El Tribunal Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel por organización criminal, tres delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Su mano derecha, Koldo García, también ha recibido un varapalo con otros 19 años y ocho meses de prisión, pero el otro encausado, Víctor de Aldama, se va completamente de rositas: queda en libertad y mantendrá a buen recaudo los 3,5 millones de euros que obtuvo de comisión por la venta de mascarillas gracias a su “colaboración activa” con la fiscalía.
En este penúltimo capítulo de “quien pueda qué haga”, el partido fascista de las togas vuelve a impartir su particular visión de la justicia y ratifica que va con todo para derribar al Gobierno. Una sentencia así, tan celebrada por la prensa reaccionaria y por muchos medios “progres”, sería inimaginable si los afectados fueran los ministros y altos cargos del PP procesados en decenas de juicios por tramas de corrupción, mucho peores, y que colman la historia política de las últimas cuatro décadas.
Personajes como Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo entre 2002 y 2004, Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente de 2000 a 2003, o Rodrigo Rato ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo entre 1996 y 2004, todos en Gobiernos presididos por Aznar, han estado involucrados en casos judiciales en los que quedó acreditado que se habían apropiado de cientos de millones de euros. Sus procesos judiciales estuvieron abiertos años y años, tal es así que algunas causas todavía permanecen sin resolver, y gracias a las sentencias de culpabilidad ridículas que han recibido, ninguno ha sido condenado a más de diez años en total, consiguiendo el tercer grado a los pocos meses de entrar en prisión.
El caso de Francisco Correa, cabecilla de la Trama Gürtel y actualmente en régimen de semilibertad, es significativo: la Audiencia Nacional le acaba de autorizar que coordine la venta de sus 44 propiedades embargadas en Cádiz, Ibiza o Madrid. De traca.
Pero así es el régimen del 78. Incluso otros dirigentes socialistas que fueron juzgados por la creación de una banda de terrorismo de Estado, los GAL, con un saldo de 28 asesinados, obtuvieron sentencias ridículas: José Barrionuevo, ministro de Interior, y Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad fueron condenados por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación respectivamente. El 10 de septiembre de 1998 los acompañó hasta la puerta del centro penitenciario de Guadalajara el presidente del Gobierno español, Felipe González, también conocido como señor X, que no dudo en homenajearles como “servidores de la democracia”. En diciembre de ese mismo año, el Gobierno del PP presidido José María Aznar concedió a Barrionuevo y Vera un indulto parcial, gracias al cual quedaron en libertad. Conviene no olvidar estas cosas cuando hablamos de “justicia”.
Maniobras extraparlamentarias para derribar a Sánchez
Lo que aquí se ventila, como todo el mundo con dos dedos de frente sabe, no es un castigo judicial a la corrupción sino la oportunidad de seguir golpeando a Pedro Sánchez, y aprovechar la degeneración política y moral de dirigentes que han jugado un papel clave en el aparato del PSOE para llevar en volandas a Feijóo y Abascal al Gobierno. Este es el trasfondo del asunto.
Y, ciertamente, que estos dos elementos que tanto poder han tenido en el PSOE, y otros como ellos, en lo peor de la pandemia del Covid-19, aprovecharan su posición privilegiada para lucrarse gracias a sus vínculos con empresarios corruptos que se movían cómodamente en las cloacas del Estado, está fuera de duda.
Ábalos y Koldo, y todos los que han colaborado y protegido su actuación, se lo han dejado en bandeja a la reacción. Y así, desde la cúpula del poder judicial, en este caso del Tribunal Supremo, no se han molestado en intentar disimular sus actos ni intenciones, y han aprovechado la oportunidad a fondo.
El reguero de actuaciones judiciales para desgastar al Gobierno y amplificar hasta la extenuación la campaña de acoso, no se va a detener. Que se llegara a la escandalosa condena por el Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que este se comiera dos años de inhabilitación especial para el cargo, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, el novio corrupto de Isabel Díaz Ayuso, lo dice todo. Lo mismo que el procesamiento de Begoña Gómez por el juez Peinado, un montaje falaz fabricado con argumentos de barra de bar, pero que es completamente instrumental a esta campaña de derribo.
