Con motivo de la aprobación de la "Ley de Economía Sostenible", el gobierno del PSOE anunció una serie de medidas de cara a combatir la piratería en internet. Estas modificaciones, conocidas como "Ley antidescargas", suponen claramente una nueva restricción de los derechos democráticos, y especialmente del derecho a la pluralidad informativa y de acceso a la cultura.
Internet ha sido uno de los más importantes avances en los últimos veinte años, permitiendo el acceso y difusión de la información y la cultura a una escala sin precedentes en la historia de la humanidad. Esta nueva tecnología que permitiría abrir las puertas del conocimiento al conjunto de los seres humanos, sin embargo, al igual que ocurrió con la prensa escrita, la radio o la televisión, los capitalistas tratan de hacerse con el control de dicha herramienta de cara a mantener su dominio ideológico, así como convertir internet exclusivamente en un instrumento para la obtención de ganancias.
Ataque a los derechos democráticos
En este sentido uno de los aspectos más polémicos de dicha ley ha sido el anuncio del Gobierno de poder bloquear una web sin autorización judicial, que finalmente se ha visto obligado a modificar como consecuencia del escándalo generado por una medida tan arbitraria. Sin embargo, se aprueba un procedimiento rápido (de un mes) para obtener dicha autorización, dejándose en manos de un nuevo órgano del Ministerio de Cultura (la Comisión de Propiedad Intelectual) el derecho a proponer qué web hay que suspender. Aunque se justifica dicha medida en defensa de los derechos de autor, es de sobra conocido que medidas de este tipo, restringidas inicialmente a un uso determinado, acaban utilizándose arbitrariamente con fines muy distintos, como podría ser suspender páginas web de organizaciones anticapitalistas, o que se solidaricen con procesos revolucionarios, como el que se vive hoy en Venezuela. Así ha ocurrido con la ley antiterrorista, que sirvió, por ejemplo, para condenar hace unos años a dos sindicalistas de la Naval Gijón por la lucha que llevaron a cabo contra el cierre del astillero.
Otros países ya han aprobado medidas en este sentido, tratando de conseguir un control más férreo de la red, así como de cara a restringir el acceso a la misma. En Francia el gobierno de Sarkozy ha aprobado recientemente la llamada "Ley Hadopi", que permite cortar la conexión a internet a los usuarios que se descarguen contenidos ilegales durante un año, obligando además al usuario a seguir pagando durante ese año su cuota de conexión. En Gran Bretaña, tras recibir dos avisos el usuario que se descargue dichos contenidos ilegales, será privado del acceso a la red. En Alemania se han establecido penas de cárcel de hasta tres años por vulnerar los derechos de autor, pero no sólo para aquellos que lo hagan con ánimo de lucro, sino también para los que se descarguen copias para uso personal.
La cultura: negocio y privilegio
Con motivo de esta polémica la industria cultural y algunos artistas han organizado protestas reclamando "sus derechos". El músico Luis Eduardo Aute ha llegado a decir que "en cinco años esto desaparece; no habrá ni canciones ni música". Resulta esperpéntico tener que oír declaraciones de este tipo, especialmente si tenemos en cuenta que gran parte de los más importantes creadores de la historia de la humanidad (Cervantes, Mozart o Van Gogh) desarrollaron su obra sin que existieran derechos de autor, introducidos a partir de principios del siglo XX. Independientemente del desarrollo de la industria cultural capitalista (que, por otro lado, sólo lanza al mercado aquello que es rentable económica e ideológicamente), la literatura, la música o cualquier otra manifestación cultural han existido a lo largo de la historia independientemente de los derechos de autor. De hecho, actualmente la mayoría de los artistas no viven de dichos derechos, sino de sus actuaciones y de su trabajo cotidiano. Son fundamentalmente las grandes productoras y distribuidoras las que rentabilizan los derechos de autor.
El colmo del absurdo lo hemos vivido estos últimos días con la intención de la SGAE de cobrar a las peluquerías por tener puesta la radio mientras cortan el pelo a sus clientes, o con la cancelación de un acto en la Casa de la Cultura de Onil (Alicante) en homenaje a Salvador Allende por no haberse obtenido los permisos necesarios para hacer uso de los poemas de Pablo Neruda y de la música de Víctor Jara. Esta lógica absurda podría llevar a plantear que cualquier músico o escritor tuviera que pagar derechos de autor por la influencia que otros músicos o escritores hayan ejercido sobre su obra.
La cultura y el conocimiento es producto colectivo de la humanidad, tan colectivo que si no hubiera campesinos que trabajaran la tierra u obreros que levantaran viviendas, no podrían los artistas desarrollar su arte por no tener qué llevarse a la boca o poder descansar sin pasar frío. El empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y el alto precio de muchos de los artículos de la industria cultural, obligan a muchas personas a descargarse música o cine para tener acceso a los mismos. En la sociedad capitalista la cultura y el conocimiento es un privilegio del que disfruta una minoría, y cuando dicho privilegio se ve amenazado con un acceso más universal a la misma, no sólo como consumidores sino como creadores (muchas personas que escriben o componen tienen hoy a través de internet más posibilidades de darse a conocer que en el pasado), el sistema capitalista reacciona tratando de mantener las divisiones propias de una sociedad de clases, la división entre opresores y oprimidos.
