El aparato judicial al servicio de la explotación sexual de las mujeres pobres
El 11 de septiembre tendría que haber comenzado el juicio contra los siete empresarios y seis proxenetas de la Región de Murcia implicados en una red de prostitución de menores de edad.
Un juicio que iba arrancar diez años después de que se conocieran los hechos y tuvieran lugar las primeras detenciones. Porque parece ser que “la justicia es igual para todos” salvo que se trate de un entramado de proxenetismo y prostitución ejercido por empresarios influyentes con niñas de entre 14 y 17 años en situación de vulnerabilidad y riesgo social, entonces la justicia tarda una década en sentarlos en el banquillo.
Pero por si esto fuera poco, la Audiencia Provincial de Murcia anunció que se había llegado a un acuerdo de conformidad con estos abusadores sexuales, que han reconocidos los hechos, con el objetivo de que se les rebajen las penas y que el juicio no se celebre. Para mayor escándalo, como parte del acuerdo, entre los atenuantes para reducir las condenas se encuentra el retraso de una década del proceso judicial. ¡Increíble! De los 24 a 56 años de pena máxima a los que se enfrentaban, finalmente serán condenados a entre 5 meses y 2 años por cada uno de los delitos, evitando así la entrada en prisión. Y sus señorías han dictado que será suficiente con que paguen indemnizaciones de 500 a 2.000 euros por víctima y multas entre 450 y 720 euros. Así, estos pudientes pederastas tras reconocer sus brutales delitos y soltar algo de calderilla se van de rositas con la permisividad de esta justicia franquista, misógina y patriarcal. El mundo al revés.
La trama de proxenetismo se destapó en 2014. Captaban a niñas de entre 13 a 17 años procedentes de familias desestructuradas o en situación de necesidad y vulnerabilidad, en las puertas de los colegios o de discotecas de menores. Crearon toda una red de explotación donde exigían a las menores imágenes suyas que luego incluían en un catálogo, llegándose a encontrar más de 400 imágenes de chicas menores de edad.
Engañaban a las jóvenes prometiéndoles “mucho dinero” a cambio de trabajos como niñera, cuidadoras de ancianos o masajistas; de esta forma las introducían en su negocio de esclavitud sexual dirigido a una clientela de personas mayores.
Entre los clientes procesados por hacer uso de esta red de menores se encuentran conocidos empresarios de Murcia, todos ellos con edades comprendidas entre los 60 y más de 80 años, como José Antonio Arce, Juan Peque, José Jara, Antonio Giménez, Antonio Morales, Juan Martínez y Juan Castejón Ardid. Este último promotor de viviendas y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, que abandonó el cargo en 2015 cuando se destapó la trama. También están implicados los miembros de un bufete de abogados que pedían que les trajeran “niñas nuevas a la oficina” o un guardia civil retirado al que una de las víctimas denunció por agresión sexual.
La justicia ampara a los proxenetas mientras da la espalda a las víctimas
“Hemos hecho un buen trabajo”, fueron las palabras con las que el juez de instrucción cerró la sesión el 11 de septiembre. Además, la Fiscalía ha agradecido a la Policía su actuación. Sin duda este es el mejor ejemplo de cómo funciona la justicia clasista, patriarcal y fascista, y el desprecio absoluto que rezuman contra las víctimas.
Pero no se trata de un caso aislado. Las sentencias aberrantes y machistas de la Audiencia Provincial de Murcia son conocidas y habituales en esta Comunidad gobernada por el PP y Vox: un profesor de Educación Física condenado a siete años por abusar durante años de cinco menores evitó la cárcel a cambio de no volver a delinquir y una multa de 900€ (hace tres meses), un hombre que violó a una mujer en su coche a la salida de una discoteca fue condenado a realizar un cursillo de educación sexual (hace dos meses), un capataz que violó a una jornalera se libró de la cárcel a cambio de 6.000€ y un cursillo, un hombre que violó a su exnovia bajo sumisión química, lo admite y no entra en prisión, o el hombre que vendió droga a una menor de 13 años, la violó en su casa y llegó a un acuerdo con la Fiscalía pagar 600€ y realizar un cursillo...
Y esto es solo una muestra de que a estos machirulos de puro y burdel, defensores a ultranza de sus amiguetes empresarios, no les importa que se trafique con la vida de mujeres indefensas y que la lucha contra una de las formas de violencia machista más cruel, como es la prostitución, les da absolutamente igual.
Si algo queda claro es que la prostitución está legalizada de facto, y cuenta con el amparo y protección del aparato judicial. Los proxenetas, grandes capitalistas dueños de “negocios” de explotación sexual, se lucran amparándose en un sistema cómplice y finalmente salen impunes.
Hay muchos otros casos que describen situaciones similares. La Operación Carioca fue uno de ellos, y demostró que para pelear contra la violencia machista, la trata y la explotación sexual hay que luchar contra una judicatura que ampara el proxenetismo y contra el sistema capitalista en su conjunto.
La prostitución es un negocio multimillonario a costa de la esclavitud de mujeres y niñas pobres víctimas de un sistema salvaje y de una violencia machista y clasista sistémicas. Por eso es imprescindible la inhabilitación de todas aquellas y aquellos juezas, fiscales y demás funcionarios públicos que demuestran sobrada y reiteradamente su compromiso con el mantenimiento de la explotación sexual y la violencia contra las mujeres pobres.
El recorrido de la instrucción en el caso de Murcia ha estado repleto de situaciones que cuestionan el sistema político, judicial y económico. Hablamos de prostitución, tráfico de influencias, coacción, corrupción y sobre todo de violencia contra las mujeres. Hay que luchar, por tanto, contra la violencia y la opresión que sufrimos las mujeres, pero también contra un sistema que reproduce, promociona e impulsa día a día dicha violencia.
Precisamente por eso, es vergonzoso tener que soportar que el PSOE y su ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se llenan la boca de ser los adalides de la lucha feminista, aplaudan y se pongan medallitas por sentencias insultantes como la de Dani Alves (su mensaje era claro: si tienes dinero y poder puedes violar impunemente), y evidencian la total hipocresía por parte del Gobierno y su supuesta lucha por la abolición de la esclavitud sexual. No confiamos en esta justicia patriarcal que es la correa de transmisión de la extrema derecha. Ni nos tragamos los bulos de aquellas y aquellos que desde el Gobierno no se atreven a tocar ni un pelo a los jueces y juezas reaccionarios y misóginos, ni a depurar el sistema judicial.
Por eso la respuesta frente al Palacio de Justicia de Murcia no se ha hecho esperar, y miles de personas se han manifestado estos días a sus puertas al grito de “No es justicia, es impunidad”, “Eran empresarios violando a niñas con total impunidad”, “Justicia de mierda” o “Si no hay justicia, habrá rebelión”. Y lo volverán a hacer el próximo 24 de septiembre. Este es el camino.
Esta justicia no nos sirve. No aceptamos que un puñado de jueces y fiscales que apestan a franquismo y misoginia nos digan que hay que respetar las decisiones judiciales. Si el movimiento feminista combativo ha llegado tan lejos y se ha convertido en lo que es hoy es porque hemos señalado la alianza criminal de capitalismo y patriarcado.
¡Si tocan a una, nos tocan a todas!