La justicia, ese concepto abstracto, se llena de contenido de clase ante estas sentencias y procesamientos. Que un rapero antifascista como Pablo Hasél lleve ya cinco años entre rejas por cantar las verdades del rey emérito, de su puterío y ladrocinio, a todos los apologistas del régimen, incluyendo a los líderes del PSOE, les parece lo más normal del mundo. Pero en cambio, montan un escándalo por que Victor de Aldama, un comisionista profesional, corrupto, agente de las cloacas, y con el que han colaborado en numerosas ocasiones, sea condenado a una ridícula pena de cuatro años y medio, que ni siquiera cumplirá porque el Supremo ha premiado su “colaboración” con la justicia. ¿No dicen siempre los políticos socialdemócratas que hay que dejar a los tribunales trabajar? Pues nada. Han trabajado y de lo lindo.
Y lo han hecho como esta casta con toga sabe hacerlo, a conciencia, camuflando la verdad en aras de un fin político fundamental. Muchas informaciones periodísticas y el propio sumario han negado la mayor: la supuesta colaboración con la justicia de este comisionista corrupto se produjo a posteriori. El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica de la UCO, lo reconoció durante el juicio: los investigadores del caso ya conocían la mayor parte de las pruebas contra Koldo, Ábalos y el propio Aldama, ya los tenían “pillados”. Este confesó, sin aportar ninguna prueba nueva relevante, para salir de prisión y cuando ya no tenía escapatoria.
Aldama, que está siendo investigado por participar en un fraude fiscal masivo de compraventa de combustibles por valor de 182,5 millones de euros, fascista declarado cuyo guardaespaldas es Daniel Esteve de Desokupa, es presentado como un hombre recto, valiente y honorable. Claro, y ha sido recompensado por el Supremo por testificar contra el Gobierno, tribunal que de paso lanza un mensaje a otros implicados en las distintas causas abiertas contra miembros del PSOE y su entorno, para que hagan lo mismo y se beneficien de ello. El propio Aldama insistía en este punto en la gira que hizo por diferentes platós de televisión: "Espero que los que vienen detrás colaboren (…) la colaboración en este país sirve". A él desde luego que le ha servido.
La doble vara de medir es tan obscena, que retrata a una judicatura heredada del franquismo y cuyos tribunales rezuman fascismo por los cuatro costados. Un aparato judicial, policial y militar que lleva en su ADN con orgullo su vena reaccionaria y ultraderechista, y que jamás ha sido incomodado por ningún Gobierno. Sin depuración, este aparato del Estado está reluciente, como un sable para cortar por la sano cuando a la clase dominante le parezca necesario.
En definitiva, este doble rasero deja claramente al descubierto que la severidad de la sentencia impuesta a José Luis Ábalos y Koldo García no tiene nada que ver con hacer justicia. Los magistrados de las más altas instancias del poder judicial han sumado este caso a la munición de grueso calibre que utilizan desde hace años para hacer caer al Ejecutivo.
¿Cómo responde el Gobierno?
El problema añadido que tienen Pedro Sánchez y el PSOE, y agrava la situación, es que mucha de esta munición ha sido suministrada a la reacción por la propia política de la dirección socialista, y por no haber puesto punto y final a los turbios negocios y actividades a las que se dedican significativos responsables del partido. Lo ocurrido con el procesamiento de José Luís Rodríguez Zapatero forma parte de esta dinámica: ¿O acaso los jugosos emolumentos que recibe Zapatero, y las fortunas que ha amasado Felipe González, no reflejan un enfoque de la política que no tiene nada que ver son el socialismo y la clase obrera? Lugartenientes del capital para engañar a los trabajadores, como dijo Lenin.
El Gobierno y su presidente se encuentran en una posición cada día más debilitada, y la línea de defensa adoptada por Pedro Sánchez insistiendo en la idea de que “los casos de corrupción que están localizados, no extendidos, y casi todos giran alrededor de un grupo de personas ya expulsadas del PSOE. José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Leire Díez”[1], no evitan una pérdida de credibilidad aguda.
