Más de un millón de fallecidos en el mundo, 32 millones de contagiados1, una sanidad pública arrasada y desempleo de masas para mucho tiempo. Estos son los datos. Pero no es responsabilidad solo de la Covid 19. Aunque se afirme que la irrupción de la pandemia cogió a los Gobiernos desprevenidos, esto no explica las dimensiones de la hecatombe. La catástrofe actual, que aumentará en las próximas semanas y meses, es la expresión de décadas de recortes sociales y sanitarios, políticas neoliberales que han destruido el derecho a una vivienda digna, que han impuesto una precarización laboral sangrante, bajos salarios, pobreza, racismo, inhumanidad. La pandemia ha sido el accidente que ha dejado al descubierto el auténtico virus: el sistema capitalista y los Gobiernos que defienden su lógica.
Los recursos económicos que han movilizado los Estados para responder a la crisis superan ya los nueve billones de dólares. Pero la matanza continúa y no hay visos de solución. ¿Cuál es la razón de esta sinrazón? Como la prensa económica reconoce día sí y día también, la inmensa mayoría de esta inyección de dinero ha ido directamente a engordar las cuentas de las grandes corporaciones financieras y las multinacionales más poderosas, cuyas acciones se han disparado rompiendo nuevos récords.
Todas las medidas anunciadas para prevenir el avance del virus y proteger nuestra salud han fracasado miserablemente. El Estado español no ha sido una excepción. Al contrario. El Gobierno de coalición tiene el dudoso honor de encabezar las peores estadísticas de Europa, y culpar exclusivamente a la derecha de este desastre no es creíble. Sin duda, la gestión de la pandilla de reaccionarios que gobierna Madrid y otras CCAA es el resultado de un punto de vista proempresarial, racista y antiobrero arraigado. Pero ha sido Pedro Sánchez quien ha realizado una rueda de prensa junto a Isabel Díaz Ayuso mientras la presidenta de Madrid confinaba los barrios populares, quien le ha ofrecido toda la colaboración callando ante la destrucción de la atención primaria, ante un transporte masificado, o una violencia policial que se extiende con total impunidad. Basta ya de engaños, de propaganda hueca, de brindis al sol.
¿Políticas progresistas o continuidad de los recortes y las privatizaciones? El ejemplo de la sanidad
El Gobierno de coalición ha tenido muchos meses para tomar medidas drásticas que supusieran un punto de inflexión con la pesadilla de recortes que hemos soportado durante décadas (responsabilidad tanto del PP como del PSOE). Pero no ha sido así. El llamado escudo social tiene enormes agujeros por los que se cuela la injusticia y la desigualdad más lacerante. El Ingreso Mínimo Vital presentado como un logro histórico, ha quedado reducido a muy poco, apenas una gota en el océano. Cuando Pablo Iglesias habla de que “han nacionalizado los salarios” al referirse al pago de los ERTE, no calcula sus palabras. En efecto, el Estado paga miles de millones que se ahorran los empresarios, pero las ganancias siguen siendo privadas. Es el sueño de cualquier capitalista.
Como señalamos en su momento, las concesiones del Gobierno a las exigencias del Ibex 35 y la plutocracia financiera —premiada con 100.000 millones de euros nada más estallar la crisis— se convertirían en un grave problema de salud pública. Y así ha pasado. En estos últimos días los medios de comunicación se han hecho eco de numerosos estudios científicos que denuncian los efectos de las políticas de recortes en la sanidad, políticas que no han sido rectificadas, y la manera precipitada en que se ha realizado la desescalada para satisfacer al mundo empresarial.
El último estudio de la revista científica The Lancet2, que ha analizado el desconfinamiento de diferentes países europeos y asiáticos, es sumamente revelador. En el mismo se señalan cinco aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta antes de levantar las restricciones: conocimiento de los niveles reales de infección, participación de la ciudadanía, capacidad del sistema para seguir los contagios, capacidad del sistema sanitario y medidas de control fronterizo. En cuatro de estos parámetros el Estado español suspende.
Al abordar la decisión de la desescalada, el estudio concluye que el Gobierno de Sánchez ha sido todo menos preciso y no ha establecido un umbral específico de ningún indicador. Respecto a la capacidad de seguir los contagios, tampoco se ha alcanzado el mínimo exigible para iniciar la desescalada. Es decir, hay una ausencia clamorosa de rastreadores, tal como la explosión de contagios en las últimas semanas confirma.
