El crimen ha vuelto a ser en Granada. Pero como los tiempos han
cambiado, esta vez el liberticida ha sido todo un demócrata, el alcalde
José Torres Hurtado, del PP, con el bochornoso apoyo del PSOE. Se trata
de la reaccionaria Ordenanza Cívica que ya está en vigor en la ciudad
de la Alhambra.
El crimen ha vuelto a ser en Granada. Pero como los tiempos han cambiado, esta vez el liberticida ha sido todo un demócrata, el alcalde José Torres Hurtado, del PP, con el bochornoso apoyo del PSOE. Se trata de la reaccionaria Ordenanza Cívica que ya está en vigor en la ciudad de la Alhambra.
Dicha normativa trata a los ciudadanos como seres necesitados de tutela, a los que se les dice qué pueden hacer, cómo y cuándo, regulando la convivencia a base de multas. Se prohíbe desde ejercer la prostitución o escupir hasta jugar al fútbol y practicar cualquier tipo de deporte en lo que llaman vía pública (recuerdo al señor alcalde que no todos tenemos piscina y pista de pádel en casa), y un largo etcétera de prohibiciones absurdas. Además, convierte a los agentes de la policía local en jueces, ya que deja a su criterio decidir qué acciones vulneran la ordenanza y sancionar en base a su criterio; por ejemplo, se prohíbe toda actividad sexual... ¿volveremos a ser multados por besarnos en un parque? También se prohíbe toda manifestación artística callejera, sea con ánimo de lucro o no, requisando la policía los medios utilizados, incluyendo instrumentos musicales. Esto último no debe preocuparnos en exceso, ya florecerán las empresas de dinamización sociocultural subvencionadas por el ayuntamiento que se encargarán de divertirse y expresarse por nosotros (¿será por estas cosas que los restos de Lorca no quieren aparecer?).
Agravar la marginación
Otra de las perversiones de la ordenanza es la nueva vuelta de tuerca en la criminalización y represión de las víctimas de la exclusión social, agravando la marginación que sufren. Se prohíbe alimentarse y dormir en la calle (la policía está requisando las mantas a los "sin techo"), la venta ambulante, toda transacción económica y la mendicidad, empujando así hacia la delincuencia como única manera de buscarse la vida. De hecho, las consecuencias si te pillan pidiendo son más duras que si te sorprenden cometiendo un hurto (jugada redonda, ya que esto permite seguir explotando el demagógico discurso sobre la inseguridad ciudadana y aumentar así, todavía más, las medidas de control social). Y no olvidemos que esto ocurre precisamente en un contexto de aumento de la exclusión social como consecuencia del paro y los recortes presupuestarios en los servicios sociales.
Primero cogieron a los marginados, y yo no dije nada porque yo no era un marginado. Pero reaccionemos, porque ya vienen a por todos. Esta normativa municipal supone un ataque a la libertad de expresión, prohibiendo la colocación de carteles, pegatinas y pancartas, prohibiendo también el reparto de panfletos y octavillas. De esta manera convierten la libertad de expresión en un derecho formal pero no de hecho, ya que para garantizar la difusión libre de ideas que no comulguen con el régimen nos vemos obligados a delinquir.
Esta oleada de autoritarismo municipal se está extendiendo por todo el estado, y no sólo en ciudades gobernadas por la derecha. Porque nos quieren solos, aislados en nuestras propias casas, buscando que la calle sea sólo un lugar de tránsito entre casa, el trabajo y el centro comercial. Los que ostentan el poder en la sociedad son conscientes de que la convivencia en la calle genera solidaridad, que al comunicarnos y sentir en común descubrimos nuestros problemas y nos organizamos, y por eso no quieren que se haga vida en los parques y plazas. Nos quieren echar de las calles, pero son nuestras. Sólo queda un camino, organizarnos y luchar, impulsar el movimiento vecinal. Las organizaciones de la izquierda, sindicales y políticas, especialmente IU , deberían jugar un papel fundamental en la lucha por los derechos civiles y políticos, revitalizando sus históricos vínculos sociales con los trabajadores. Pero para eso es imprescindible volver a la lucha en los barrios, dejando de pensar en los despachos.
Dicha normativa trata a los ciudadanos como seres necesitados de tutela, a los que se les dice qué pueden hacer, cómo y cuándo, regulando la convivencia a base de multas. Se prohíbe desde ejercer la prostitución o escupir hasta jugar al fútbol y practicar cualquier tipo de deporte en lo que llaman vía pública (recuerdo al señor alcalde que no todos tenemos piscina y pista de pádel en casa), y un largo etcétera de prohibiciones absurdas. Además, convierte a los agentes de la policía local en jueces, ya que deja a su criterio decidir qué acciones vulneran la ordenanza y sancionar en base a su criterio; por ejemplo, se prohíbe toda actividad sexual... ¿volveremos a ser multados por besarnos en un parque? También se prohíbe toda manifestación artística callejera, sea con ánimo de lucro o no, requisando la policía los medios utilizados, incluyendo instrumentos musicales. Esto último no debe preocuparnos en exceso, ya florecerán las empresas de dinamización sociocultural subvencionadas por el ayuntamiento que se encargarán de divertirse y expresarse por nosotros (¿será por estas cosas que los restos de Lorca no quieren aparecer?).
Agravar la marginación
Otra de las perversiones de la ordenanza es la nueva vuelta de tuerca en la criminalización y represión de las víctimas de la exclusión social, agravando la marginación que sufren. Se prohíbe alimentarse y dormir en la calle (la policía está requisando las mantas a los "sin techo"), la venta ambulante, toda transacción económica y la mendicidad, empujando así hacia la delincuencia como única manera de buscarse la vida. De hecho, las consecuencias si te pillan pidiendo son más duras que si te sorprenden cometiendo un hurto (jugada redonda, ya que esto permite seguir explotando el demagógico discurso sobre la inseguridad ciudadana y aumentar así, todavía más, las medidas de control social). Y no olvidemos que esto ocurre precisamente en un contexto de aumento de la exclusión social como consecuencia del paro y los recortes presupuestarios en los servicios sociales.
Primero cogieron a los marginados, y yo no dije nada porque yo no era un marginado. Pero reaccionemos, porque ya vienen a por todos. Esta normativa municipal supone un ataque a la libertad de expresión, prohibiendo la colocación de carteles, pegatinas y pancartas, prohibiendo también el reparto de panfletos y octavillas. De esta manera convierten la libertad de expresión en un derecho formal pero no de hecho, ya que para garantizar la difusión libre de ideas que no comulguen con el régimen nos vemos obligados a delinquir.
Esta oleada de autoritarismo municipal se está extendiendo por todo el estado, y no sólo en ciudades gobernadas por la derecha. Porque nos quieren solos, aislados en nuestras propias casas, buscando que la calle sea sólo un lugar de tránsito entre casa, el trabajo y el centro comercial. Los que ostentan el poder en la sociedad son conscientes de que la convivencia en la calle genera solidaridad, que al comunicarnos y sentir en común descubrimos nuestros problemas y nos organizamos, y por eso no quieren que se haga vida en los parques y plazas. Nos quieren echar de las calles, pero son nuestras. Sólo queda un camino, organizarnos y luchar, impulsar el movimiento vecinal. Las organizaciones de la izquierda, sindicales y políticas, especialmente IU , deberían jugar un papel fundamental en la lucha por los derechos civiles y políticos, revitalizando sus históricos vínculos sociales con los trabajadores. Pero para eso es imprescindible volver a la lucha en los barrios, dejando de pensar en los despachos.
