La violación grupal contra la víctima de la Manada de Palma en Nochebuena, una niña de 13 años tutelada por el Consejo Insular de Mallorca que además vivía en un centro concertado para menores, vuelve a destapar la cruda realidad de la explotación sexual entre menores tuteladas por el Estado.
El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales ha admitido hasta 16 casos de abuso sexual de menores (15 niñas y un niño) que se encuentran bajo su tutela en diferentes centros de acogida. Los educadores de los centros de protección de Baleares denuncian que la explotación sexual en los centros de menores en la isla está muy extendida, llegando a ser “prácticamente total entre las jóvenes de algunos centros”. ¿Cómo es posible que centros públicos que deberían cuidar y proteger a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad extrema se conviertan, en la práctica, en la puerta de entrada de cientos de jóvenes a la prostitución?
Lamentablemente no es la primera vez que casos de este tipo salen a la luz. En 2017, muy lejos de Mallorca, en Álava, se abría una investigación ante las pruebas de que siete menores tutelados por la Diputación alavesa habían mantenido relaciones a cambio de dinero. Parece ser que esta situación alarmante se extiende por todo el Estado de forma oculta. En 2017, un informe de Unicef, con entrevistas a más de 300 responsables, educadores y menores alertaba de que había casos de explotación sexual en centros de siete de las nueve comunidades autónomas que estudió. El informe no aclaraba cuáles pero sí advertía que “en algunos casos podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, que además les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro”.
Hacer negocio golpeando a los más vulnerables
Las y los jóvenes acogidos por la administración se enfrentan generalmente a una realidad socio- económica muy difícil: familias desahuciadas, pobreza y exclusión social. Y en algunas ocasiones, haber enfrentado una desatención grave o violencia sexual en sus hogares...por no hablar de la violencia física, el alcoholismo y demás lacras sociales presentes en nuestros barrios.
Además, también los menores extranjeros no acompañados son acogidos por centros de primera acogida, donde no cuentan con medios suficientes. En 2018 personal de la Junta de Andalucía denunció el hacinamiento de los menores inmigrantes en estos centros. Describían una situación caótica donde se triplicaban los ratios de niños a acoger, con camas en pasillos y comedores, sin poder cubrir dignamente sus necesidades más básicas como la comida o el aseo, con una ausencia incluso de intérpretes para atender debidamente a los menores que no hablan castellano. Por supuesto los recursos necesarios para dar la atención psicológica que necesitan estos jóvenes, que sufren de traumas profundos por las situaciones que han tenido que afrontar, y que son centrales para su superación, brillan por su ausencia.
A esta situación de falta de recursos, que se ha visto agudizada en los últimos años fruto de los recortes a los servicios públicos, se suma al aumento de la pobreza generalizada y el incremento que esto implica en el número de menores que terminan en estos centros. En 2014 acogían a 13.563 mientras que ahora acogen a 21.283 menores. El número de extranjeros también se ha disparado de 2.974 en 2016 a 10.359 en 2018. De estos, 9.506 son menores no acompañados.
En medio de esta situación se da también el proceso de privatización de los mismos. Según los últimos datos del Observatorio de la Infancia, en 2018 había a nivel estatal 1.104 centros de menores, de los cuales tan sólo 216 eran públicos y el resto concertados. La situación de los profesionales que trabajan en estos centros destaca por la precariedad y la temporalidad. Todo esto conecta inevitablemente con los intereses de las empresas, fundaciones privadas etc. que reciben los conciertos de estos centros, cuyo objetivo no es dar a estos jóvenes la oportunidad de salir de entornos desfavorecidos y peligrosos, sino de sacar el máximo partido económico a esas concesiones, aunque esto sea sinónimo de condenarles a una existencia de exclusión social y sufrimiento desde su más tierna infancia.
Es en esta situación de máxima precariedad y abandono por parte de la administración en la que se dan las condiciones para que las redes de trata puedan captar a sus víctimas, más indefensas que la media de los jóvenes de sus mismas edades por las situaciones extremas que atraviesan.
Un negocio heredado del franquismo
No sólo el funcionamiento de los centros está en cuestión. Las retiradas abusivas de tutelas son un verdadero escándalo. A pesar de lo que indican las leyes y las directrices europeas, la mayoría de las retiradas de tutela de menores derivan exclusivamente de situaciones de precariedad económica. Se acumulan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando al estado español por la arbitrariedad en la retirada de tutelas y la indefensión de las familias. Y es que en una anomalía más con respecto a nuestro entorno, no es un juez quien ordena una retirada de tutela sino un funcionario autonómico quien decide asumir la tutela a través de una simple orden administrativa.