Pero lo más significativo del informe está dedicado a los medios de la sanidad pública. El estudio denuncia sus carencias de partida, además de la falta de recursos y equipos para proteger a los sanitarios: “España ha experimentado una disminución de la fuerza laboral sanitaria desde el inicio del brote debido a las altas tasas de infección entre los trabajadores de primera línea. En abril de 2020, 15.000 trabajadores de la salud estaban enfermos o autoconfinados, lo que representa el 14% de los casos confirmados en el país”.
El trabajo señala también que, antes del brote de la Covid, el Estado español contaba con 10 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, frente a las 34 de Alemania, y que es el único país de los analizados que no impuso cuarentenas o restricciones a los viajeros procedentes del exterior tras la apertura de la fronteras el 1 de julio, una decisión tomada conscientemente con el fin de “motivar” al turismo internacional y proteger los intereses de la patronal.
En definitiva, lo que vivimos actualmente es la crónica de un fracaso anunciado. La desescalada, que se generalizó con la “nueva normalidad” el 21 de junio, se empezó a resquebrajar ya desde los meses de julio y agosto, y ahora, ante la ausencia de criterios unificados —una ausencia consciente y premeditada— y cediendo a las presiones de los grandes poderes económicos que de ninguna manera aceptan la suspensión de la actividad económica, la situación es otra vez caótica.
¿Por qué el Gobierno “más progresista de la historia de España” no ha tomado decisiones para inyectar recursos económicos y humanos que compensen los años de recortes en la sanidad pública? ¿Por qué se ha negado a nacionalizar la sanidad privada y sigue consintiendo que miles de millones de euros continúen drenándose a las multinacionales del sector?
El Gobierno de coalición ha perdido la oportunidad más valiosa que tenía para llevar a cabo una transformación profunda de todo el sistema sanitario. La mayoría aplastante de la población, por no hablar de los miles de trabajadores de hospitales y ambulatorios, habría apoyado medidas en este sentido, y Pablo Iglesias tendría la satisfacción de comprobar cómo se modifica, favorablemente, la correlación de fuerzas. El punto de partida para ello lo muestran unos datos que son apabullantes.
Entre 2009 y 2017 el gasto público en salud como porcentaje del PIB se redujo en un 9,1%, mientras que el dedicado al privado, en forma de conciertos, servicio y gestión, ha aumentado en un 18%. Para ser más concretos, los conciertos con empresas privadas aprobados por el Sistema Nacional de Salud acaparan el 11,2% del gasto público total de salud español, 8.093 millones de euros. En Baleares el gasto destinado a conciertos ha aumentado un 170% en la última década, en Madrid ha crecido en un 83%. La Comunidad de Madrid era y sigue siendo la segunda con menor gasto sanitario por habitante y la que destina un menor porcentaje de gasto de su PIB a sanidad, un 3,7%3.
Cuando miles de sanitarios claman contra la situación de precariedad y bajos salarios que soportan no están exagerando. Ser médico hoy en la sanidad pública no solo es una profesión de riesgo, está muy mal pagado y puede conllevar el encadenar contratos eventuales durante 10, 15 y hasta 20 años4.En noviembre de 2019 los contratos eventuales en los hospitales y centros de salud españoles representaban un 42,2% del total en el sector, diez años atrás este porcentaje no llegaba al 35% (datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social)5. Por otro lado, el gasto total dedicado a la remuneración del personal sanitario “creció” 0,2 puntos porcentuales entre 2009 y 2017, y en los años que siguieron a la gran recesión (2009 y 2014) la retribución sufrió una caída espectacular de 3.477 millones de euros (11%)6.
La masificación, los recortes, las privatizaciones han creado un nicho de negocio espectacular para la sanidad privada. En 2019 solo el sector hospitalario privado facturó cerca de 7.000 millones de euros, un 4% más que el año anterior. La facturación de las clínicas privadas aumentó también un 4,2% en 2019, situándose en 6.950 millones de euros, impulsada por la demanda de seguros de salud. También los laboratorios de análisis clínicos se han convertido en una fuente de beneficios extraordinarios, gracias a los concursos del Ministerio de Sanidad: ingresaron cerca de 3.000 millones de euros en 2019, un 2,1% más respecto a 2018. A esto podemos añadir la facturación del sector de transporte sanitario privado que generó en 2019 un negocio de 1.435 millones de euros, otro 2,5% más que el año anterior7. Todo esto sin contar la factura fabulosa que ingresan las multinacionales farmacéuticas y médicas: el gasto público en medicamentos y productos sanitarios alcanzó en 2019 los 23.615 millones de euros, un incremento del 4,5% respecto a 2018 (datos del Ministerio de Hacienda y de Sanidad)8.
