"PSOE e IU dan un vuelco total a la Ley de Memoria", "Un paso hacia una ley justa" y con titulares parecidos han calificado desde las direcciones del PSOE e IU el acuerdo alcanzado por ambos para desbloquear la tramitación de la Ley de Memoria, encallada desde que el PSOE presentó el borrador que no cumplía, ni de lejos, las expectativas generadas tras proclamar en 2004 la elaboración de una Ley de la Memoria Histórica de la que no ha quedado ni el nombre. Es cierto que algunos de los puntos que reforma el acuerdo son mejoras de una ley recortada en septiembre de 2006 por no hacer frente a las presiones de la derecha. Por ejemplo, se elimina el preámbulo que hablaba de "bandos en conflicto", igualando a víctimas y a verdugos, y el artículo que garantizaba el anonimato de los verdugos en el proceso documental y archivístico; también desaparece ese engendro denominado "Comisión de Notables", cuya función era decidir quién era y quién no una víctima del franquismo -y que no tenía futuro porque debía ser elegido con dos tercios de los diputados, es decir, con la aprobación, del PP-, ahora será el Ministerio de Justicia el que otorgue una especie de "certificado de buena conducta democrática".
Pero también es cierto, que estas pequeñas reformas no pasan de retocar los aspectos superficiales en los que se había cedido más escandalosamente a la derecha y que habían levantado ampollas dentro del propio PSOE, como en su momento se vio con la publicación de diferentes artículos de dirigentes socialistas (Luís Yánez y otros) pidiendo cambios en la tramitación de la ley.
Cuando entramos al verdadero meollo de la cuestión, vemos el punto estrella del nuevo acuerdo PSOE-IU: la "declaración de ilegitimidad del aparato judicial franquista". Parece que una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas, familiares, exiliados y de memoria histórica ha quedado satisfecha... pero no. Como se ha encargado de aclarar el gobierno, esta "declaración de ilegitimidad" es simplemente eso, una declaración, no tiene validez jurídica. No tiene absolutamente nada que ver con la reivindicación original de nulidad de los juicios del franquismo. De hecho, lo que sí parece es una maniobra, burda, para aparentar un paso adelante democrático en este terreno. El proceso que deberá seguir un represaliado o sus familiares es más o menos el siguiente: primero, solicitar el certificado al Ministerio de Justicia, si se lo dan reclamar jurídicamente (pagándose él mismo el abogado, procurador, etc.), intentando que alguna instancia judicial reconozca algún valor legal a esta nueva "declaración de ilegitimidad" del franquismo. Aunque podemos pronosticar que no tendrá mucha suerte: hasta ahora, los tribunales se han negado sistemáticamente a la revisión de sentencias, no sabemos por qué ciencia infusa van a pasar ahora, no a revisarlas, sino a anularlas. Hablamos en muchos casos, de ancianos en torno a los 90 años, y en muchos casos más de personas ya fallecidas sin familiares o con familiares sin recursos.
Por otro lado, no se ha avanzado un ápice en puntos como la eliminación de toda la simbología franquista que campa por ciudades, pueblos, iglesias, edificios públicos, etc. Tampoco hay nada nuevo en la cuestión de las exhumaciones de decenas de miles de fusilados en cunetas, tapias de cementerios, caminos y cuyos cuerpos pueblan cientos de fosas comunes. Algo en lo que algunos jueces estrella españoles se han especializado fuera de nuestras fronteras (Argentina, Chile, Guatemala...) pero que ninguno se ha atrevido a abordar aquí.
La conclusión es que estamos ante un nuevo ejemplo de adónde lleva la aceptación del capitalismo y la idea de que se puede gestionar de manera más democrática. Es cierto que la anulación del entramado judicial franquista, la limpieza del franquismo de nuestras calles, el levantamiento de decenas de miles de cadáveres, el abordar una enseñanza seria, racional, de la revolución española de los años treinta, la guerra civil y el franquismo es una tarea compleja, difícil. Pero no es menos cierto que de la forma en que el gobierno y la dirección del PSOE -y a la que se suma ahora la dirección de IU- pretenden hacerlo es absolutamente imposible. El actual aparato judicial es heredero directo de la dictadura y jamás aceptará la aprobación de una ley de este tipo. Si algo han demostrado estos tres años de gobierno (y podemos poner como ejemplo cualquier otro período de la historia) es que la táctica reformista de "apaciguar a la derecha", "no provocar a la reacción", sólo beneficia a la reacción. En la práctica, el reformismo siempre se queda a medias, envalentonando a la derecha sin ser capaz de articular un movimiento de masas que oponerle.
Para conseguir una auténtica Ley de la Memoria Histórica hay que basarse en la fuerza de la clase obrera y la juventud, legislar en el parlamento apoyándose en el movimiento real en la calle. Hoy estamos en las mejores condiciones de estos últimos treinta años para hacerlo, la derecha aparece nítidamente como lo que son: los herederos de la dictadura, hay una base real para levantar un movimiento de masas en el que apoyarse para homenajear de la mejor manera a los que hace setenta años osaron levantarse y luchar por construir el paraíso en la tierra.