20 de junio: todas y todos a las manifestaciones

El enorme impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en el Estado español ha sido la consecuencia directa del desmantelamiento de la sanidad pública, fruto de años de recortes y privatizaciones llevados a cabo por los Gobiernos del Partido Popular –que ningún otro Gobierno ha revertido–, y que dejaron aquí el gasto sanitario por habitante más bajo de la Unión Europea: 1.617 euros frente a los 2.660€ de media en la UE.

Hospitales completamente saturados, pacientes en sillas en los pasillos, cierre de urgencias y centros de salud para poder atender a los más de 240.000 pacientes con Covid-19, UCI sin camas, pacientes con otras dolencias sin poder ser atendidos, residencias de mayores convertidas en mataderos donde los cadáveres pasaban días sin ser recogidos por el colapso de las funerarias…

Un escenario de guerra donde se ha plasmado en concreto, y de la peor manera posible, que los recortes matan. Sí, y se saldan con las vidas de la clase trabajadora y la población más vulnerable. También hemos visto cómo se ha lanzado al personal médico y sanitario a los pies de los caballos sin los mínimos medios necesarios. Así, más de 50.000 sanitarios se han contagiados (el 30% en la Comunidad de Madrid), situando al Estado español a la cabeza de profesionales afectados y convirtiendo el coronavirus en una enfermedad laboral para ellos.

¡Ayuso dimisión! Los recortes y las privatizaciones se llevan miles de vidas por delante.

El caso más descarnado de estas políticas es el de la Comunidad de Madrid (CAM), el epicentro de la pandemia y una de las zonas que mayores recortes han sufrido en la sanidad y los servicios públicos tras el plan de privatizaciones del PP de  Esperanza Aguirre y sus sucesores. Este plan dio luz verde en 2012 a la gestión privada de 6 hospitales y decenas de centros de salud, y produjo unos sobrecostes de 3.000 millones de euros para las arcas públicas. Un plan que fue respondido con la enorme movilización de la Marea Blanca que consiguió frenar esos planes de la única forma posible: con la lucha masiva y decidida.

Está claro que para la derecha lo único que importa es sacar el máximo beneficio aunque ello suponga destruir los servicios públicos y poner en riesgo miles de vidas de familias trabajadoras, aquellas que no podemos pagarnos los mejores tratamientos en los centros privados. Esta es la razón por la que en la última década se han clausurado casi 3.000 camas hospitalarias, por la que el 27,72% del total de camas sean privadas, o que se haya despedido a 3.200 trabajadores de la sanidad pública mientras se destinaba más de la mitad del gasto sanitario de la CAM a los empresarios de la sanidad privada (llegando a alcanzar el 60,35% del total de dicho gasto en 2017).

Pero a esto hay que sumar la política criminal del Gobierno del PP y Ciudadanos en las residencias de mayores. Tal como consta en las actas de la investigación de la Policía Municipal de Madrid, estos centros sufrieron la desatención en los momentos más críticos, cuando los muertos se contaban por cientos.

Mientras Díaz Ayuso se jactaba de que ya estaban medicalizadas, la realidad es que en ellas han muerto con coronavirus o síntomas compatibles con la enfermedad más de 6.000 personas en sus camas, un tercio del total de los fallecimientos en residencias. Y esto ha ocurrido no solo por la escandalosa falta de medios humanos y materiales, sino también –como ha salido a la luz a través de distintos correos electrónicos– por la negativa rotunda de la CAM a trasladar ancianos de las residencias a los hospitales, condenándoles a una muerte segura. Eso sí, aquellos que tenían seguros privados no tuvieron problemas, siendo atendidos el 100% de los mismos.

Solidaridad con la huelga indefinida de los MIR en la CAM

Esta crisis sanitaria ha puesto encima de la mesa la importancia de una sanidad pública, gratuita y de calidad para poder asegurar la salud de todo el mundo. Pero también que la precariedad laboral es otra pandemia a exterminar: es imprescindible que las y los trabajadores de la sanidad tengan unas condiciones salariales y laborales dignas y seguras.

Es completamente miserable que la presidenta Ayuso anunciara que no renovaría el contrato a los más de 3.500 profesionales sanitarios que fueron contratados  (encadenando contratos semana a semana y sin las mínimas condiciones) para poder hacer frente a la COVID-19 en los peores momentos de la pandemia. Aunque posteriormente se desdijo, a día de hoy dicha medida aún no se ha concretado.

