¡La vivienda es un derecho social. Ningún desahucio más!
En el momento en que el stock de casas vacías alcanza su record (en diez años han pasado de tres a seis millones), un amplio sector de la clase obrera y la juventud no disponen de acceso a una vivienda digna y cientos de miles de familias son arrojadas a la calle. Como en otros ámbitos, la lógica de la crisis muestra toda la podredumbre y descomposición del sistema capitalista. La banca desahucia a familias que no pueden seguir pagando hipotecas abusivas, se queda con las casas, y consigue gracias a una ley que data de principios del siglo XX que esas familias desahuciadas sigan pagando por una vivienda de la que ya no disfrutan. Una estafa legal consentida por las instituciones del Estado (gobiernos, parlamentos y jueces), que se ha convertido en una pesadilla para muchos.
Desde 2007, casi 400.000 familias se han visto afectadas por ejecuciones hipotecarias, y 180.000 han sido desalojadas: sólo en el primer semestre de 2012 se han producido casi 100.000 desahucios, lo que significa una tasa de 532 ejecuciones diarias. Frente a esta dramática situación se han extendido las acciones contra los desahucios por numerosas ciudades y localidades. Encabezadas por activistas de la izquierda, agrupados sobre todo en la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), las concentraciones y manifestaciones, las demandas en los tribunales, los encadenamientos y la resistencia contra la violencia policial, las ruedas de prensa y la coordinación de los afectados han logrado paralizar ya 500 desahucios y conseguir el apoyo a esta justa lucha de una inmensa mayoría de la sociedad.
El gobierno mueve ficha por la presión de la lucha, pero sigue sin resolver nada
Han tenido que producirse tres suicidios y una tremenda movilización social para que el gobierno moviera ficha, en un intento desesperado por lavar su imagen y desactivar la protesta. Pero el Decreto aprobado el 15 de noviembre no toca la ley hipotecaria y lo único que hace es establecer una moratoria del desahucio por dos años, sólo para familias que reúnan una serie de requisitos (que el gobierno adjetiva de “más vulnerables” haciendo las trampas semánticas habituales). En realidad, se excluye a decenas de miles que han vivido o viven con este drama. Por ejemplo, una familia con dos niños y con el único ingreso del subsidio de 420 euros queda fuera. En la provincia de Barcelona con cientos de afectados, según los cálculos de la PAH sólo cumplen los requisitos del Decreto siete personas. Además, quienes consigan acogerse estarán peor, porque acumularán intereses muy altos en los dos años de moratoria, y las medidas tampoco tienen carácter retroactivo. Por último, el Decreto plantea la creación de un “Fondo” de pisos sociales, un asunto tras el que hay mucha miga.
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha valorado las medidas del gobierno muy “positivamente”, ofreciendo su “máxima colaboración y experiencia”. También la Asociación Española de la Banca (AEB), los mismos ladrones y estafadores que han dejado a un millón de personas sin sus ahorros engañándolas con las “preferentes”, que han desahuciado a cientos de miles de familias, se ha pronunciado con el cinismo propio del que se sabe impune: “Compartimos con el gobierno la necesidad de proteger a aquellas personas socialmente más vulnerables”.
Evidentemente, la oligarquía bancaria ya se frota las manos. Gracias a la ayuda de 60.000 millones de la UE para crear el “banco malo”, cuyo nombre oficial es Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), la banca podrá vender al Estado una parte del stock de viviendas a precios muy competitivos (la dirección de la SAREB estima que comprará 89.000 viviendas y 13 millones de metros cuadrados de suelo de las antiguas cajas nacionalizadas: Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia). No se puede hacer un negocio más redondo: han sacado cientos de miles de millones de euros con las hipotecas abusivas; siguen sacando miles de millones a los propietarios desahuciados, y redondean decenas de miles más gracias a que con el “banco malo” el gobierno les comprará sus viviendas invendibles para incluirlos en el llamado “Fondo” de pisos sociales.
La lucha continúa hasta frenar todos los desahucios y por el derecho a una vivienda digna
En un comunicado titulado La banca dicta, el gobierno redacta, hecho público inmediatamente después de conocerse el Decreto, la PAH afirma: “(…) Tenemos claro que si hoy el Gobierno tomó estas medidas es gracias a la presión social, a la lucha sin tregua de los de abajo, de organizaciones como la PAH, el 15M y muchas otras. La PAH continuará presionando y movilizándose, tal y como ha hecho hasta ahora…”. El 19 de noviembre, la Plataforma llamó a todos los afectados a presentar ante los juzgados un escrito de suspensión de los desahucios que fue un gran éxito, y a esta acción seguirán otras.
La Vª Conferencia Sindical de El Militante apoya entusiastamente la lucha de la PAH y de todas las familias afectadas, y trabajamos para que esta lucha sea también una bandera del movimiento obrero organizado y de los sindicatos de clase, defendiendo:
- La vivienda es un derecho social. Ningún desahucio más. Prohibición por ley de los desahucios a las familias trabajadoras. Suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales que se encuentren actualmente en los juzgados.
- La dación en pago obligatoria para la banca, y de carácter retroactivo, puede ser una solución parcial para no acumular más deudas con los bancos, pero no resuelve el problema de fondo — el derecho a una vivienda digna—. Hay que defender la condonación de las hipotecas abusivas de las familias trabajadoras con carácter retroactivo.
- Por la expropiación de todo el parque de viviendas de la banca y de las grandes constructoras, sin ninguna indemnización, para crear con ellas un sistema público de viviendas sociales en alquiler que no supere el 10% de los ingresos familiares. Por la nacionalización de la banca y las grandes empresas constructoras e inmobiliarias sin indemnización y bajo control de los trabajadores y sus organizaciones para garantizar el derecho a un techo digno.
