No a la impugnación de las candidaturas de Bildu. Por la legalización de Sortu
No a la ley de partidos. Por el derecho de autodeterminación para Euskal Herria
La ilegalización de SORTU y ahora de las 254 listas presentadas por la coalición electoral BILDU representa un auténtico escándalo. En el voto particular discrepante con la sentencia, presentado por seis de los magistrados del Tribunal Supremo, se argumenta más que suficientemente que no hay base alguna para la ilegalización de dichas candidaturas. La impugnación de Bildu presentada por el abogado del estado y la Fiscalía, a instancias del gobierno y del PP, se basa en informes policiales que no pueden aportar prueba alguna de que los candidatos hayan cometido ningún delito o colaboren con ninguna organización armada. De hecho las fuerzas de Seguridad del Estado han elaborado listas con los nombres de decenas de miles de ciudadanos vascos a los que se priva de sus derechos democráticos más básicos, como el derecho a votar y a ser electos cargos públicos, por el supuesto delito de sus ideas independentistas o, simplemente, por oponerse a los ataques a las libertades en Euskal Herria.
La sentencia del supremo, que es una actuación política que se somete a los dictados de la derecha y la claudicación ante esta de los responsables estatales del PSOE, constituye una brutal vulneración de los derechos democráticos, y sienta un precedente gravísimo, en la línea de todas las medidas judiciales de excepción que han cercenado en estos años las libertades democráticas con la excusa de la lucha antiterrorista. Con el eslogan arbitrario y sin fundamento de que todo es un montaje de ETA, se intenta dinamitar el paso dado por la izquierda abertzale que ha apostado por las vías políticas aplicándole en la práctica una “cuarentena” antidemocrática, a todas luces ilegales, tal como pretendían los líderes del PP.
Es una aberración que el Partido Popular, heredero de la derecha franquista que se ha negado a condenar cuarenta años de dictadura, se ofrezca como garante de la democracia. Junto a ellos la dirección del PSOE ha impulsado y avalado la ilegalización de las listas de BILDU para asegurarse un poder en las instituciones vascas que no les corresponde.
La izquierda abertzale tiene derecho a ser legal y poder presentarse a las elecciones con sus propias siglas. La coalición formada con Eusko Alkartasuna, lava la cara a esta organización que ha estado aplicando una política de derechas junto con el PNV desde el departamento de educación y solo sirve para rebajar su programa electoral y eliminar de él la lucha por una Euskal Herria socialista que es la única forma en que se pueden resolver los problemas de la clase trabajadora vasca.
Los marxistas defendemos consecuentemente los derechos democráticos, porque gracias a ellos los trabajadores, la juventud, podemos expresarnos y actuar en mejores condiciones contra la opresión capitalista. Como la experiencia ha demostrado, el recorte de estos derechos con la excusa de “luchar contra el terrorismo” se ha convertido, en la práctica, en un ariete contra la libertad de expresión, de huelga, de organización y manifestación, y es utilizada recurrentemente contra la izquierda combativa.
Desde la Corriente Marxista El Militante defendemos la legalización de SORTU y BILDU y la inmediata derogación de la Ley de Partidos, el fin de todas las medidas de excepción judicial como la doctrina Parot o la dispersión de los presos, así como la persecución de las prácticas de torturas en comisarías y cuartelillos. En este sentido consideramos necesario que las organizaciones sindicales en Euskal Herria unan la lucha contra los recortes sociales a la lucha por los derechos democráticos y den continuidad a la huelga general del 27 de enero.
Los derechos democráticos de Euskal Herria y de las nacionalidades históricas del Estado español como el derecho a la autodeterminación sólo pueden verse satisfechos como parte de la lucha unida de la clase trabajadora por transformar la sociedad.
