las instituciones y la judicatura que nos “castigan” y golpean con sus sentencias misóginas, franquistas y clasistas.

La Justicia sentencia: libertad para La Manada, las temporeras de Huelva mienten

También han sido 72 horas las necesarias para recibir el mensaje de año nuevo de esa banda de reaccionarios y reaccionarias que ocupan los más altos puestos en la judicatura. El 3 de enero, la Audiencia de Navarra desestimó la petición de ingreso en prisión para los violadores de La Manada al “no apreciar riesgo de fuga”. ¡Menuda sorpresa! Los mismos jueces que permiten que La Manada campe a sus anchas, condenaron a sólo 10 meses de cárcel por “maltrato ocasional” a un hombre que acuchilló y trató de asfixiar a su pareja con el argumento de que “se detuvo él solo y al final no la mató”; el juzgado de Valencia rebajó la pena de prisión a un hombre que violó y golpeó a una mujer durante horas porque ella “tenía formación en teatro” y pudo “dramatizar” su declaración; la Audiencia de Lleida condenó por abuso y no por violación a dos hombres que violaron a una joven en una discoteca porque “aunque la chica lloró y les pidió que parasen, no gritó ni se resistió”.

Todos estos casos terroríficos no son consecuencia de una insuficiente formación de género de los jueces y juezas. No. Son ejemplos de cómo la justicia está supeditada a los intereses de los y las capitalistas, y de que lanzar un mensaje ejemplarizante a las mujeres que se rebelan es una prioridad para el sistema. El sobreseimiento del caso de las temporeras de Huelva es también enormemente revelador. La argumentación para archivar el caso es que la denuncia responde a una “maniobra” de las mujeres para quedarse en el Estado español. En las condiciones infrahumanas que sufren estas mujeres explotadas, que cobran 40 euros al día por jornadas interminables, que son elegidas para trabajar aquí por tener hijos y demás responsabilidades familiares en Marruecos para poder extorsionarlas más fácilmente, incluido el acoso sexual… En eso la justicia no se mete. ¡Clasismo, machismo y racismo en estado puro!

Contra el clasismo y el machismo del sistema: ¡organización y lucha!

La opresión y la violencia contra las mujeres están incrustadas en el sistema capitalista. Para que las mujeres trabajadoras —las que realmente sufrimos esta realidad— no seamos dependientes de nadie económicamente y no estemos expuestas a situaciones de riesgo por este motivo debemos exigir: trabajos dignos con salarios dignos; servicios públicos gratuitos para atender a niños, mayores y enfermos en lugar de cargar estos trabajos sobre nuestros hombros y encerrarnos en las cuatro paredes de nuestra casa; ­ayudas económicas para madres solteras y todas las víctimas de violencia machista; derecho efectivo a la vivienda y prohibición de los desahucios por ley; abolición de la prostitución; condenas ejemplares a maltratadores, violadores, acosadores o explotadores de mujeres; depuración de la judicatura de franquistas… Pero para eso hay que enfrentarse a los grandes capitalistas, a la jerarquía eclesiástica, a la banca, a los franquistas incrustados en las instituciones…

Mientras el PSOE se llena la boca de feminismo, en el aparato del Estado se está desatando una ofensiva brutal contra la mujer, una ofensiva descaradamente reaccionaria, que alimenta el machismo y la violencia social contra la mujer. ¿Y qué hace el Gobierno de Pedro Sánchez? Nada, mirar hacia otro lado, o peor aún: legitimarla cuando nos habla de respetar esa farsa llamada “separación de poderes”. Por su parte, los dirigentes de Unidos Podemos tampoco parecen dispuestos a hacer nada más allá de discursos grandilocuentes sin ninguna medida práctica que los acompañen.

El aparato del Estado al servicio de las élites económicas golpea a las mujeres porque nos hemos levantado y hemos sido una inspiración para todas y todos los que luchamos por transformar la sociedad. Nos quieren calladas y sumisas. Quieren aplastarnos, pero nuestro movimiento es más poderoso y fuerte y tenemos que responder con contundencia. Hay que exigir a los sindicatos de clase que el próximo 8-M se convoque una huelga general feminista de 24 horas, mixta, que paralice todo. ¡Basta ya de paros simbólicos y de feminismo de postín! Ni los discursos de Podemos en el parlamento ni el feminismo vacío del gobierno de Sánchez nos han servido para nada. Queremos hechos y sólo los lograremos peleando en las calles, tal y como siempre hemos conquistado nuestros derechos.