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En la foto de portada Manuel Cañaveras, Vladimiro Fernández, Manuel Blanco y Pablo Mayoral ante la tumba de Ramón García Sanz en Hoyo de Manzanares, noviembre de 1977, tras su salida de la cárcel por la amnistía de octubre del mismo año.

Hoy la pregunta es saber quién disparó sobre Baena, Sánchez-Bravo y los demás, saber quiénes los mataron, establecer la línea de mando y evidencia, desde los miembros de los tribunales militares, los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar que dieron el visto bueno a las condenas

“Fueron víctimas de un simulacro de justicia. Hay pruebas que se obtuvieron mediante torturas, en otros casos las pruebas se manipularon… Había una condena de antemano…” Carlos Fonseca en El Faro de Vigo 9 de septiembre de 2015, entrevista con Ana Fuentes.

En referencia al 27 de septiembre de 1975, escribió Fernando Jaúregui en El País, justo en el décimo aniversario del día de los asesinatos por fusilamiento: “Ese mismo día comenzó la desaparición del franquismo”

Situémonos en 1975, último año de vida del dictador Francisco Franco, el Generalísimo, como se le denominó oficialmente en términos militares. Dictadura, Estado Terrorista militarizado que ensangrentó España: primero, por el golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936; segundo, por la guerra subsiguiente con la ayuda de Hitler y Mussolini; tercero, por la continuación de la guerra mediante una Dictadura.

Año 1975: crisis política agravada por el tiranicidio de Carrero Blanco; crisis económica que da al traste con el llamado periodo de desarrollismo de los años sesenta; incremento de la represión e incrementó de las luchas obreras, estudiantiles, vecinales y populares en general.

El ejército con sus consejos de guerra y el Tribunal de Orden Público (TOP) pautan y dictan las condenas. Los consejos de guerra que se iniciaron en el mismo julio del 36, no han cesado en ningún momento. En 1973, consejos de guerra de carácter político en Zaragoza, en CIR de San Gregorio (provincia de Zaragoza); en 1974, consejos de guerra en Barcelona y Tarragona. En el en el celebrado el 8 de enero, se condena a muerte a Salvador Puig Antich que será asesinado el 2 de marzo mediante garrote vil. De la misma forma y el mismo día se acabó con la vida de Georg Michael Melzel.

1975 fue un año sangriento. Las fuerzas represivas, Brigada Político Social (hoy Brigada de Información), la Policía Armada (hoy Policía Nacional) y la Guardia Civil (hoy Guardia Civil) asesinaron en diversas formas y circunstancias a 34 personas, incluidas las cinco que fueron fusiladas el 27 de septiembre; casi 3 por mes. Esa era la tónica, esa era la Dictadura. Jamás se dio un solo caso de uno, uno solo, de los miembros de los cuerpos citados desobedeciese o se opusiese a estos métodos de tortura, apaleamientos y disparos al bulto o directamente a matar que conformaban los modos y maneras habituales de actuar de los cuerpos citados.

En 1975 se vivió además un Estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya, el sexto que se declaraba desde 1967. A modo de ejemplo respecto al número de detenciones, señalemos, tomado de la prensa de la época, que en Bilbao tuvieron que llevar a la plaza de toros a 120 detenidos que ya no cabían en las comisarías de la ciudad. Desde mediados de marzo hasta principios de mayo, es decir, antes de que se iniciase el citado estado de excepción de junio a septiembre, se detuvieron en España 700 personas relacionadas con actividades anti-dictatoriales. De octubre 74 a mayo del 75 se secuestraron 80 publicaciones legales, desviadas en alguna línea o expresión del dictado oficial.

Consejos de guerra y fusilamientos

En esta situación de represión y crimen de Estado se dieron algunas respuestas que abatieron a algunos miembros de las fuerzas represivas. La respuesta fue nuevas detenciones, torturas, regímenes de aislamiento durante semanas sin derecho a abogados, interrogatorios nocturnos incluso en la cárcel de Carabanchel, torturas y manipulación de declaraciones. Las consecuencias, cuatro consejos de guerra: en Barcelona contra Jon Paredes Manot, “Txiki”; en Burgos, contra Ángel Otaegi y José Antonio Garmendia, los tres de ETA político-militar; y dos en Madrid, el 245/75 contra Vladimiro Fernández Tovar, Manuel Blanco Chivite, Xosé Humberto Baena Alonso, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco; y el sumarísimo 1/75 contra José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, María Jesús Dasca, Concha Tristán, Manuel Cañaveras y José Fonfría. En este último caso, se aplicó de manera retroactiva un decreto “antiterrorista” del 16 de agosto de 1975.

