A más de 100 horas del desastre sísmico en Venezuela, el Gobierno de Delcy Rodríguez informa de 1.450 personas fallecidas, más de 3.200 heridos y 12.721 personas damnificadas. Aunque fuentes alternativas estiman más de 70.000 familias afectadas y aproximadamente 14 mil personas han sido rescatadas. Estas cifras, trágicamente, presagian un número de víctimas muy superior.
Las políticas capitalistas aplicadas durante los últimos 13 años por el Gobierno de Delcy Rodríguez, y anteriormente por el de Nicolás Maduro, desmantelando todos los planes sociales aprobados por Hugo Chávez y recortando de forma drástica las inversiones en infraestructuras y planes de emergencia, unida a las sanciones del imperialismo estadounidense que durante más de una década han golpeado duramente la economía venezolana, han transformado un desastre natural que, en otros países y con terremotos de similar intensidad han causado decenas o centenares de muertes, en una auténtica masacre.
Solidaridad popular vs abandono institucional y cinismo imperialista
Las imágenes de miles de vecinos corriendo a socorrer a sus vecinos, intentando sacar escombros con sus propias manos para liberar a las personas atrapadas, muestran una vez más la enorme solidaridad y fuerza que existe en el seno de las masas, incluso en los contextos políticos, económicos y sociales más difíciles.
El heroísmo y entrega de esas escenas conmovedoras contrasta escandalosamente con el papel de las instituciones del Estado, que ha brillado por su ausencia. Esta parálisis y abandono total a la población fue aún más criminal e indignante en las primeras horas y días tras la catástrofe, precisamente cuando la rapidez de respuesta aportando medios y recursos materiales era crucial para salvar vidas.
Incluso ahora, varios días después, rescatistas venezolanos e internacionales denuncian los bloqueos y trabas burocráticos de las instituciones, su desidia y la falta de medios.
La ausencia absoluta de planes de prevención resulta más injustificable y escandalosa en un país donde el riesgo de sismos y terremotos es conocido y diferentes organismos llevan años avisando de que un terremoto de esta magnitud podía producirse.
Al burocratismo, desfalco y corrupción gubernamental se suma el criminal bloqueo y sanciones imperialistas de EE.UU. contra el pueblo venezolano desde 2014, bajo la Administración de Barack Obama.
Estas sanciones han ido aumentando bajo cada Gobierno demócrata y republicano hasta convertirse en una losa que, según diferentes analistas, han privado en los últimos diez años a la economía venezolana de entre 200.000 y 250.000 millones de dólares, una cantidad que representa el 213% del PIB venezolano actual. La agresión imperialista de Washington ha drenado cada año 28.000 millones de dólares, el 25% de toda la riqueza generada anualmente en el país[1].
Causa profunda indignación la doble moral de Trump y el imperialismo estadounidense, responsables directos del estrangulamiento económico y la destrucción de los servicios públicos que han provocado estas sanciones ofreciendo ahora una "ayuda humanitaria" de… ¡150 millones de dólares! Esta limosna representa apenas el 4,5% de los recursos que Washington invirtió en la agresión imperialista del pasado 3 de enero para deponer y secuestrar a Maduro y hacerse con el control territorial de Venezuela.
Igual de vomitivo resulta leer las declaraciones de Trump: “Más allá de lo que pasó anoche [el miércoles 24], fue terrible lo que sucedió, fue un gran terremoto, derribó edificios, pero afuera, es un país feliz otra vez. La gente está feliz, están bailando en las calles”. Esto es una burla sangrienta contra nuestros muertos y nuestra clase.
Exactamente igual pasa con el régimen nazisionista de Netanyahu, que tuvo el cinismo de salir en redes sociales anunciando que enviaría “ayuda humanitaria” para lavarse la cara. La única ayuda procedente de Israel han sido 100.000 dólares del sionista Fondo Nacional Judío, destinados a ayudar exclusivamente a la comunidad judía de Venezuela.
El imperialismo y el sionismo nos escupen en la cara y el Gobierno tutelado de Delcy Rodríguez, como viene haciendo desde el 3 de enero con todas las medidas y exigencias de Trump, dice amén y da las gracias. Todo ello mientras negocia secretamente la reestructuración y el reconocimiento de una deuda externa fraudulenta e ilegítima de 240.000 millones de dólares ante el FMI y el Banco Mundial, entregando el petróleo venezolano al control de la banca y las petroleras estadounidenses.
