El gobierno del Partido Popular también se ha querido sumar a la celebración de los 50 años de la huelgona de 1962, evidentemente a su manera, atacando a los mineros. Durante la reunión de la Comisión del Seguimiento del Plan del Carbón, el pasado 17 de mayo, el gobierno mantuvo los recortes anunciados en los Presupuestos Generales del Estado para el sector minero, lo que supondría en la práctica el cierre de la minería en el Estado español y la muerte definitiva de las comarcas mineras.

Recortes salvajes

La disminución en las partidas es del 64%; de 703 millones de euros pactados en 2011 pasan a 253 millones. Por segmentos, la reducción es del 63,2% para ayuda a las explotaciones (de 301 a 101 millones), que se destinan a la producción y a las prejubilaciones; del casi 40% para infraestructuras (de 167 a 102); del 76,6% para proyectos empresariales (de 167 a 39); del 99,6% para formación y becas (de 56 a 2) y del 100% en seguridad minera (de 12 a 0). Además, la consignación para el Instituto del Carbón sufre una bajada del 39,1%, de 1.078 a 656 millones.
Estos recortes afectarían, según datos de 2010 del Plan Estadístico Nacional de Minería, a cerca de 40.000 puestos de trabajo que genera el sector.
Ante tamaño ataque las federaciones de CCOO y UGT han respondido con la convocatoria de cuatro días de huelga: 23, 24 y 30, 31 de mayo. Este último día el objetivo es realizar una concentración conjunta en Madrid. En los dos primeros días de huelga el seguimiento ha sido del 100% tanto en la minería pública como en la privada, además está siendo acompañado el paro con encierros en pozos.

A grandes males, grandes remedios

Los empleos en la minería tienen todo el futuro que los mineros consigan con su lucha.
Hay que rechazar las políticas de la UE de desmantelamiento de los sectores públicos y estratégicos. La solución no pasa por negociar prórrogas a las subvenciones (en 2018 expiraba la última). La clase obrera y sus organizaciones no pueden aceptar estas directivas como algo infalible e inevitable, cuando lo único que buscan es el enriquecimiento de un puñado de capitalistas y condenan al paro a millones de trabajadores.
Por otro lado, en qué benefician al sector minero empresarios como Vitorino Alonso, presidente de la patronal del Carbón y dueño de la minería privada asturleonesa, en cuyas primeras declaraciones al enterarse de la retirada de las subvenciones, amenazaba con rebajar en un 70% las nóminas de los mineros. Este gran emprendedor que se dedica a comprar minas para cerrarlas, a mantener sus explotaciones sin condiciones de seguridad, a amenazar a sus trabajadores con el despido a la más mínima reivindicación sindical. En definitiva, a engordar a costa de las subvenciones estatales y de pagar salarios de miseria. A este tipo de parásitos hay que expropiarlos y nacionalizar sus pozos, integrándolos en una gran empresa minera estatal que garantice la continuidad de este sector estratégico y de todos los empleos.
En las cuencas asturianas ya son muchos años esperando esa reconversión industrial que los Fondos Mineros iban a traer. A día de hoy el resultado es patético: polígonos industriales vacíos, empresarios que se han escapado al cabo de unos años con las suculentas ayudas dejando a los trabajadores en la calle y un paro juvenil entre los mayores del Estado español.
Los trabajadores de las cuencas no son culpables de la ineptitud de sus gobernantes a la hora de transformar las ayudas europeas en nuevos sectores productivos. Una vez más se han dejado las iniciativas en manos privadas y éstas han saqueado los fondos. Por eso, ante la falta de alternativas hay que exigir el mantenimiento de todos los empleos en los pozos sin fecha límite.
El recurrente cuento chino de la competitividad y la rentabilidad ya no se lo cree nadie. No hay dinero para mantener los empleos en la minería, en la educación, en la sanidad; pero sí hay 20.000 millones para Bankia. Para que los mismos que han creado la burbuja inmobiliaria se vayan a sus casas con millones de euros. ¿Es esto rentable para la sociedad?
Por eso las reivindicaciones de la nacionalización y la renacionalización de los sectores estratégicos y básicos de la economía (minería, siderurgia, eléctricas, banca) deben de ser prioritarias para las organizaciones de la izquierda y para nuestros sindicatos de clase. Y los obreros debemos de controlar su gestión para asegurarnos que la riqueza que producimos repercuta en nuestro bienestar y no en el de una minoría.
Compañeros mineros, detrás de vuestra lucha millones de puños gritan.
¡Viva la lucha de los mineros!


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