Las fiscalías militares pidieron en total 13 penas de muerte; se dictaron 11, entre ellas las de las dos mujeres, (por cierto, las Naciones Unidas habían declarado 1975 como Año Internacional de la Mujer y la dictadura supo celebrarlo), y se ejecutaron cinco, las de Jon Paredes, Ángel Otaegi, Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz.

Sobre los consejos de guerra, vale la pena volver a recordar brevemente las condiciones en que se dieron. Ante todo, la celeridad extrema que llevó incluso a saltarse sus propias formalidades; se trataba de que las defensas no tuvieran tiempo absolutamente de nada y, en el caso, del sumarísimo la propia ley marcaba veinticuatro horas para tal preparación.

Los consejos de guerra de Madrid se celebraron en El Goloso, acuartelamiento de la División Acorazada Brunete (DAC), al mando del general golpista Milans del Bosch.

En ninguno de los dos se pudo presentar ni una sola prueba ya que previamente todas las solicitadas por las defensas fueron rechazadas en bloque y en veinte minutos por el coronel instructor Mariano Martín Benavides. En el plenario del 245/75, la fiscalía militar ni siquiera pudo presentar la supuesta arma que supuestamente, se había intervenido a Xosé Humberto Baena en el momento de la detención; tampoco hubo prueba balística, ni forense, ni dactiloscópica, ni testifical… Respecto a testigos, la BPS afirmó que había tres testigos, testigos para la fiscalía, que afirmaban haber visto el atentado. Los abogados pidieron al fiscal que, dado que se habían rechazado todos los testigos de las defensas, estaban interesados en interrogar a los de la fiscalía. Se trataba de tres mujeres, pero el tipo dijo que no. Es decir, que sabía bien que una de esas mujeres se había presentado dos veces en comisaría, tras la publicación en la prensa de las fotografías de los acusados, para señalar que no reconocía a Baena ni a ninguno de los otros. Pues bien, en tales condiciones se dictaron tres penas de muerte con la alegación del fiscal militar de que deberían de ser cinco. Los condenados fueron: Baena, Blanco y Fernández Tovar. Fue fusilado Xosé Humberto Baena

Las condiciones del sumarísimo 1/765 fueron aún peores ya que, ante las primeras alegaciones de los abogados, todos ellos comprendidos los suplentes, fueron expulsados de la sala a punta de pistola y sustituidos por otra tanda de militares, ignorante por completo del sumario y sin haber visto nunca a los acusados. ¿Increíble? En absoluto, eso era precisamente la dictadura y por eso se luchaba contra ella. Eso era precisamente la explicación última de la lucha antifascista. Fueron condenados a muerte: José Luis Sánchez-Bravo, Ramon García Sanz, Concha Tristán, María Jesús Dasca y Manuel Cañaveras y fueron fusilados los dos primeros.

Las ejecuciones de Baena, Sánchez-Bravo y García Sanz tuvieron lugar la mañana del 27 de septiembre en Hoyo de Manzanares; el mismo día, la de Otaegi se produjo en Burgos y la de Jon Paredes en Barcelona.

Al resto de condenados a muerte, se les conmuto la pena de muerte por la de treinta años de reclusión y salieron en libertad tras la amnistía de octubre de 1977 en cuya aplicación específica, los propios militares reconocieron el carácter político de las condenas

El mismo grupo de acusados del primer consejo de guerra de El Goloso, tenía también sobre sus espaldas un segundo, el 254 / 75 con motivo de otro atentado en el que resultó herido otro miembro de las fuerzas represivas. La respuesta nacional e internacional a los fusilamientos, aquellas movilizaciones en todo el mundo que pusieron en trance de aislamiento político y diplomático a la dictadura, así como la propia enfermedad y muerte del dictador dejó aquella nueva farsa, en la que quizás tenían previsto fusilar a alguno de los conmutados en la primera, en el cajón del olvido.

