Pocos días después de la huelga general del 8 de marzo conocíamos la ratificación de la sentencia contra Juana Rivas que dictó en julio el Juzgado de lo Penal nº 1. Después del recurso interpuesto contra esta sentencia, la Audiencia de Granada se limita a rebajar de 30.000 a 12.000 euros la indemnización que Juana Rivas tiene que pagar a su maltratador, manteniendo la condena a 5 años de prisión y la pérdida de la patria potestad de sus hijos durante 6 años. Días después, la justicia italiana otorgaba la custodia de los hijos de Juana a su maltratador, argumentando su incapacidad para tomar decisiones propias.
Un intento de desmoralizar al movimiento
Esta vergonzosa sentencia es una respuesta al poderoso movimiento feminista que hemos levantado con fuerza y que volvió a llenar masivamente las calles este 8 de Marzo, poniendo en cuestión las bases del sistema y denunciando el carácter profundamente machista de su justicia y sus instituciones. Necesitan golpear con fuerza al movimiento que tanto amenaza sus privilegios. Por eso dictan sentencias absolutamente salvajes, como ésta, buscando desmoralizar y hacer creer que nuestra lucha no podrá cambiar absolutamente nada. De la misma manera que dejaban en libertad provisional a los violadores de La Manada o que sobreseían el caso de las temporeras de Huelva. Hace pocas semanas, en Canarias, los cuatro jóvenes que se hacían llamar “la nueva manada” eran absueltos después de haber violado en grupo a una menor el pasado verano.
El machismo está en el ADN de las instituciones judiciales
Pero esto no se reduce a unos pocos casos aislados. Hace poco, salía a la luz una grabación en la que el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid llamaba “bicho” e “hija puta” a una mujer víctima de violencia machista en lo que, según las abogadas que allí trabajan, era su habitual “dinámica de trabajo”: atacar y humillar a las denunciantes en el juzgado. La denuncia a este elemento fue archivada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque la grabación “quebranta la intimidad del magistrado” (eldiario.es, 18/01/2019). Está claro que los jueces y juezas machistas no son productos aislados de una “falta de formación de género”, como algunos predican, sino que son el producto de un entramado judicial e institucional completamente podrido que golpea a los más oprimidos con total impunidad, siendo muy conscientes de lo que dicen y de lo que hacen.
Diariamente, las mujeres víctimas de violencia machista que dan el paso de denunciar a sus maltratadores tienen que enfrentarse al carácter profundamente reaccionario de la justicia burguesa. Según los datos del propio CGPJ, de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal en materia de violencia de género un 42,86%, casi la mitad, son absolutorias. En los propios Juzgados de Violencia sobre la Mujer sólo un 13,13% son sentencias condenatorias. Un 41,58% de los casos son sobreseídos de forma provisional, es decir, archivados hasta que se presente un nuevo indicio de violencia. En cuanto a las medidas de protección que supuestamente las leyes garantizan a las mujeres víctimas de violencia machista, de las 166.961 denuncias presentadas a estos juzgados en 2018, sólo se dictaron 25.275 órdenes de alejamiento. Por no hablar de las escasas 17.113 órdenes de protección a los hijos de las víctimas, de las que sólo un 4,4% supone la suspensión de la custodia de su padre y un 0,4% la pérdida de la patria potestad, que no dudan, sin embargo, en imponer a una víctima de violencia machista como Juana Rivas.
Unas instituciones para salvaguardar los privilegios de los que nos explotan
En contraste con estos datos, nos asaltan diariamente las noticias de condenas de prisión que esta misma justicia reaccionaria dicta contra sindicalistas, activistas, raperos, tuiteros... Desde julio de 2015 a marzo de 2018 las multas por “faltas de respeto y/o consideración” a los agentes de la policía ascienden a 47.980, lo que supone una media de 48 multas diarias por casos como “dirigirse en catalán a un agente” o “dar Me gusta en Facebook a fotografías de un coche de policía mal aparcado” (Público, 28/06/2018). Es la misma justicia que ante el poderoso ejemplo de lucha del pueblo catalán, lleva a cabo el juicio farsa del 1-O, o que lleva a los jóvenes de Altsasu ante la Audiencia Nacional por una pelea en un bar.
Todos estos casos evidencian ante los ojos de cada vez más jóvenes y trabajadores el verdadero carácter de las instituciones y el Estado capitalista: reprimir a la clase trabajadora y a la juventud que se levanta y denuncia a los que nos oprimen y a su sistema. Cuando los privilegios de los que nos explotan a diario se ven amenazados, no dudan en utilizar las instituciones a su servicio para protegerse. Por eso, el único camino es el que hemos recorrido los últimos años contra las vergonzosas sentencias machistas, contra el juicio farsa del 1-O o por la libertad de los jóvenes de Altsasu. Contra esta justicia machista, clasista y franquista, hay que responder con la movilización masiva y la organización, impulsando la transformación de la sociedad.