Cínicamente, la Casa Blanca ha flexibilizado licencias específicas no para aliviar al pueblo, sino para garantizar que los recursos destinados a la catástrofe sean monopolizados por corporaciones norteamericanas, las cuales ya están pactando con los empresarios parásitos de Fedecámaras y Fedeindustria (las patronales venezolanas) el festín de la reconstrucción inmobiliaria.
Las vidas de los pobres y los trabajadores no importan
El sismo - que según geólogos, liberó una energía equivalente a 260 bombas nucleares y ha generado más 400 réplicas, se ha visto agravado por la crisis climática del capitalismo. Esta ha incrementado el riesgo de deslaves y derrumbes, aumentando también las temperaturas que sufren las víctimas atrapadas bajo los escombros y dificultando aún más la labor de los rescatistas.
Todo este desastre nos obliga a repasar las trágicas experiencias de terremotos parecidos que ha sufrido Venezuela. El último gran terremoto había sido el que golpeó también a la zona central, y especialmente a Caracas, en 1967. Entonces, en pleno crecimiento económico y auge de la Venezuela petrolera, infraestructuras modernas colapsaron. A pesar de que las investigaciones científicas realizadas tras aquella catástrofe advirtieron que el 80% de los venezolanos viven en zonas de alto riesgo sísmico, los sucesivos Gobiernos ignoraron sistemáticamente esta realidad para proteger las ganancias de los grandes capitales.
El terremoto del miércoles 24 de junio superó en intensidad al de 1967. A las 6:00PM los venezolanos se enteraban del temblor a través de la aplicación de los teléfonos inteligentes. El fenómeno denominado “el doblete sísmico”, con magnitudes de 7,2 y 7,5, se sintió desde el occidente a oriente, ensañándose en la zona central del país, especialmente en las zonas de San Bernardino, Altamira y Los Palos Grandes (Caracas) y el Estado Vargas, que concentra la mayor parte de víctimas y viviendas e infraestructuras destruidas.
El paisaje es apocalíptico: 774 edificios afectados incluidos 189 destruidos, 38 hospitales con daños significativos y más de 2.501 vías principales, puentes y carreteras colapsadas.
Ante una emergencia que requería una reacción inmediata de maquinarias para remover estructuras pesadas, escombros y rescatar sobrevivientes, las primeras 12 horas trascurrieron sin un pronunciamiento claro del Gobierno tutelado. Cuando finalmente hablaron, sus declaraciones carecían de firmeza y no plantearon ninguna medida centralizada seria para enfrentar la catástrofe. A diferencia de la vaguada de 1999, cuando Chávez, activó inmediatamente a las fuerzas armadas en un mando unificado de emergencia y movilizó todo el componente militar (la marina, aviación e infantería), los recursos del Estado, profesionales y maquinaria entre otros equipamientos.
En la mañana del jueves 25 de junio, presenciamos un espectáculo vergonzoso. La presidenta Delcy Rodríguez, imploraba a la burguesía parásita: "Quería dirigirme al país para solicitar el apoyo al sector privado que nos permita alquilar maquinaria amarilla para las labores de rescate". Así demuestra el Gobierno su sometimiento a los empresarios y así muestra la empresa privada su “responsabilidad social”. Primero amarraron el negocio del alquiler, tasando el dolor humano, y solo al tercer día movilizaron las máquinas. Mientras tanto, en los barrios y urbanizaciones, las comunidades clamaban por auxilio, sin herramientas potentes, recurriendo a la fuerza colectiva, con picos, palas y la creatividad popular para salvar a sus seres queridos de los escombros.
Sabotaje de la Misión Vivienda por la burocracia y las mafias inmobiliarias
Desde hace décadas la gran mayoría de familias humildes venezolanas viven hacinadas en viviendas autoconstruidas en condiciones precarias en la periferia de las grandes ciudades. Bajo el gobierno de Hugo Chávez, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) intentó dar respuesta a esta necesidad histórica de las mayorías populares. El impacto inicial de la GMVV apuntó a desmercantilizar el suelo urbano y hacer justicia social. Frente a la Cuarta República, que arrojaba a los pobres a los cerros, se expropiaron terrenos baldíos en los centros urbanos para construir viviendas multifamiliares con servicios subsidiados, mientras la clase obrera percibía para entonces unos salarios estables. En sus primeros tres años, la construcción de más de 400.000 viviendas reflejó una intensa batalla del pueblo organizado contra la contrarrevolución interna de la burocracia del Gobierno y el Estado en complicidad con la patronal inmobiliaria.