¿Por qué el Gobierno de coalición no ha hecho nada por revertir esta situación? La nacionalización de la sanidad privada, de todos los sectores que están privatizados, hubiera significado un paso adelante decisivo para reforzar el sistema de salud público. ¿Alguien se puede extrañar de que las llamadas a los centros de atención primaria se hayan multiplicado en Madrid un 400%, que las UCI hospitalarias estén a rebosar, las plantillas agotadas y sin poder dar abasto?
No es ningún consuelo culpar a la derecha de lo que ocurre. Este Gobierno, en lugar de escuchar a su base social, se pliega a la lógica del sistema y cede a los intereses de los grandes poderes que aplauden su gestión y sus llamamientos a la Unidad Nacional.
Solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas
El ministro Salvador Illa nos ha advertido que se aproximan semanas muy duras. Recuerda a las palabras de Pedro Sánchez en su comparecencia días antes del confinamiento de marzo. Pero Illa no dice toda la verdad. Los días duros están siendo todos, basta preguntar a los familiares de los más de 40.000 fallecidos por la Covid, a los hijos y nietos de las decenas de miles de abuelas y abuelos que murieron solos, abandonados y desprotegidos en las residencias de mayores privatizadas, y que este Gobierno “progresista” sigue sin intervenir y nacionalizar. Ponerse en la situación de los millones de desempleados, de las decenas de miles de familias que hacen las colas del hambre en los barrios obreros, de la juventud que padece la incompetencia más asombrosa del Ministerio de Educación y el de Universidades, que se niegan a ningún aumento del presupuesto, a la contratación de los miles de profesores necesarios, a la rebaja de las ratios para una vuelta a las aulas con seguridad.
Durante meses la coalición PSOE-UP se ha beneficiado de la furia de la derecha y la ultraderecha. Millones de trabajadores ven con espanto, y con razón, que estos energúmenos puedan llegar otra vez a La Moncloa y no quieren que este Gobierno caiga. Muchos piensan también que lo mejor es que Unidas Podemos siga en el mismo, atendiendo a los argumentos de Pablo Iglesias: “con nosotros el PSOE puede girar la izquierda”. Pero todos estos razonamientos basados en el “mal menor” son un callejón sin salida.
Renunciando a defender y dar la batalla por nacionalizar los sectores estratégicos de la economía (la banca, los monopolios de la energía, el transporte, la construcción, los seguros…), aceptando la política de unidad nacional con los oligarcas y los grandes capitalistas, “todos remando en la misma dirección”, cediendo en las cuestiones de fondo a las exigencias de Ana Patricia Botín, Amancio Ortega o Florentino Pérez… no parece que se esté logrando que el PSOE gire hacia la izquierda sino exactamente al revés, que el giro a la derecha de Pedro Sánchez arrastre también a Unidas Podemos. Y, además, con estas muestras de debilidad para asegurar la paz social solo se consigue envalentonar a nuestros enemigos de clase, sin dar ninguna solución a los problemas inaplazables de millones.
Esta política errónea, profundamente equivocada, se ha puesto de manifiesto en Madrid. Mientras nuestros barrios son objeto de restricciones clasistas, y la policía se emplea a fondo reprimiendo a la juventud obrera de Vallecas, Sánchez concede un balón de oxígeno a la presidenta Ayuso que esta utiliza para redoblar sus ataques. En lugar de intervenir el sistema sanitario de Madrid y realizar una inversión masiva de recursos humanos y materiales, en lugar de decretar un confinamiento general prohibiendo los despidos, garantizando los salarios y la conciliación familiar retribuida, el Gobierno de coalición amenaza con un posible estado de alarma pero sin cambiar las políticas de fondo que nos han llevado al desastre.
Las semanas y meses que nos aguardan serán aún peores, en eso coincidimos con el ministro Illa, quien debería reflexionar sobre por qué será así. Y lo que se desprende de esta previsión no deja tampoco lugar a dudas: solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad de movilización y organización, como han demostrado los barrios obreros de Madrid en esta última semana, levantándose, enfrentando la represión y provocando el pánico no solo en la derecha, también en la burocracia sindical y política de una izquierda acomodada y respetuosa con el sistema.
Basta de considerar legítimas las mentiras y simulaciones de la “alta política” burguesa. Para defender y proteger nuestras vidas, nuestra sanidad y nuestra educación, para combatir la voracidad de la patronal y la represión del Estado, solo hay un camino: construir una alternativa revolucionaria que asimile profundamente las lecciones que encierra la experiencia por la que estamos atravesando, capaz de ligarse a los trabajadores, a la juventud, a su sufrimiento, a sus luchas y aspiraciones.
1. Datos de la universidad estadounidense John Hopkins.
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