Pero hay más. Los planes del PP y Cs de cara a septiembre continúan la misma senda de los últimos años. En mayo finalizaron los contratos de 1.190 médicos internos residentes (MIR), y aún no han concretado cuál será el futuro de ninguno de ellos.

Obviamente, la preocupación de Ayuso y Aguado no es la salud de los madrileños. Les trae al pairo que el sistema público de salud se encuentre con escaso personal y con plantillas agotadas (más del 50% tiene síntomas de ansiedad) en caso de un más que probable rebrote de la Covid-19. Para la derecha se trata de garantizar los beneficios de sus amigos empresarios, que están haciendo grandes negocios con la privatización de los servicios públicos.

Ahora mismo los MIR están cubriendo el déficit estructural de sanitarios que existe en los hospitales, llegando a suponer hasta el 70% del personal. Aunque existe la concepción de que se trata de médicos en proceso de formación, la realidad es otra muy distinta: debido a la falta de recursos están desempeñando funciones que no les corresponden, y al no tener un convenio laboral específico están siendo utilizados como mano de obra cualificada barata. Un residente de primer año (R1) cobra 1.003 euros netos al mes y un residente de último año (R4 o R5) llega a 1.279, por lo que se ven obligados a complementar su salario con guardias de entre 17 y 24h. Unas guardias que durante esta pandemia se han desarrollado sin variaciones, manteniendo las llamadas “camas calientes” (camas compartidas), a pesar de la ausencia total de medidas de seguridad que este método supone.

Esta situación les ha llevado a exigir un convenio propio a la CAM y a que la Consejería de Sanidad les pague las guardias conforme a sus funciones. Sin embargo, y tras más de diez escritos, la respuesta de la administración del PP ha sido el silencio más ensordecedor. Por ello, han convocado huelga indefinida desde el 13 de julio si no se pone fin a este atropello en demanda de un convenio específico, que se garantice la jornada laboral de 35h. y el descaso obligatorio de 12 horas tras las guardias de 24, entre otras reivindicaciones.

¡Hay que levantar una nueva Marea Blanca!

En este contexto, Díaz Ayuso ya ha iniciado la privatización encubierta del hospital Niño Jesús, así como del servicio de limpieza del hospital Gregorio Marañón. Esta nueva oleada de ataques, que se suma a una situación completamente insostenible ante el peligro del repunte de la enfermedad, ha sido respondida con diversas protestas de sanitarios y vecinos ante las puertas de centros de salud y hospitales de la CAM, exigiendo una sanidad y unas residencias de mayores 100% públicas y de calidad y mostrando su firme rechazo al capital privado.

La experiencia de los últimos años nos ha demostrado que únicamente con la movilización y la lucha se puede poner fin a los ataques criminales de la derecha. Así lo demostraron los sanitarios que levantaron la Marea Blanca en 2013, frenando la privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud en la Comunidad de Madrid, y siguiendo ese ejemplo de la Marea Blanca, la Marea Verde, las Marchas de la Dignidad, del 15M… volveremos a salir a las calles de todo el Estado el próximo sábado 20 de junio, no solo en Madrid, sino en el conjunto del Estado.

Volveremos a llenar las calles de dignidad obrera para exigir al Gobierno del PSOE-UP que debe actuar inmediatamente, en primer lugar blindando una sanidad y residencias 100% públicas y de calidad y acabando con todos los conciertos. Para ello tienen que derogar ya la Ley 15/1997, aprobada por el PP, que abrió la sanidad pública al sector privado y con la que los Gobiernos autonómicos tuvieron vía libre para convertir la salud en un rentable negocio.

Además, el Gobierno tiene que acompañar esta medida con un plan de rescate urgente a la sanidad y los servicios públicos, que permita la contratación en condiciones dignas de decenas de miles de nuevos profesionales y garantice las inversiones necesarias que permitan enfrentar la pandemia y atender a toda la población. Hay que intervenir los hospitales, las residencias privadas, las farmacéuticas y todos los sectores que producen material médico, y nacionalizarlas para poner todos sus recursos, humanos y materiales, al servicio no de intereses privados sino de las necesidades sociales de la inmensa mayoría. 

¡La sanidad pública no se vende, se defiende!