Hace dos años los trabajadores de la empresa Inagra, concesionaria del servicio de recogida de basuras, aceptaron firmar un acuerdo en el que se asumía una reducción salarial del 7,5% con el fin de evitar el despido de 90 trabajadores. Sumada a la congelación salarial de 2009, los trabajadores perdieron en total un 8,3% de poder adquisitivo. Esta fue la salida “realista” que en aquel momento ofrecieron las direcciones sindicales.
Dos años después, envalentonada por la reforma laboral, y amparándose en una supuesta reducción de la concesión de 3,3 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Granada (que tiene el 20% de las acciones de Inagra), la empresa volvió al ataque durante la negociación colectiva. Esta vez exigía una nueva reducción salarial del 5% entre 2012 y 2013, y la ampliación de la jornada a 37,5 horas semanales (lo que implicaba eliminar los descansos). Lo que buscaba la empresa era mantener intacta su tasa de beneficios, cargando los recortes del ayuntamiento sobre los hombros de los trabajadores.
El conflicto se inició el 7 de enero, con un seguimiento de prácticamente el 100% de la plantilla, y rápidamente adquirió una gran repercusión. Tanto, que se ganó no sólo la simpatía de los trabajadores, si no también del pequeño comercio, que se pronunció públicamente en un comunicado de sus asociaciones cargando contra el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, acusándole de promover el conflicto laboral, pues ya existía un acuerdo entre el gobierno local y la empresa y, por tanto, no era necesario una reducción del presupuesto para la concesión.
En este contexto, y ya con más de 1.500 toneladas de basura, los medios de comunicación locales y estatales iniciaron una ofensiva ideológica y llenaron sus páginas de noticias sobre las repercusiones económicas que tendría la huelga sobre una ciudad turística como Granada. El día 16, la patronal aireó las nóminas de los trabajadores, planteando que sus condiciones laborales (que habían sido producto de años de lucha) eran demasiado buenas. Inagra era consciente de que la tasa de paro de Granada es elevadísima (la tercera de España) y pretendía dividir a la clase trabajadora granadina, presentando a los trabajadores como privilegiados e inflexibles. A partir de ahí las presiones se elevaron. El Gobierno central intervino ofreciendo todo su apoyo al alcalde cuando éste amenazó con recurrir al ejército (Tribunamunicipal.es, 16/01/13) para solucionar el problema de la basura.
Pese a ello, ese mismo día la asamblea de trabajadores votó no a la nueva propuesta de la empresa: reducción salarial del 2,5% y congelación salarial hasta 2015. Finalmente, el 20 de enero, los trabajadores aceptaron la firma de un acuerdo muy similar al anterior.
Había fuerza para ganar
Si los trabajadores aceptaron esta oferta no fue porque “se ha explicado con más detenimiento para que todo el mundo conozca las pérdidas, pero también las ventajas de ese acuerdo”, como lamentablemente afirmó Martín Ángel Ruiz, de la dirección de UGT en Inagra. Si se ha aceptado este acuerdo se debe a que los dirigentes sindicales han renunciado a mantener la lucha hasta el final. En lugar de llegar a un acuerdo lesivo para los intereses de los trabajadores, el comité de empresa tenía que, basándose en la demostrada determinación de luchar de la plantilla, haber planteado un plan de lucha llamando a la solidaridad del resto de trabajadores, formando comités de apoyo en todos los barrios, realizando asambleas en los barrios, en otras empresas en lucha y en la universidad, repartiendo masivamente hojas explicativas al conjunto de la población, y finalmente, organizando una huelga general provincial de todos los servicios de limpieza, que incluyera entre sus reivindicaciones la municipalización sin indemnización de estas empresas bajo control de los trabajadores. De esta manera se habría podido contrarrestar toda la campaña de intoxicación informativa lanzada por el ayuntamiento y la patronal, y se habrían sentado las bases para una victoria.