Sin embargo, el modelo reformista de la GMVV padecía una contradicción de raíz: dependía exclusivamente del rentismo petrolero y nunca rompió con las lógicas del capital. Los recursos del Estado fueron sistemáticamente desviados por la corrupción burocrática hacia los bolsillos de funcionarios y empresarios, saboteando las fábricas nacionalizadas de cemento y cabillas para otorgar contratos jugosos a transnacionales y constructoras privadas. El resultado: complejos habitacionales de mala calidad y sin las normas antisísmicas requeridas.
Con el colapso de los precios del crudo, la crisis estructural del capitalismo rentista, el azote de las sanciones imperiales y el giro brutal a la derecha de los Gobiernos posteriores al de Chávez el programa se derrumbó. Se abandonó el mantenimiento de las estructuras y quedaron miles de proyectos inconclusos o con graves deficiencias de infraestructura. El colapso de varios urbanismos de la GMVV durante este sismo es la prueba fehaciente de que la burocracia prefirió pactar con el capital antes que auditar y dar el control obrero de la construcción a las comunidades.
¡Solo el pueblo salva al pueblo! Por un plan de emergencia bajo gestión directa de los trabajadores
El terremoto deja a la clase trabajadora, que ya estaba duramente golpeada por las políticas capitalistas del Gobierno y su sometimiento a la agenda colonialista de Trump, en una indefensión absoluta. Sin salarios dignos, con las prestaciones sociales destruidas, y una inflación acumulada que supera el 500% —condenando al 76,5% de los venezolanos a la pobreza y al 38,5% a la miseria extrema—, es imposible reconstruir nuestras vidas de forma individual. El único camino para la supervivencia de nuestra clase es la organización independiente y la lucha revolucionaria.
En medio de la devastación, el dolor y la barbarie provocados por la indolencia estatal y el cinismo imperialista, la clase trabajadora ha respondido con una solidaridad de clase descomunal. Frente al parasitismo, corrupción y sometimiento a los intereses de las grandes empresas, esta solidaridad espontánea muestra cuál es el único camino para organizarnos y defender nuestros derechos.
No será fácil. La desmoralización y escepticismo hacia la organización y participación política que han provocado todos estos años de contrarrevolución burocrática siguen pesando. El colapso económico que empuja a millones de personas a luchar por sobrevivir se verá agravado.
Pero también hemos presenciado cómo el pueblo, con pico y pala en mano, ha pasado por encima de los cordones policiales dispuestos burocráticamente para frenar el rescate popular. Mientras el Gobierno esperaba los pactos comerciales con la burguesía, las masas trabajadoras arriesgaban sus vidas para rescatar a sus hermanos debajo de las placas de concreto. Esto demuestra una verdad histórica irrefutable: no podemos confiar en el Estado capitalista y sus burócratas ni en los políticos burgueses del Gobierno o de la oposición de extrema derecha. Solo podemos contar con nuestras propias fuerzas.
A pesar del luto y la consternación, debemos mantener ese impulso de lucha y solidario. Llamamos a la juventud, la clase obrera y el pueblo explotado a impulsar comités de emergencia en cada barrio y centro de trabajo para restablecer los servicios públicos, exigir inversión masiva en los cuerpos de bomberos y protección civil, garantizar empleo digno para todos los afectados en las labores de reconstrucción del país y levantar un movimiento organizado, combativo y asambleario que nos permita luchar por un programa que recoja nuestras reivindicaciones y necesidades, y pasar a la ofensiva para luchar por ellas.
En nuestra opinión este programa debe exigir:
-Confiscación inmediata y sin indemnización de toda la maquinaria pesada en manos de la burguesía industrial para ponerla al servicio de los comités de rescate obreros y comunitarios.
-Suspensión inmediata del pago de la deuda externa fraudulenta y destinar todos esos recursos a un plan masivo de reconstrucción y atención a los damnificados, bajo gestión directa y auditoría de los trabajadores y las comunidades organizadas.
- ¡Basta de impunidad para los empresarios de la construcción y los burócratas corruptos que se enriquecieron rebajando la calidad de las viviendas populares! Juicio y castigo a los responsables.
Debemos retomar la movilización en las calles para pelear por estas demandas, ligándolas a la lucha por un salario mínimo igual a la canasta básica y el respeto a nuestras prestaciones y derechos laborales, democráticos y sociales.
¡Ninguna confianza en la burguesía ni en la burocracia reformista traidora!
¡Por la reconstrucción nacional bajo gestión directa de la clase obrera y los comités populares!
¡Justicia y reparación para las víctimas de la codicia capitalista!
