¡No nos van a callar!
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En estos días compañeras de Libres y Combativas y del Sindicato de Estudiantes hemos recibido notificaciones de la Delegación del Gobierno de Madrid por la que nos imponen multas de 2.000 euros. El delito: llevar un vehículo con megafonía a la manifestación feminista del pasado 8 de Marzo por la tarde, a la que convocamos a decenas de miles de jóvenes. Las multas son el resultado de las denuncias de la policía, que ha utilizado la Ley Mordaza para imponerlas, y llevan la firma de la delegada del gobierno del PSOE en Madrid, María Paz García Vera.
Estas multas suponen una escalada represiva inaceptable contra la libertad de expresión, organización y manifestación. Qué un gobierno socialista sea capaz de llevar a cabo un acción semejante, multando a una organización feminista como Libres y Combativas que está en primera línea de la lucha contra la violencia machista es toda una declaración de principios. ¿Es así como se defiende el feminismo? ¿Es así como se alienta la igualdad?
El gobierno del PSOE se ha llenado la boca estos meses hablando de ser el más “feminista de la historia”. Pero los hechos contradicen esta versión y la reducen a pura demagogia. En la práctica levantan la Ley Mordaza del PP para golpear a las que luchamos y nos enfrentamos en el día a día contra la justicia patriarcal y sus sentencias infames, y convocamos movilizaciones masivas y huelgas generales en defensa de nuestros derechos.
Una vez que hemos denunciado estos hechos iniciando una amplia campaña de solidaridad y denuncia contra este comportamiento represivo, la Delegación del Gobierno en Madrid ha emitido un comunicado público que es un completo bochorno.
El comunicado lleva por título, “La Delegación del Gobierno abre tres expedientes sancionadores por desobediencia grave a la autoridad durante la manifestación del 8 de marzo” y en el mismo se puede leer textualmente lo siguiente:
“Los hechos que motivaron las denuncias tuvieron lugar en la Glorieta del Emperador Carlos V de Madrid, al inicio de la manifestación convocada con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Los agentes acuden a la llamada de la Policía Municipal que relata problemas con un vehículo que quería acceder al recorrido de la manifestación. Los agentes de la Policía Nacional, tras comprobar que efectivamente el camión no contaba con autorización para circular en el cuerpo de la manifestación, denegaron el acceso del vehículo por razones de seguridad, y así lo comunicaron a los interesados.
A pesar de ello, se produce la negativa de las tres personas a obedecer las instrucciones policiales, llegando a retirar la valla de señalización dispuesta para el corte de tráfico que garantiza la seguridad de las personas que libremente se manifiestan. Tras conseguir recorrer varios metros con el camión, contraviniendo las instrucciones policiales, finalmente es interceptado por un agente que inmoviliza el vehículo, no sin antes negarse a retirarlo por lo que se le solicita la entrega de llaves.
Al mismo tiempo, desde la parte de atrás del camión donde había dispuestos un micrófono y unos altavoces, una de las personas denunciadas arengaba a una masa de unas doscientas personas, teniendo los agentes que abandonar el lugar para evitar una situación aún más complicada.
Como consecuencia de dicha situación, finalmente, no puede retirarse el camión del recorrido, lo que obstaculizó la normal marcha de los asistentes a la manifestación, que en ese punto tenían que ir esquivando el vehículo.
Como ocurre en este tipo de manifestaciones en las que se prevé una asistencia multitudinaria, días antes del 8 de marzo, se celebró en la Delegación del Gobierno la correspondiente reunión de seguridad en la que se informó, entre otros extremos, de la necesidad de disponer de la correspondiente autorización para los vehículos que pretendiesen acceder a la misma, para garantizar la seguridad de los manifestantes, y en aplicación de la alerta de Nivel 4 Antiterrorista.
Los tres expedientes sancionadores incoados lo son frente a tres personas físicas, en momento alguno se sanciona a “Libres y Combativas” ni al “Sindicato de Estudiantes…”. (Se puede consultar integro pinchando este enlace http://www.mptfp.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/madrid/actualidad/notas_de_prensa/notas/2019/06/2019-06-13-.html )
En realidad, los hechos se desarrollaron de una manera muy diferente a como se señala en este comunicado oficial. El 8 de marzo en la manifestación de la tarde las compañeras de Libres y Combativas víctimas de la actitud intimidatoria y machista de dos miembros de la policía nacional que nos impidieron utilizar nuestra megafonía para cantar consignas en defensa de los derechos de las mujeres. Fue una agresión clara a la libertad de expresión sin ninguna justificación.
El comunicado de la Delegación de Gobierno señala que “el camión no contaba con autorización para circular en el cuerpo de la manifestación” y que “así lo comunicaron a los interesados”. Esto es una burda excusa que no se sostiene. Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes ha convocado y participado en decenas de manifestaciones. Jamás hemos necesitado ninguna autorización específica de Delegación de Gobierno para utilizar nuestra megafonía, y jamás hemos tenido ningún problema al respecto.
