El domingo 14 de mayo una masiva manifestación volvía a recorrer las calles de Altsasu para exigir, una vez más, la puesta en libertad de los tres jóvenes que llevan ya casi 200 días en la cárcel por una trifulca de bar, por la que se les acusa de terrorismo ya que en ella estaban involucrados dos guardias civiles. En un comunicado, los organizadores de la manifestación califican las detenciones como un montaje policial y denuncian que, tras medio año, los jóvenes siguen detenidos bajo un régimen penitenciario inhumano. Poco antes de que comenzara la movilización, la Guardia Civil había instalado varios controles “antiterroristas” en los alrededores de esta localidad, una de las más militarizadas de Europa.
Los familiares, agrupados en la plataforma Altsasu Gurasoak, se volvieron a concentrar el miércoles 16, en el Paseo Sarasate de Pamplona, para criticar la “inapropiada y desmesurada calificación jurídica de los hechos como terrorismo” y para reprochar que la Audiencia Nacional siga haciendo caso omiso al requerimiento de la Audiencia de Navarra en el que afirma que “no es posible concluir que en los hechos denunciados existan indicios de la comisión de un presunto delito de terrorismo” y han pedido la “vuelta del conocimiento del caso a la Audiencia de Navarra”. También han reivindicado que “imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad” y la libertad de los tres jóvenes, “que llevan más de seis meses encarcelados a casi 400 kilómetros de sus casa y en régimen FIES”, un severo sistema penitenciario que se aplica contra los “terroristas”.
El Gobierno incumple la ley al mantenerlos en prisión
De hecho, si se hubiese cumplido la ley, los jóvenes deberían estar ya en la calle. El 24 de marzo, la Audiencia de Navarra rechazó las acusaciones de terrorismo y pidió que el caso fuese nuevamente enviado al juzgado de Pamplona, lo que implicaría que fuesen juzgados por delitos notoriamente menores. Este conflicto de competencias debe ser resuelto por el Tribunal Supremo. Mientras, la Audiencia Nacional está obligada a paralizar el proceso, lo que propiciaría la puesta en libertad condicional de los tres jóvenes. Finalmente, el 1 de junio, el Supremo ha resuelto que sean juzgados en la Audiencia Nacional por “terrorismo”. Las penas pueden llegar hasta los 15 años de prisión.
La Audiencia de Navarra ha señalado en su auto que para que haya delito de terrorismo se exige la concurrencia objetiva de dos requisitos. El primero, que se trate de un delito grave y que, en todo caso, se lleve a cabo con la finalidad de subvertir, desestabilizar, alterar el orden gravemente, provocar un estado de terror, etc. Como destaca el dossier que publicó Altsasu Gurasoak: “En el Derecho Penal es unánime la posición de los juristas sobre que la vulneración del principio de proporcionalidad pone en riesgo el principio de legalidad”. Como argumentaba el juez Martín Pallín en una entrevista en Público hablando sobre este caso: “Yo considero que aquí se ha quebrantado el principio de proporcionalidad y no encaja dentro del principio de legalidad. Me parece una decisión desorbitada y fuera de la realidad social”.
Es decir, que deberían estar fuera de la cárcel, a la espera del juicio y no en la cárcel de Soto del Real, lejos de su familia y amigos. Sin embargo, éstos, fruto del brutal atropello a los derechos democráticos más elementales por parte de este gobierno corrupto y cada vez más autoritario, han tenido que recorrer más de 90.000 kilómetros y gastarse 37.000 euros en todo este tiempo para poder ver a los jóvenes.
Este montaje judicial y mediático se inscribe dentro de la escalada represiva contra los derechos democráticos que el PP impulsa desde que llegó al gobierno en 2011. Según los propios datos del Ministerio del Interior, en los primeros siete meses desde que entrara en vigor la Ley Mordaza se quintuplicaron los juicios por “enaltecimiento del terrorismo”, por comentarios irónicos en Twitter, como el escandaloso caso de la joven Cassandra recientemente condenada a un año de cárcel por hacer chistes sobre Carrero Blanco.
Desde Izquierda Revolucionaria denunciamos el montaje de Altsasu, exigimos la inmediata puesta en libertad de los detenidos y la retirada de los cargos de terrorismo. A la vez, exigimos la derogación de la Ley Mordaza y la retirada de todas las modificaciones represivas introducidas en el Código Penal. Hay que vincular la lucha contra la represión a la movilización general para recuperar los derechos democráticos, laborales y sociales que nos están arrebatando.
