Un recorrido por la vida de algunos de los que están machacando las condiciones laborales de los empleados públicos
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones públicas
El ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, se ha arrogado para sí la ingente labor de disciplinar a los empleados públicos. El mismo que entre cartera y cartera utiliza los conocimientos, experiencia y contactos adquiridos para asesorar fiscalmente a honorables contribuyentes interesados en pagar a Hacienda lo menos posible, o no pagar. Siempre, eso sí, dentro de la más estricta legalidad. También asesora sobre inversión en infraestructuras. No en vano a él le debemos la introducción de la financiación público-privada en las autopistas de peaje. Cuando ejerce de ministro, sin embargo, sus principios mutan. Ahora nos arenga con que si pidiésemos las facturas con IVA y declarásemos todo lo que ingresamos, él no se vería obligado a subir los impuestos (IVA e IRPF). Pero los impuestos que han dejado de pagar los clientes a los que él asesoró ya es otro cantar. Mientras advierte que no hay dinero para pagar las nóminas de los empleados públicos, cobra 1.800 euros en concepto de dieta por alojamiento, pese a tener casa en Madrid (y no una, sino tres), que para eso sobra pasta. Es este ejemplo de ética, dignidad y servicio al interés público el que nos va a disciplinar. Queda claro que no será con el ejemplo.
Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Xunta de Galicia
Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Xunta de Galicia, es el firmante de la delirante evaluación de impacto ambiental que justificó el embalse del Umia, uno de los mayores atentados ecológicos de la historia de Galicia y actual problema de salud pública.
En la citada evaluación, Hernández se refería a este lugar como “un paraje sobrevolado por el buitre negro y el águila imperial, y frecuentado por el meloncillo, abejarucos y gallipatos” (especies jamás vistas en Galicia). Demostrando su dedicación al trabajo, el señor Hernández “cortó y pegó” un informe elaborado por otra administración para la provincia de Huelva.
Esta canallada escandalosa y sobradamente conocida no fue impedimento para su designación como conselleiro de Medio Ambiente y Obras Públicas por el señor Núñez Feijoo. En su defensa, decir que el juez justificó su actuación por haber sido realizada en interés de Galicia (para poder recibir una subvención europea). Según esto, la posibilidad de ascenso de un funcionario en la jerarquía administrativa es directamente proporcional a la cuestionabilidad de su actuación, donde la falta de escrúpulos se convierte en el mérito preferente.
Al frente de la Consellería sigue certificando como terminadas obras apenas empezadas, realizadas por empresas constructoras donde trabajó como directivo. De hecho, el señor Hernández entre cargo y cargo en las Xuntas del PP, asesora a grandes constructoras que se benefician de generosos contratos con la Administración, como el Hospital de Vigo.