La situación es mucho más grave por el siguiente hecho: Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes organizamos una manifestación en la mañana de ese mismo 8 de marzo en el centro de Madrid, concretamente desde la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Justicia. En esa manifestación en la que participaron más de 100.000 jóvenes, utilizamos el camión de megafonía de nuestra organización sin que tuviéramos ningún problema legal. Nuestra manifestación, como siempre, se desarrolló de manera pacífica.
En la manifestación del 8 de marzo a la tarde, de la que éramos convocantes y organizadoras como es público y notorio, llevamos la misma megafonía que a la manifestación de la mañana. Pero en esta ocasión, cuando empezamos a organizar nuestro cortejo, fuimos abordados por dos miembros de la policía nacional que nos emplazaron de malos modos a no mover la megafonía por “razones de seguridad”, un hecho insólito y que no tenía precedentes.
Cuando pedimos explicaciones a estos miembros de la policía nacional y les solicitamos la presencia de un mando para aclarar esta situación completamente irregular, se negaron en redondo, endureciendo su actitud autoritaria y su desprecio ante las peticiones de nuestras compañeras, entre las que se encontraba Ana García Rubio, secretaria general del Sindicato de Estudiantes y portavoz de Libres y Combativas, multada con 700 euros.
Las miles de personas que asistían perplejas a esta actuación policial, son testigos de cómo estos agentes intimidaron desde el primer momento a las compañeras. Del mismo modo pudieron ver en qué consistía esa “solicitud de entrega de llaves del camión” cuando uno de los agentes asaltó el camión y arrancó violentamente del contacto las llaves del mismo, dejándolo inmovilizadas durante horas.
En el comunicado de la Delegación de Gobierno, Ana García, aunque sin citarla, pasa a ser la protagonista acusada de arengar “a una masa de unas doscientas personas” lo que al parecer provocó que estos mismos agentes tuvieran “que abandonar el lugar para evitar una situación aún más complicada”.
Este es el mismo lenguaje que se utilizaba en los comunicados policiales de tiempos pasados y felizmente superados. Cuando nuestra compañera denunció públicamente el atropello que estábamos sufriendo, la Delegación de Gobierno afirma que estábamos creando una situación “complicada”. Es decir, que apelar pacíficamente a que cese una actitud agresiva y avasalladora por parte de la policía es crear una situación “complicada”.
Es completamente delirante que en el comunicado se haga referencia a la existencia de una “alerta de Nivel 4 Antiterrorista” para establecer que nuestro camión de megafonía pudiera suponer una amenaza “para la seguridad de los manifestantes.” Esto es completamente ridículo y confirma que la Delegación de Gobierno en Madrid tiene que recurrir a argumentos espurios para respaldar estas multas y la actuación de la policía.
La alerta de Nivel 4 antiterrorista existe desde 2015, y en ninguna manifestación organizada por Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes o en las que hemos participado, y han sido decenas, se nos ha prohibido utilizar megafonía o se han impuesto multas por hacerlo. Es una completa vergüenza que se argumente este tipo de disparates o ¿es que acaso se considera que nuestro camión de megafonía, que contenía también panfletos y megáfonos y estaba completamente identificado, constituía una amenaza para los manifestantes y podía el medio para cometer una acción terrorista?
Para rematar este relato fantástico, la Delegación insiste en que “los tres expedientes sancionadores incoados lo son frente a tres personas físicas, en momento alguno se sanciona a “Libres y Combativas” ni al “Sindicato de Estudiantes”. Pero la verdad es concreta: las tres personas que se identificaron como responsables del Sindicato de Estudiantes y Libres Combativas ante la policía, incluyendo nuestro abogado, han sido las que han recibido las multas. Las razones de estas multas no tienen nada que ver con la “desobediencia” ni la “amenaza a la seguridad”, sino que tienen una motivación política muy clara.
Y esta realidad la hemos confirmado en la reunión mantenida con la Delegada del Gobierno de Madrid el viernes 14 de junio, cuando María Paz García Vera ha despreciado nuestros argumentos y razones, ha respaldado la versión de la policía y justificado las multas a nuestras organizaciones llegando a considerar incluso que la cuantía era baja. Es un completo escándalo que responsables políticos del PSOE pretendan defender lo indefendible, respalden la Ley Mordaza de esta manera, e intenten callarnos la boca mediante multas al estilo pepero. Estos hechos son de una trascendencia tan grave que exigimos la inmediata dimisión de la Delegada del Gobierno en Madrid.
No podemos permitir que organizaciones que nos hemos manifestado pacíficamente este 8 de marzo, y que representamos a decenas de miles de jóvenes y mujeres, seamos víctimas de estos atropellos. Para frenar este ataque a la libertad de expresión, manifestación y organización, llamamos a todas las formaciones de la izquierda, colectivos feministas y movimientos sociales a apoyar y participar activamente en esta campaña de solidaridad, exigiendo a la Delegación de Gobierno de Madrid la retirada inmediata de todas las multas y una disculpa pública por esta injusta agresión a organizaciones que luchan por los derechos de todas y todos.
¡Basta de ataques al movimiento feminista!
¡No nos van a callar!