La cuestión clave sigue sin despejarse: ¿Cómo es posible que elementos como Ábalos, Koldo o Cerdán lleguen a ocupar cargos de la máxima responsabilidad en el partido y el Gobierno? La respuesta a esta pregunta la señalábamos en una declaración anterior: “Cuando un partido supuestamente ‘socialista’ y ‘obrero’ decide que su tarea histórica es ayudar a estabilizar el sistema y mejorar los beneficios empresariales, es inevitable que sus dirigentes a todos los niveles acaben entrampados en el pantano de la corrupción sistémica que es, y ha sido siempre, el capitalismo”[2].
El pasado 25 de mayo ante la imputación a Zapatero, escribíamos lo siguiente: “La justicia capitalista y reaccionaria sabe perfectamente a quien pone en la diana. Pero la cuestión a dilucidar aquí no solo es el papel de una magistratura podrida y carente de ningún sentido de la justicia, que no sea defender a los ricos y machacar a los pobres y quienes ponen en cuestión el sistema. Lo que hay que señalar es que esta impunidad con la que actúan se la han otorgado todos los Gobiernos del régimen del 78, incluidos por supuesto los liderados por el PSOE.”[3]
Además de insistir en que son casos de corrupción aislados, localizados y extirpados, Pedro Sánchez propone que, para contrarrestar la ofensiva de la reacción, solo hay que hablar de crecimiento de la economía española y los supuestos logros sociales del Gobierno.
El problema de esa línea argumental, como hemos explicado en numerosas ocasiones, es que el supuesto milagro económico solo lo es para los empresarios, los banqueros, los caseros rentistas… mientras que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, por no hablar de millones de jóvenes, lo que hay es un deterioro catastrófico de los servicios públicos, la negación de un derecho fundamental como es la vivienda, y un retroceso constante de nuestras condiciones de vida.
Lamentablemente este Gobierno, más allá de los gestos propagandísticos y los brindis al sol, no está defendiendo los intereses de su base electoral. Al contrario. Su política social es un paraguas lleno de agujeros, los recortes en educación y sanidad siguen aumentando, la represión policial se recrudece, las leyes que la amparan siguen si derogarse, y la perspectiva de mejora para millones de familias obreras no llega mientras los sectores que nunca votarán a la izquierda son, precisamente, los que están llenándose los bolsillos. Esta es la cruda realidad.
A la reacción no se la combate con discursos parlamentarios, por hábiles y beligerantes que sean, sino ensanchando los derechos de la clase obrera y la juventud y enfrentando a los grandes poderes económicos y fácticos. No hay otra forma.
Hay que abrir los ojos. El camino para derrotar a la reacción lo están abriendo los docentes de Catalunya y el País Valencià, las trabajadoras de las escuelas infantiles del 0-3, los obreros del metal de A Coruña… que nos enseñan una gran verdad: solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas, y estas se encuentran en esa clase obrera y esa juventud que llenan las calles en todo el Estado en defensa de la educación y la sanidad públicas, por convenios dignos y subidas salariales que realmente mejoren el poder adquisitivo de los trabajadores, por el derecho a una vivienda pública universal...
La lucha contra la extrema derecha y la reacción pone en cuestión las políticas capitalistas de este Gobierno. No es con apelaciones a la “democracia” como combatiremos a esta peste parda, sino con políticas revolucionarias, con organización y con conciencia, explicando sin ambigüedades que para acabar con la barbarie hay que levantar una alternativa socialista. Sí, socialismo, esa es la palabra clave, socialismo y organización revolucionaria para encarar una lucha de clases que se presenta cada día más dura y desafiante.
[1] Sánchez, en el Congreso: “Tratan de crear una sensación de corrupción generalizada que no existe”
[2] La imputación de Zapatero, un obús contra el Gobierno de Sánchez. La derecha se prepara para el asalto decisivo
[3] La imputación de Zapatero, un obús contra el Gobierno de Sánchez. La derecha se prepara para el asalto decisivo
