¡Defender los derechos de los presos vascos no es delito!
El 20 de octubre de 2011 ETA anunciaba unilateralmente el cese definitivo de su actividad armada. El aparato del Estado español, bajo los gobiernos tanto del PP y como del PSOE, ha respondido a este hecho aumentando la represión, usándola como arma política. La indignación ante la actuación policial de un aparato estatal heredado del franquismo se ha expresado en Euskal Herria en movilizaciones masivas en defensa de los derechos de los presos vascos. El sumario 11/13 pretende atacar y criminalizar el movimiento de la juventud y la clase trabajadora vasca.
Los presos vascos han sido el colectivo a través del cual se ha querido imponer el castigo y la venganza: se han mantenido intactas la dispersión y las prácticas carcelarias que vulneran derechos humanos básicos reconocidos por la ONU. La represión ha puesto en su punto de mira al movimiento que ha denunciado esta situación.
En septiembre de 2013, la Guardia Civil realizaba la primera redada con dieciocho detenidos contra Herrira, la organización creada en 2012 –en el contexto del final de ETA– para defender los derechos de los presos. En enero de 2014 se detenía en el despacho de abogados de Arantza Zulueta en Bilbo a siete personas y a otra en Iruñea. Un año después en una nueva redada arrestaban a doce abogados y otros cuatro miembros de Herrira. Tres de los abogados detenidos se encontraban en un hotel de Madrid preparando la defensa de 35 militantes de la Izquierda Abertzale en el juicio que empezaba en aquellos días.
El sumario 11/13 juzgará en total a 47 personas que se enfrentan en total a peticiones de 601 años de cárcel y se calculan 350.000 euros de gastos. Se les acusa de participación en organización terrorista, financiación y enaltecimiento del terrorismo. La gran mayoría de los imputados son miembros de Herrira. También se encuentran procesados trece abogados de los presos, miembros de Jaiki Hadi (organización formada por médicos, psicólogos, psiquiatras… para ofrecer asistencia sanitaria a los presos) y de la asociación de familiares Etxerat, así como nueve personas que ejercieron de mediadores de EPPK (el colectivo de los presos vascos). Estos mediadores imputados son parte del grupo que se ofreció públicamente a trasladar a las instituciones y agentes sociales las conclusiones del debate que se llevó a cabo en 2012 dentro de EPPK con el objetivo de impulsar el fin del conflicto armado.
Para el Estado “todo es ETA” con tal de criminalizar la movilización
El juez Eloy Velasco es quien se encargará del juicio en la Audiencia Nacional. La instrucción, basada en una estrafalaria argumentación, acusa a estas personas de participar bajo el mandato de ETA en el proceso para abandonar las armas. Argumenta que cuando ETA decidió dejar “la actividad terrorista” lo cambió por “aglutinar fuerzas”. Esto hace referencia a la nueva estrategia de la Izquierda Abertzale –llamada “proceso democrático”– cuyo objetivo es aglutinar el mayor número de fuerzas políticas y sociales en Euskal Herria para que sea reconocida como nación y conquistar el derecho a la autodeterminación. Es decir, estas personas serán juzgadas por contribuir en el final definitivo de ETA, según reconoce el propio aparato judicial.
La tesis de “todo es ETA” sigue siendo a día de hoy el arma arrojadiza preferida de este aparato de Estado proveniente de la dictadura. Tras el cese, el desarme y la disolución de ETA, lejos de abandonarla, han llevado esta tesis a una dimensión superior para justificar la represión contra la movilización de la juventud y la clase obrera, exportándola incluso fuera de Euskal Herria. Lo han usado contra el levantamiento del pueblo catalán y los CDR, contra tuiteros, raperos, contra sindicalistas… En Euskal Herria el montaje policial y judicial contra los jóvenes de Altsasu y ahora este macrojuicio contra Herrira dan buena muestra de ello.
El bloque reaccionario de PP, Cs y Vox continúa centrando gran parte de su discurso franquista en continuar la lucha antiterrorista hasta la “derrota policial”. Sus provocadores mítines en Euskal Herria durante la campaña electoral no pueden esconder el descalabro sin paliativos que han sufrido en las urnas, ni el hartazgo que siente la clase trabajadora ante su manipulación. Sin embargo, Pedro Sánchez junto a su ministro de Interior, Grande-Marlaska, han dejado claro que no tienen intención de dar marcha atrás en ningún aspecto fundamental de la escalada represiva del Gobierno de Rajoy. Así ha quedado constatado en Catalunya, con los jóvenes de Altsasu, la dispersión de los presos vascos, y ahora con este macrojuicio. Pretenden mantener la Ley Mordaza tal y como la diseñó el PP, porque son muy conscientes de que para la clase dominante la represión es una cuestión crucial para enfrentar la creciente movilización social y la crítica al régimen del 78.
El PNV también forma parte del mismo entramado. Fue firme impulsor de las políticas de dispersión de los presos hace treinta años. El caso Cabacas retrata claramente cómo funciona en la actualidad el aparato represivo creado por el PNV en Euskadi. Y este verano, el Gobierno vasco se ha sumado a la campaña contra las bienvenidas de los presos, amparándose en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, junto con todos los defensores del régimen.
La lucha contra la represión es la lucha contra el sistema
La verdadera causa del fin de ETA no ha sido la “derrota policial” como pretenden hacer creer la derecha y los dirigentes del PSOE. El factor principal ha sido el auge de la movilización de la juventud y la clase trabajadora que tras la crisis de 2008 se expresó en Euskal Herria en masivas huelgas generales, como en el resto del Estado y Europa, en el auge de la lucha revolucionaria en América Latina, y en todo el mundo. Ante un sistema capitalista realmente podrido, la lucha de masas se ha convertido en protagonista indiscutible de la situación.
El levantamiento del pueblo catalán durante el otoño de 2017 y la crisis revolucionaria que se abrió ofrece lecciones valiosas. La propia policía y la Guardia Civil han tenido que reconocer que fueron derrotados ante la movilización pacífica en las calles. Su impotencia fue evidente. La amenaza de fuga de capitales de la burguesía catalana, la campaña del conjunto de la burguesía europea y la represión del régimen han demostrado que la vía para conquistar el derecho de autodeterminación y una verdadera soberanía es unir esta lucha con un programa revolucionario de clase, que plantee la ruptura con el sistema capitalista.
No se puede separar la lucha contra la represión del combate contra la opresión capitalista. El objetivo de la represión es amedrentarnos y acabar con la movilización, que la izquierda sea respetuosa con el régimen del 78 y la Constitución. Sin embargo, la represión sólo demuestra la enorme debilidad del régimen y su desesperación por no ser capaces de imponer la paz social que tanto ansían. La lucha de la clase trabajadora y la juventud en Euskal Herria está dando pasos adelante muy importantes. Tenemos que basarnos en esta fuerza para unir a la clase trabajadora en la lucha para acabar con toda la opresión que genera este sistema.
