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El pasado jueves 18 de abril tuvo lugar en el juzgado de lo penal número 1 de Cádiz el juicio a la compañera Raquel, vecina de la barriada obrera del Río San Pedro en Puerto Real, Cádiz, en el que se la acusaba, entre otras cuestiones, de desacato, desobediencia e injurias a la autoridad, por haber hecho unas declaraciones públicas con respecto a la intervención totalmente desmedida y desproporcionada de la policía en los acontecimientos ocurridos el pasado 22 de noviembre de 2021 en dicha barriada, con motivo de la huelga, que se mantuvo durante 9 días, de las trabajadoras y trabajadores del sector del metal en defensa de sus justos derechos y reivindicaciones.

Tras todo un calvario de citaciones y cancelaciones a la compañera durante estos tres últimos años, la judicatura del Estado de la mano de la fiscalía, el pasado lunes 22 de abril decidió condenar a Raquel al pago de una multa de 5.000 €, o, si no realiza el pago en fecha y forma, a la privación de libertad o lo que es lo mismo, su ingreso en prisión.

Pues bien, así funciona aquello de decir la verdad y expresarte libremente dentro del Estado español cuando se trata de defender los derechos de las y los trabajadores. Estos jueces herederos del régimen del 78 siguen campando a sus anchas ya que nunca hubo una depuración ni de la judicatura, ni del propio aparato policial y militar entre otras cosas. Lo más grave y sangrante es que situaciones como la de la compañera Raquel, desgraciadamente, no son novedad, sino que son el día a día de todas y todos aquellos jóvenes y trabajadores que alzamos nuestra voz ante tanta injusticia social. Y para ponerle la guinda al pastel, todo esto ocurre bajo el amparo y bajo el paraguas del que se autodenomina el Gobierno más progresista de la historia del Estado español.

Es totalmente intolerable e inadmisible que este Gobierno, en el que millones de jóvenes y trabajadores han depositado su confianza, no solamente consienta, sino que de órdenes directas desde el propio Ministerio del Interior, con su responsable Fernando Grande-Marlaska al frente, de que un barrio humilde y obrero y en horario de colegio, sea ocupado por la famosa tanqueta, un vehículo militarizado, y que recuerda a las etapas más negras y oscuras del franquismo para represaliar a los que reclamamos lo que justamente nos pertenece.

Por otro lado, está la otra cara de la moneda, la patronal con las manos cada vez más manchadas de sangre obrera y a la cual no solo no se la inculpa de nada sino todo lo contrario, se la defiende a capa y espada no solo por parte del propio Gobierno más progresista de la historia, sino también por parte de las grandes cúpulas y élites sindicales mayoritarias. Responsables y cómplices... ¿Cuándo los veremos a ellos en el banquillo de los acusados?

La sentencia a la compañera Raquel, al compañero Vicente y un gran y nutrido grupo de luchadores represaliados por la histórica huelga del metal de noviembre de 2021 en Cádiz es totalmente injusta y por eso nos hace más fuertes. Tenemos que organizarnos y combatir cualquier amenaza y ataque a nuestra clase. ¡¡¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todas!!! 

El aparato del Estado se equivoca completamente si piensa que esta sentencia, y las muchas más que nos pudieran caer, nos va a debilitar. Precisamente todo lo contrario. Estos juicios y condenas están siendo una gran escuela, tanto para los más jóvenes como para los más veteranos, y nos reafirma en nuestra decisión de no retroceder ni un milímetro en defensa de nuestro derechos e intereses como clase.

¡¡¡ES HORA DE ORGANIZARSE, ORGANÍZATE Y LUCHA!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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