Recuerdo y homenaje a las defensas

Recuerdo y homenaje hoy a los abogados y a las abogadas que, con valentía y enfrentando advertencias, problemas y amenazas de todo tipo provenientes de diferentes instancias parapoliciales o de organizaciones en desacuerdo con las posiciones políticas de los acusados, supieron y quisieron pelear por las vidas de todos los procesados ante tan descomunal montaje: Javier Baselga (defensor de Baena); Miguel Castells (defensor de Vladimiro Fernández), Eduardo Carvajal (defensor de Manuel Blanco), Benítez de Lugo (defensor de Pablo Mayoral),

En el consejo sumarísimo 1/75 que apenas duró dos horas: Juan José Aguirre y Gerardo Viada abogados de Ramón Gracia Sanz. Concha de la Peña y Fernando Salas, de José Luis Sánchez Bravo. Pilar Fernández y Juan José Listerri, de Manuel Cañaveras. Ventura Pérez Mariño y Francisca Sauquillo, de Concha Tristán. Juan Lozano Villaplana y Miguel Satrústegui, de María Jesús Dasca.

Pues señor, eso era el régimen de Franco, el régimen de quienes le pagaron y se beneficiaron, el régimen que se vivió en España durante 40 años.

Consejos de guerra que demostraron la no culpabilidad de los condenados

En medios policiales, parapoliciales, de apoyo social interesado al régimen franquista y hasta, más recientemente, de algunos periodistas de simulada “equidistancia” se plantean de manera abierta o sinuosa, tras denigrar de oficio igualmente “equidistante” a la resistencia antifascista,

que las declaraciones conseguidas mediante torturas y manipulación podrían reflejar la verdad pese a la no presentación de pruebas en los plenarios, ante cada tribunal militar correspondiente. No lo discutamos, sencillamente, hagámonos una simple pregunta: si eso hubiera sido así ¿por qué no demostraron la veracidad de los apuntamientos basados en los informes de la Brigada Político Social, mediante la exposición y presentación de las pruebas de cargo materiales y testificales correspondientes? Tenían los medios para hacerlo. Pudieron haberse negado, como lo hicieron, a admitir todas las pruebas y testimonios solicitados por las defensas, así actuaba siempre la dictadura, pero el caso es que se negaron a presentar sus propias pruebas, es decir, sus supuestas pruebas. ¿Por qué? Porque no existían. De ahí que los mismos consejos de guerra, pese a las condenas, fueron y siguen siendo, la primera prueba evidente de la no culpabilidad, es decir, la inocencia de todos y cada uno de los procesados, no solo de uno u otro, de todos.

Una inocencia que tanto los sobrevivientes, como todo antifascista, como todo militante por la libertad y la democracia, como todo activista social, como todos los observadores internacionales que, mal que bien, pudieron asistir a las farsas militares, como cualquier profesional del Derecho que ya bajo la monarquía se ha manifestado al respecto, lo tiene clarísimo, por no hablar, desde luego, de las familias y amigos de los condenados.

Algo que ha quedado claro, documentado y relatado insistentemente durante los 50 años que han pasado desde entonces. Libros, reportajes, testimonios, documentales cinematográficos, archivos orales de universidades o de otras instituciones públicas, y un largo etcétera está ahí. Desde el magnífico “Septiembre, 1975” de Adolfo Dufour filmado en 2008 y premiado en la SEMINCI de Valladolid en 2009, hasta textos de antes y después y la reciente “27 de septiembre de 1975: la generosidad de la resistencia” obra colectiva de la Plataforma abierta Al Alba en la que han participado más de treinta personas.

Cartel homenaje a los fusilados en Vigo con motivo del 40 aniversario de los fusilamientos, año 2015. 

Reconocimiento y reparación

Para terminar estas notas al vuelo y para el recuerdo, algunas buenas noticias. Como ya se sabe, el gobierno vasco reconoció en 2012 a Jon Paredes Manot y a Ángel Otaegi como víctimas de la violencia de la dictadura y sus figuras fueron rehabilitadas.

Al parecer, por entonces el gobierno español no fue de la misma opinión y los tres fusilados en Hoy de Manzanares siguieron en esa inmensa fosa de los asesinados y olvidados que la monarquía ha mantenido y todavía mantiene.

Afortunadamente, en los últimos decenios, el movimiento por la Memoria Histórica y los Homenajes a los luchadores por la libertad vienen proliferando por toda la geografía estatal. Por no hablar de la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo que, con la jueza María Servini ha dado algunos dolores de cabeza a determinados asesinos y torturadores

españoles al servicio de la Dictadura y de una Transición que, al fin, ya empieza a llamarse por su nombre (Transición Sangrienta). A todo ello, cabe añadir de manera relevante, la actividad sacrificada, incansable, permanente de las familias de los fusilados aquel 27 de septiembre de 1975. Y en particular nos referimos hoy a Victoria Sánchez-Bravo, hermana de José Luis que, tras mucho ir y venir, mucho protestar, mucho escribir a diferente autoridades de los diferentes gobiernos de la monarquía y reunir la documentación solicitada, consiguió en octubre de 2024, el reconocimiento y la reparación en base a la última ley de Memoria Democrática

El título del documento es: "Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal expedida por el Gobierno de España y, en su nombre, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática”.

