Finalmente, el lunes 28 de agosto, Juana Rivas entregaba a sus hijos en las dependencias de la Guardia Civil de Granada. Unas horas después, el padre de éstos, condenado por violencia de género en 2009 y con otra denuncia por malos tratos continuados de julio de 2016, salía con ellos a la espera de la decisión judicial que le permita llevárselos definitivamente a Italia.

Pese a las muestras de solidaridad y a las recomendaciones de colectivos como la Asociación de Mujeres Juezas, que han insistido por activa y por pasiva en que se aplicara la perspectiva de género a este caso, y se tuvieran en cuenta las últimas modificaciones de la ley de violencia de género, que reconoce a los hijos también como víctimas y que insta a protegerles de estas situaciones, la jueza no solamente no lo ha hecho, sino que en su último auto incluso sugiere que los hijos puedan estar siendo manipulados por su madre, haciendo alusión a un posible Síndrome de Alienación Parental (SAP) . En consecuencia, la jueza tampoco ha considerado, hasta el momento, escuchar el testimonio del hijo mayor, que relató a la psicóloga del Centro de la Mujer los malos tratos que había presenciado.

En lo que a procesos judiciales se refiere, Juana y su maltratador, Francesco Arcuri, volverán a enfrentarse en octubre a un nuevo juicio, en Italia, por la custodia de los hijos.

En el Estado español, Juana se enfrenta a una condena por retención ilícita de menores y desobediencia a la justicia que podría conllevar penas de prisión y la pérdida de la custodia de los hijos. Además, la jueza del juzgado de instrucción nº 2, María Ángeles Jiménez, ha decidido investigar como “inductores o partícipes necesarios” tanto a la directora del Centro de la Mujer de Macarena, Francisca Granados, y a la psicóloga del mismo, María Teresa Sanz, como a todos los familiares de Juana Rivas hasta segundo grado de parentesco.

Es evidente el interés que tiene la justicia burguesa en que todo “el peso de la ley” caiga sobre Juana y su entorno de forma ejemplarizante. El apoyo y la simpatía entre miles de personas, particularmente mujeres, hacia la lucha de Juana ha hecho saltar todas las alarmas desde el momento en que su insumisión a las injustas decisiones judiciales ha puesto el foco de atención no sólo en el maltratador, sino en la propia violencia que el Estado ejerce sobre las mujeres a través de las instituciones y en la necesidad de la movilización social para combatirlo.

Más allá de las lágrimas de cocodrilo de un gobierno del PP, que ha reducido en un 26% el presupuesto para las víctimas de violencia de género, y de una justicia que, bajo un  falso manto de imparcialidad, continúa subestimando la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones, la realidad es que el número de víctimas de violencia de género no deja de aumentar.

En lo que va de 2017, 36 mujeres han sido asesinadas en episodios de violencia doméstica, 6 más que en el año anterior. En cuanto a los menores, tan sólo desde 2013 (año en que se empezó a registrar), 22 niños han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres y más de 160 han quedado huérfanos.

No falla un juez, falla el sistema

Sin embargo, los jueces continúan dictando sentencias donde, frente al interés del menor, priman el sacrosanto derecho de los maltratadores a “ejercer” su “paternidad”, obviando el hecho de que los hijos también son víctimas, pese a que desde julio de 2015 la propia ley lo reconoce explícitamente. Concretamente la ley señala que, cuando los niños se encuentren bajo la patria potestad o la tutela de una víctima de violencia de género, los poderes públicos garantizarán el apoyo preciso para que permanezcan con su madre, además de prestar atención especializada y ayudar en su recuperación. Aunque los jueces pueden incluso suspender para el inculpado la patria potestad o custodia, entre otras medidas, la realidad es que casi nunca lo hacen. Al contrario, la entrega de niños a padres maltratadores amparándose en la teoría pseudocientífica del Síndrome de Alienación Parental es el resultado lógico de este “machismo judicial”.

Su consecuencia más dramática es el asesinato de los menores por la desprotección del Estado. Un ejemplo terrible fue el caso de Ángela González Carreño. En 2003 una sentencia obligó a esta mujer a dejar a su hija Andrea, de 7 años, con su padre para una visita sin vigilancia pese a que durante 3 años Ángela había interpuesto más de 50 denuncias contra su expareja y advertido desesperadamente del riesgo que corría su hija. Estas advertencias venían avaladas por decenas de informes de los servicios sociales que desaconsejaron una y otra vez la entrega de la niña, teniendo en cuenta el propio testimonio de ésta. Pese a todas estas evidencias, la jueza consideró que no había motivo alguno para que el padre no pudiera disfrutar de su hija sin vigilancia. Aquella misma tarde el exmarido de Ángela mató de un tiro a la hija de ambos.

Durante años, Ángela peleó judicialmente contra el Estado para que éste reconociera su responsabilidad en la muerte de su hija. Sin embargo, ni el Ministerio de Justicia, ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo, ni el Constitucional encontraron ninguna “anormalidad” en el funcionamiento de la Administración de Justicia, incluso después de que la propia ONU considerara al gobierno español responsable y lo instara a rectificar e indemnizar a Ángela. Frente a una mujer maltratada y a una niña asesinada todo el aparato institucional miraba hacia otro lado y se desentendía de sus responsabilidades, aludiendo a la “corrección” del funcionamiento judicial.

Entre este asesinato y el caso de Juana Rivas median casi 15 años. No planteamos aquí que la historia de Ángela se repita punto por punto en el caso de Juana, aunque sí lo ha hecho en otros muchos casos. Pero ambas comparten, con otras muchas mujeres maltratadas una característica común. A la violencia que sufren por parte de sus parejas han de sumar también la violencia machista a la que son sometidas por parte del aparato del Estado. La criminalización de las víctimas y la banalización de la violencia contra la mujer es una constante que impregna todos los estratos de la sociedad y que afecta especialmente a las mujeres de familias humildes, sin recursos, privadas de independencia económica, condenadas a peores condiciones laborales, víctimas en primera persona de los recortes sociales del PP y sin ningún tipo de amparo real por parte del Estado para poder superar esa situación.

Frente a esta violencia estructural e institucional que impregna este sistema, cada vez más mujeres están reaccionando con la movilización y la lucha. En ese contexto, cuestionar las resoluciones judiciales, desafiar las leyes injustas o apoyar solidariamente a quienes lo hacen es parte de la lucha contra la opresión que sufrimos las mujeres en la sociedad capitalista. Una lucha que ha resurgido con fuerza en los últimos años y que está siendo un ejemplo para millones de oprimidos en todo el mundo.