Es más propio de un régimen dictatorial que de una "policía democrática" que se obligue a un detenido a desnudarse y hacer flexiones, como sucedió en una comisaría de Barcelona, o que estudiantes que participaban en una manifestación sean retenidos, puestos de rodillas con los brazos tras la nuca y expuestos en medio de la calle durante largo tiempo. Especialmente graves son los casos denunciados de torturas y la ausencia de condenas por este tipo de hechos. En agosto de 1998, 16 mossos apalearon a un inmigrante magrebí en la comisaría de Roses. La sentencia judicial reconoció que se había producido un caso de torturas, pero no hubo ni una sola condena.
Está claro que no estamos, simplemente, ante una serie de casos aislados. CiU, la derecha nacionalista, le imprimió un claro carácter represivo y autoritario a la policía autonómica. La clase dominante quiere una policía para reprimir con contundencia las movilizaciones y las luchas y tiene pocos reparos en cuanto a los derechos de los detenidos, sean estos delincuentes o, simplemente, participantes de una protesta o manifestación. Esta posición la han corroborado estos días con sus declaraciones los dirigentes del PP y CiU. En primer lugar, el candidato del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha criticado que el gobierno del tripartit ponga cámaras en las comisarías (para evitar nuevos casos de malos tratos) en lugar de "ponerlas en las calles, para cazar a los delincuentes", demostrando su catadura política y "sus profundas convicciones democráticas". La verdad es que la campaña del PP en Barcelona no tiene nada que envidiar a la de los partidos ultras, racistas y xenófobos de Holanda, Austria o Alemania, ligando de forma completamente demagógica la inmigración con la delincuencia, etc. En un sentido parecido, los candidatos de CiU, con Artur Mas y Jordi Pujol a la cabeza, han criticado al gobierno de Catalunya por "dañar" la imagen de los Mossos al permitir que transcendieran las imágenes de los malos tratos en la comisaría de Les Corts, por ejemplo. Todo esto dice mucho acerca de lo que entiende la derecha por defender los derechos democráticos. Para ellos se trata de que el "trabajo sucio" de la represión no se debe ventilar públicamente, no de impedir que estos casos se vuelvan a producir.
La realpolitik de Saura
Por otra parte, los dirigentes del tripartit, Montilla, Saura y Carod-Rovira, han salido en defensa de actuaciones polémicas de los Mossos, como la del uso del kubotán contra manifestantes, aunque después desde el mismo gobierno han tenido que rectificar ante la evidencia de que se trata de un arma no reglamentada y, por tanto, ilegal. Está claro que en el reparto de carteras del tripartit, a Saura (ICV-EUiA) le colocaron la consejería de Interior con la intención de desgastarle en un área difícil. Los continuos choques entre un modelo policial escorado a la represión y los movimientos sociales sobre los que en principio ICV-EUiA quiere basarse son la manifestación de una contradicción sin solución posible. El conseller de Interior y principal dirigente de ICV, Joan Saura, pretende demostrar ser un buen gestor, como hiciera en su momento el dirigente de los Verdes, Fischer, en el gobierno de coalición con el SPD en Alemania, desempeñando la cartera de exteriores con pragmatismo, es decir, plegado a los intereses de la burguesía y el imperialismo. Su realpolitik le llevó a defender las intervenciones imperialistas en los Balcanes y en Afganistán, por ejemplo. En el caso de Saura, el pragmatismo le puede llevar a que sus pretensiones no deben ir más allá de gestionar un modelo (aunque sea represivo) y no de reformarlo de arriba abajo. De nada sirve hablar repetidamente de "policía de proximidad" si la realidad sigue siendo la misma de siempre.
Depuración de los cuerpos represivos
La policía forma parte del aparato represivo del Estado, y como tal su función es la defensa de la propiedad privada de los medios de producción. En el caso de la Policía Nacional y la Guardia Civil, la no depuración del aparato fascista en los setenta conllevó la continuidad de una capa de fascistas. Durante años han tratado de presentar a los Mossos d'Esquadra como un modelo distinto al espanyol por haber nacido en democracia. Ahora vemos la falsedad de esto en la forma de torturas y abusos policiales. En el fondo, una policía democrática bajo el capitalismo es imposible.
Los dirigentes de los partidos de izquierdas tienen que fijarse como meta el desmantelamiento de la policía represiva y antidemocrática que creó la derecha. Para empezar, el conseller Saura debería renovar toda la cúpula política de Interior. Es impensable que todavía siga en su cargo el mismo secretario de Interior de la época de los últimos gobiernos de Pujol. La Escuela de Policía, por su parte, que trajo en su momento a instructores de Israel para formar a las nuevas promociones de policía en técnicas represivas, tiene que ser puesta bajo control de los sindicatos obreros para garantizar una formación escrupulosamente democrática y respetuosa con los derechos de los ciudadanos. Es también necesaria la depuración de los policías implicados en actos de brutalidad policial o de excesos. Por otro lado, debería defender a ultranza los derechos democráticos, sindicales y políticos de los Mossos d'Esquadra, como el derecho a huelga. No puede quedar impune ni un solo caso de exceso policial. Y ese debería ser el único motivo por el que Saura permaneciera al frente de la Consellería de Interior: cambiar de arriba abajo el modelo policial, enfrentándose a la derecha y a los elementos reaccionarios del aparato del Estado.