De esta manera se engorda el fabuloso negocio de los centros de menores, recibiendo las empresas entre 3.000 y 7.000 euros al mes por “plaza ocupada”. La cifra de menores institucionalizados en el Estado español es disparatada en comparación con el resto de países occidentales. En definitiva, niños y niñas retirados de sus familias para ser entregados a un sistema de protección de menores que los desprotege flagrantemente. De ahí la necesidad de acabar ya con la privatización directa o indirecta de este sector impidiendo que se continúen haciendo negocios.
Esto es así porque el actual sistema de protección de menores es heredero directo del sistema tutelar franquista, caracterizado por los abusos y la violencia más feroz. Incluso muchas de las órdenes religiosas encargadas de los hospicios y del Patronato de la Mujer siguen gestionando actualmente centros de menores y reformatorios.
Contra la explotación sexual de menores y la prostitución. ¡Por una red pública de servicios de acogida digna!
Ante el destape de este escándalo, Vox, Cs y el PP recurrían a su habitual demagogia, poniendo el grito en el cielo tanto en el Parlament Balear – gobernado por el PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca - como en el Congreso de los Diputados de Madrid. Precisamente ellos, los mayores defensores y ejecutores de la privatización de todo lo público lamentan hoy este drama como si nada tuviera que ver con el abandono al que sus políticas han abocado a estos jóvenes extremadamente vulnerables. Por si esto no fuera suficiente, basta ver algunas de las últimas apariciones y declaraciones públicas de sus máximos dirigentes estatales respecto de los jóvenes que se encuentran en estos centros, en las que azuzaban el racismo y ponían una diana sobre ellos. Rocío Monasterio visitaba el pasado noviembre el centro de menores no acompañados de Sevilla, afirmando barbaridades como que estos menores impiden que "las mujeres puedan andar solas por las calles". Unas semanas después, en diciembre el centro de primera acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza, en Madrid, sufría de ataques racistas con la aparición de una granada en el patio del centro.
Si bien es cierto que estos defensores de los vientres de alquiler, estos alimentadores del racismo y de las políticas que castigan a los sectores más humildes -como los jóvenes que viven en estos centros – no tienen la más mínima preocupación por la situación en la que se encuentran los menores tutelados, hay que decir que la respuesta a esta situación por parte del Gobierno Balear y de Pablo Iglesias ha sido lamentable: con los votos de PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca se impedía la puesta en marcha de una Comisión de Investigación en el Parlament Balear y se lavaban las manos en el asunto, dejando todo en manos de la fiscalía y eludiendo su responsabilidad al frente del Gobierno balear. La única medida que se ponía en marcha era el anuncio del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de un curso de formación para prevenir la explotación sexual de menores, que consiste en disuadir a las menores para que no caigan en “esas prácticas”, responsabilizando una vez más a las víctimas.
Esta situación jamás se resolverá con consejos “disuasorios”, ni con palabras indignadas en el parlamento como las que Iglesias dedicaba a la bancada de la reacción. ¡Lo que necesitamos son medidas prácticas que garanticen en primer lugar una atención de calidad, con recursos humanos y materiales que puedan atender las necesidades de estos jóvenes! Eso significa en primer lugar, acabar con los negocios a través de los conciertos y privatización de estos centros que deben ser 100% públicos, y estar alejados de las garras de quienes quieren hacer un negocio de ellos. Significa una investigación seria y que se depuren responsabilidades, que se castigue de forma ejemplar a sus responsables, significa defender la abolición de la prostitución y todas las formas de trata y explotación que sufren las personas más humildes. Significa sobre todo confrontar con los grandes poderes económicos que, de forma legal o ilegal, se hacen de oro a costa de la de necesidad de los más indefensos. Significa revertir todos los recortes que alimentan la pobreza en la que crecen estos jóvenes, y que les expone a ser víctimas de las redes de la prostitución, de la droga, de las casas de apuestas y de otros negocios millonarios.
Gracias a las luchas de la generación de nuestros padres y abuelos conseguimos derechos muy importantes y básicos como la sanidad y la educación públicas, o los Servicios Sociales. Sin embargo, cualquier derecho conquistado bajo el sistema capitalista corre el riesgo de sernos arrebatado de nuevo. La defensa de esos derechos y conquistas es lo que defienden los millones de personas que han colocado al actual gobierno al frente del Ejecutivo y no lo han hecho para que todo siga igual. Sólo a través de estas medidas se podrá hacer frente a la vulnerabilidad y acabar con la explotación sexual de menores.