Y queda claramente expresado que “Don José Luis Sánchez-Bravo Solla padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Dictadura franquista…”.

Posteriormente, Victoria Sánchez-Bravo y las hermanas de Puig Antich, que también recibieron el documento de reconocimiento y reparación para su hermano Salvador. fueron invitadas por la Presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol “al homenaje a las víctimas del Golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura que tendrá lugar el lunes 16 de diciembre de 2024 en la Sala de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados.” Asistieron, en una sala repleta, además de familiares de Sánchez-Bravo y Salvador Puig Antich, el historiador Ian Gibson, la historiadora y antropóloga Lourdes Herrasti, el arqueólogo Francisco Carrión, el forense Paco Etxebarría,…

El documento citado expresa entre otras cosas: “Se declara ilegal e ilegítimo el tribunal que juzgó a Don José Lui Sánchez-Bravo Solla, así como los jurados y cualesquiera otros órganos penales… a partir del Golpe de estado de 1936…”

Va firmado por el ministro Ángel Víctor Torres Pérez, en Madrid a 3 de octubre de 2024.

Documento semejante y en iguales términos y con la misma firma fue expedido el 16 de julio de 2025, a nombre de José Humberto Francisco Baena Alonso. Los esfuerzos primero de su padre, después de su madre Estrella Alonso que, asistida por la abogada Doris Benegas, llegó hasta el Tribunal Constitucional español cuyos componentes dieron por buenas las medidas jurídicas de la Dictadura. Posteriormente, ya fallecida Estrella, Doris viajó en 2012 a Buenos Aires para poner el caso en el bloque de la Querella Argentina de María Servini contra los crímenes franquistas. En los últimos años la lucha ha seguido de la mano de Flor Baena, una lucha que, al fin, ha dado sus frutos.

En resumen, se ha impuesto la verdad, es decir, la inocencia y la farsa militar a la que fueron sometidos todos los condenados en los consejos de guerra del verano de 1975.

Ahora solo falta ese objetivo de todo el movimiento memorialista: acabar con la impunidad de los asesinos.

No se trata de decir, como algunos han “descubierto” tras medio siglo que, por ejemplo, “Baena no disparó” ni de investigar, retomando la labor de la Brigada Político Social (BPS), que ya algunos han hecho suya con aspiraciones de best seller, sobre ¿quién disparó sobre el miembro de las fuerzas represivas de la Dictadura?

Contra la impunidad de los servidores de la Dictadura

Hoy la pregunta es saber quién disparó sobre Baena, Sánchez-Bravo y los demás, saber quiénes los mataron, establecer la línea de mando y evidencia, desde los miembros de los tribunales militares, los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar que dieron el visto bueno a las condenas, los miembros del gobierno de Franco que dieron el “enterado” a los asesinatos, los que prepararon y colaboraron en las ejecuciones hasta quienes mandaron, sargentos y tenientes, según el diario ABC, y quienes se ofrecieron voluntariamente, con risas posteriores según testigos, a apretar el gatillo. Quizás, es probable, que entre esos gatilleros se encontrasen uniformados que ya habrían disparado y hasta matado antes a algún manifestante o huelguista. Era su oficio.

Falta, por ejemplo, aclarar la reunión del tribunal militar tras el plenario del primer consejo de guerra de El Goloso, según el mismo ABC (edición del 13 de septiembre de 1975) “en sesión secreta para deliberar y dictar sentencia” tras “despejar la sala”. “Este acto- informa el periódico- duró diecinueve minutos”. En ese tiempo se dictaron tres condenas a muerte que, según el fiscal, deberían haber sido cinco. En el sumarísimo 1/75 se repitió el procedimiento con aun mayor celeridad. ¿Qué órdenes y “recomendaciones” tenían esos individuos y de quiénes las recibieron?

Todavía, por tanto, queda tarea. Tarea importante porque incumbe a la impunidad. Y la impunidad de los asesinos de una dictadura son el primer e importante paso para que, en cualquier coyuntura parecida o adaptada a los tiempos, esa dictadura vuelva.