Banqueros, constructoras y administraciones, ¡responsables!
La peor gota fría que se recuerda desde hace 140 años ha dejado un escenario postapocalíptico en el sureste peninsular. Los primeros recuentos de daños estiman en 300.000 las hectáreas de cultivo dañadas, el equivalente a la provincia de Álava. Sólo en Níjar se estiman 81 millones en pérdidas y en la Comunidad Valenciana, provisionalmente, 1.500 millones de euros. Junto con los daños materiales, la peor cara del temporal han sido las diez personas fallecidas a consecuencia de las riadas e inundaciones.
Un desastre consecuencia del urbanismo desenfrenado
La falta de una planificación urbanística racional y sostenible es, junto con el cambio climático, la responsable del desastre. El modelo urbanístico que conocemos solamente atiende a una norma, obtener beneficios a cualquier coste para llenar los bolsillos de bancos y especuladores. La ausencia de una planificación racional, que atienda a las necesidades del territorio, de la mayoría de la población y del equilibrio ecológico, conduce a la construcción de urbes y zonas residenciales violando los cauces naturales de lagunas, ríos y ramblas. Actualmente 50.000 construcciones están situadas en zonas de alto riesgo de inundación en todo el Estado, según Ecologistas en Acción. De hecho, se ha conocido por la prensa que existían un mapa de previsión de inundaciones que coincide con exactitud con lo que finalmente ha ocurrido. No solo era evitable, sino que estaba previsto que ocurriera y no se hizo nada al respecto.
Cuando estas aguas se desbordan buscando sus cauces naturales, arrasan con todo: diques, campos de cultivo y zonas urbanas. Este problema se ve agravado por el total abandono de las zonas rurales y los entornos naturales, que conduce a la acumulación de grandes cantidades de leña en los bosques y cauces, disparando tanto el riesgo de incendios forestales en verano como el poder destructivo de las riadas a causa de los materiales que son arrastrados por la corriente. La inexistencia de servicios públicos de calidad con el personal adecuado de cara a afrontar estas tareas, y los recortes en muchos de ellos, es también responsable de esta tragedia
Miles de familias trabajadoras condenadas a perderlo todo
Esta catástrofe pone sobre la mesa con claridad cómo somos las y los trabajadores lo que pagamos en primera instancia las consecuencias de la crisis climática. Los promotores inmobiliarios y los bancos se han hecho de oro con la especulación, pero ahora son las miles de familias trabajadoras afectadas las que tienen que hacer frente a la destrucción de sus hogares y terrenos de cultivo. Y es así como la crisis climática se convierte en un factor que aumenta aún más la desigualdad entre ricos y pobres, dado que las zonas en riesgo van a ver cómo en el futuro aumentan estos fenómenos tanto en frecuencia como en intensidad.
A pesar de las urgentes necesidades sociales generadas por estas catástrofes, las medidas necesarias para rescatar a la gente de las consecuencias de la crisis climática no van a ser adoptadas bajo el capitalismo. De hecho, hace justo tres años muchas de estas localidades sufrieron inundaciones similares, perdiendo viviendas, enseres, etc.… y aún hoy no habían cobrado las ayudas que solicitaron para rehacer sus vidas. Seguro que, si se tratara de ayudas a la banca, hace ya tiempo que se habrían entregado.
Una planificación urbana que atienda a las necesidades humanas y del territorio resulta imposible si los proyectos inmobiliarios dependen de la iniciativa privada, que solo busca obtener el máximo beneficio al menor coste posible, sin importar las consecuencias futuras de dónde se construya y cómo se construya. Lejos de esto, todos podemos imaginar cómo el sistema capitalista va a continuar manejando esta situación: nuevas aventuras especulativas basadas en la recalificación de las zonas con menor riesgo de inundación, incrementando exponencialmente el precio de dichos terrenos; creación de barrios más caros o urbanizaciones de lujo en las zonas más altas y seguras para aquellos que pueda hacer frente a un precio aún más alto de la vivienda, a la par que se condena a los más pobres a sufrir inundaciones periódicas y la degradación acelerada de sus viviendas hasta resultar inhabitables.
¡Basta de hipocresía! ¡Hay responsables!
No puede ser más indignante la hipocresía de las instituciones que en este contexto aprobaron el estado de emergencia climática el pasado 17 de septiembre. Estas son las mismas instituciones que han sido cómplices de bancos y promotores inmobiliarios; las mismas que han permitido construir de una forma irracional y completamente desenfrenada, en muchas ocasiones haciendo la vista gorda respecto a su propia normativa urbanística. Algo que solo se explica por los miles de intereses cruzados entre jueces, partidos políticos del sistema y bancos y grandes promotores inmobiliarios: tramas de corrupción, redes clientelares, negocios e intereses familiares que entrelazan a las instituciones con los que se lucran construyendo sin control. Si hay responsables, ¡y es hora de actuar contra los mismos!
Solo por medio de una movilización social contundente por parte de los miles de vecinos afectados podrán arrancarse medidas paliativas que, con toda seguridad, van a ser insuficientes si no hay una verdadera revolución en el modelo de urbanismo. En primer lugar, no solo exigiendo las correspondientes indemnizaciones, sino planes urbanísticos globales y ecológicos para reordenar y reconstruir el territorio, asegurando a todos los y las trabajadoras que han perdido o pueden perder sus viviendas nuevas viviendas gratuitas, ecológicas y de calidad.
Por una alternativa socialista frente al urbanismo depredador
Las vidas humanas perdidas y los daños ocasionados se habrían evitado con un modelo urbanístico planificado, ecológico y respetuoso con los cauces naturales: estas riadas simplemente seguirían su curso hasta desembocar en el mar sin mayores consecuencias. Sin embargo, esto implicaría acotar la construcción a zonas seguras, planificar cuidadosamente la vivienda para garantizar la ocupación de las casas vacías antes que la construcción de nuevas zonas residenciales y, en definitiva, planificar el desarrollo urbano anteponiendo criterios de sostenibilidad al negocio puro y duro.
Esto es completamente incompatible con el capitalismo y con el control de los proyectos inmobiliarios por parte de bancos y promotoras privadas, que solo atienden a su cuenta de resultados a corto plazo. Para poder desarrollar un urbanismo sostenible es imprescindible la nacionalización de todo el sector inmobiliario, comenzando por las grandes constructoras, y de la banca, sustituyendo el actual urbanismo voraz por un desarrollo urbanístico público, sostenible y ecológico controlado por las y los trabajadores en base a las necesidades humanas reales existentes.
