La sucesión de acontecimientos de las últimas semanas en relación al enjuiciamiento del juez Garzón ha vuelto a poner de manifiesto una realidad que se quiere mantener oculta: sectores del aparato del Estado, y concretamente la judicatura en sus más altas instancias, siguen bajo el control de elementos reaccionarios y fascistas que defienden al franquismo.

Cuando Garzón decidió declararse competente en el caso de la localización y exhumación de una parte de los aproximadamente 150.000 asesinados en la represión que siguió al levantamiento fascista de 1936, se desató una ofensiva política y judicial tremenda desde la derecha para impedir que el caso se desarrollase.
Ha llegado a tal punto la implicación del aparato judicial, que el propio juez de instrucción del caso, Luciano Varela, ayudó a dichas organizaciones, dándoles una segunda oportunidad para corregir sus escritos de calificación, algo completamente irregular y que hubiera supuesto el fin del procedimiento, pero que para la Sala de lo Penal que juzga a Garzón son “excesos” insuficientes para anular el procedimiento.
Se ha hablado mucho de la “venganza contra un juez” y la actuación de la “derecha judicial” que busca tapar las vergüenzas del PP como la trama Gürtel. No hay duda de que existe un punto importante de verdad en estas valoraciones; pero estas no explican, ni mucho menos, la cuestión de fondo, es decir, por qué en el Estado español, después de 32 años de “libertades democráticas”, siguen sin poder investigarse los crímenes del franquismo; siguen existiendo decenas de miles de víctimas, no sólo enterradas en fosas comunes (de las que ya hay localizadas oficialmente 1.793), sino consideradas delincuentes a ojos de esa ley que se niega a investigar sus asesinatos; y por qué los nombres de los fascistas que practicaron esa política de exterminio siguen adornando calles, plazas, iglesias y monumentos.
La justicia en cualquier Estado capitalista es una justicia de clase. En el caso concreto del Estado español, además, se da la circunstancia de que el aparato judicial también es un auténtico coto franquista, que se mantuvo intacto después de la caída de la dictadura por los pactos de la “transición”.
Por este mismo motivo es necesario diferenciar entre lo que este caso ha revelado, y la idea de presentar a Garzón como el gran campeón de las libertades democráticas. En este punto, dejando claro que estamos absolutamente en contra de este juicio, hay que ser rigurosos y honestos. Garzón tiene una aureola de luchar por la justicia universal y algunos medios de comunicación le han otorgado muchos elogios como un juez progresista. Pero también hay otra cara, un lado profundamente negativo, como sus actuaciones judiciales respaldando una ley completamente antidemocrática como es la Ley de Partidos que, con la excusa de luchar contra ETA, recorta libertades políticas y será utilizada contra el movimiento obrero si pone en cuestión el capitalismo. Como es público y notorio, el juez Garzón también ha sido uno de los principales valedores de la teoría de que en Euskal Herria, todo lo que huela a euskera, independentismo, etc., “es ETA”. En base a esta se han llevado a cabo muchas encarcelaciones fraudulentas e incluso cierres de periódicos; acciones que suponen una grave vulneración de las libertades democráticas, tal como quedo demostrado con la sentencia sobre el caso Egunkaria. Luchar contra los franquistas, contra la reacción, por la depuración de estos elementos del aparato del Estado no nos obliga a encumbrar a un juez que también ha contribuido, en diferentes ocasiones, a limitar los derechos democráticos.

La transición y la Ley de la Memoria Histórica, dos oportunidades perdidas

En octubre de 1977 se aprobó la Ley de Amnistía por la cual, a cambio de “perdonar” a los encarcelados, torturados y perseguidos por luchar contra la dictadura, dejaba absolutamente impunes 40 años de represión franquista. Nunca jamás hubo en la historia reciente una ley de punto final semejante. En esa época los dirigentes reformistas de la izquierda en lugar de apoyarse en la enorme fortaleza del movimiento obrero y juvenil, auténtico protagonista de la lucha contra la dictadura, para haber llevado adelante la transformación socialista de la sociedad, en aras del consenso y de la política “realista” de lo posible, del “no provocar a la reacción” —argumentos que hoy vuelven a poner sobre la mesa—, aceptaron la lógica del capitalismo, la monarquía, la bandera, y su consecuencia obvia: que hoy en día las altas instancias de la judicatura estén plagada de los mismos jueces que ya ejercían en el franquismo.
Tras la victoria electoral de Zapatero en 2004 parecía que por fin la reivindicación de “verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo” se iba a abordar. Pero las esperanzas fueron de nuevo frustradas. Ningún punto fundamental de las reivindicaciones de las víctimas ha sido satisfecho en la ley que se aprobó en 2007. De hecho, queda explícitamente restringida la participación de los poderes públicos en el proceso de exhumación de cadáveres, algo básico si se quiere realmente investigar los crímenes, y que han tenido que costear las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica. Ahora con la llegada al Gobierno del PP, en cuyas filas participan los herederos directos e incluso aún responsables directos de la represión franquista, el futuro de dicha exhumaciones peligra con la más que probable derogación de la Ley de la Memoria Histórica y de las limitadas ayudas que conllevaba. 
En los últimos años hubiera sido posible impulsar, desde el PSOE, IU, CCOO y UGT, un fuerte movimiento a favor de una ley justa, tal como reclamaban a las asociaciones en defensa de la memoria histórica. Existía un sentir mayoritario entre la población contra la derecha, el mayor desde la transición. Pero en lugar de eso los dirigentes de la izquierda volvieron a caer en el viejo error de “no provocar a la reacción”. Por este camino está descartado investigar ningún crimen del franquismo ni depurar la justicia de elementos fascistas.