Después de siete meses de Administración Trump 2.0 la pregunta de si el presidente de EEUU era un outsider del sistema ha quedado despejada. Contando con el respaldo absoluto del Partido Republicano, basándose en el control del Congreso, del Senado y de la Corte Suprema, con el apoyo fanático de los grandes multimillonarios de Silicon Valley, Trump se ha convertido en una baza crucial para un amplio sector de la clase dominante norteamericana que busca aumentar su tasa de beneficios y recuperar la iniciativa en la lucha por la hegemonía.
Pocas dudas quedan de que esta legislatura no será una mera repetición de sus primeros cuatro años en la casa Blanca. Trump ha decidido utilizar a fondo su apoyo electoral para desembarazarse de los controles y limites que la propia institucionalidad burguesa pudiera imponer a su agenda.
También ha quedado claro que esas mamarrachadas de que Trump no tiene ideología, o que simplemente es un defensor del “libre mercado”, carecen de base alguna. Los hechos, tozudos, demuestran que sus ideas son muy cercanas a las de los líderes totalitarios de extrema derecha que pulularon en el siglo XX: la demagogia populista, el racismo y la xenofobia, el militarismo, el odio a los derechos de las mujeres y de las minorías, al socialismo y el comunismo y, por encima de todo, la defensa implacable de un orden capitalista en crisis utilizando la brutalidad policial y la amenaza militar. Por más que se esconda tras un discurso antiestablishment, como hacen todos los líderes de extrema derecha en el mundo, Trump es su jefe de filas incuestionable.
“One Big Beautiful Bill”. Un gran y hermoso presupuesto… ¡represivo y de recortes sociales!
Su agresividad en el plano internacional, apoyando sin fisuras el genocidio sionista contra el pueblo palestino, lanzando una guerra comercial contra sus aliados tradicionales, o dando forma a los planes de rearme militar en Occidente más importantes desde la Segunda Guerra Mundial, tienen su correspondencia en la manera de conducir la gestión de los asuntos domésticos.
El líder de la ultraderecha global no duda en actuar en los límites de la legalidad burguesa y, cuando lo necesita, superándolos. Trump está recurriendo constantemente a medidas bonapartistas para llevar a cabo su programa, a base de directivas y decretos presidenciales, y apoyándose en leyes represivas, anteriores o creadas ad hoc, que no se pueden tomar a la ligera. Con todo este arsenal está fortaleciendo un aparato policial y militar que saca a las calles de numerosas ciudades para sembrar el terror y romper la resistencia popular a sus planes.
Empezando por el indulto a todos los escuadristas de extrema derecha que participaron en la toma del capitolio de 2021, sumados a los 170 decretos firmados hasta el 18 de julio, Trump ha iniciado una guerra sin cuartel contra los inmigrantes, activistas, trabajadores y pobres de EEUU.
La lista de medidas es tan amplia que cuesta enumerarla en este espacio. Desde la persecución política a las universidades y el arresto e intento de deportación de activistas que han mostrado su solidaridad con el pueblo palestino; pasando por la depuración e intervención de departamentos federales, altos cargos de la Administración y los recortes presupuestarios; y, por lo que representa, con el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Washington DC, y previsiblemente en Chicago, que complementan su caza del inmigrante y el fortalecimiento del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
El otro vértice de su estrategia ha quedado claro en su nueva reforma presupuestaria, aprobada por la mayoría de la Cámara de Representantes en el mes de julio.
Con esta ley establece beneficios fiscales permanentes por valor de 3,8 billones de dólares, que favorecen abrumadoramente a las grandes corporaciones, bancos, fondos de inversión y a los superricos. Paralelamente, la ley recorta 930.000 millones de dólares de Medicaid y 285.000 millones en asistencia alimentaria. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, esto supondrá que 11,8 millones de personas perderán su cobertura médica, y casi 11 millones, incluidos 4 millones de niños, podrían perder el acceso a la ayuda alimentaria.
Por otro, sienta las bases para el mayor presupuesto en defensa del mundo, ya que incluye 170.000 millones de dólares adicionales para la llamada "seguridad migratoria", y una partida extra de 150.000 millones en gasto militar para este año, que se sumaría al presupuesto de casi un billón de dólares para el Pentágono aprobado previamente.
Militarizar las calles y sembrar el pánico entre la población inmigrante
La policía del ICE se ha convertido en una fuerza paramilitar compuesta, en una gran medida, por elementos abiertamente fascistas. Campan con impunidad por las calles de EEUU persiguiendo indiscriminadamente a cualquier persona inmigrante, a las que hostigan y detienen violentamente para trasladarlas a cárceles y campos concentración desde los que deportarles. Armados hasta los dientes, encapuchados y sin identificar, las imágenes de este cuerpo policial recuerdan a cómo actuaba la Gestapo contra la comunidad judía en la Alemania de los años treinta.
Pero para Trump no es suficiente. Quiere seguir fortaleciendo su brazo armado a golpe de talonario, y con el respaldo de 76.500 millones de dólares en nuevos fondos aprobados por el Congreso (casi diez veces su presupuesto anual anterior) pretende seguir ampliando este particular ejército de fanáticos ultras con la contratación de 10.000 nuevos agentes (ahora mismo cuenta con unos 6.500). Para ello ha establecido varias iniciativas de reclutamiento, que incluyen bonificaciones por contratación de hasta 50.000 dólares; programas de reembolso de préstamos estudiantiles, un auténtico chantaje teniendo en cuenta que su reforma presupuestaria incluye la eliminación de 320.000 millones de dólares en condonación de la deuda estudiantil; y la recontratación de jubilados como parte de la “Operación Regreso a la Misión”, que permite a los antiguos agentes conservar sus prestaciones de jubilación mientras reciben un nuevo salario.
Esta nueva fuerza paramilitar es clave para su estrategia autoritaria, y está dispuesto a dotarla con plenos poderes. Trump ha facilitado al ICE el acceso a los datos personales de 79 millones de beneficiarios de Medicaid a través de los cuales podrán ubicar y deportar a inmigrantes. Además, ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda la orden de un juez de California que prohibía los arrestos basados en factores como hablar español o trabajar en la construcción. Perfiles raciales utilizados como guía para detener a jóvenes y trabajadores en los barrios, lugares de trabajo, escuelas, e incluso en los tribunales de inmigración y oficinas de apoyo gubernamentales a los que son citados con artimañas. Los vídeos y los testimonios de los detenidos y sus familias son sobrecogedores.
🔥🔥🔥 Today at 26 Federal Plaza, 12 masked and armed ICE agents wait two hours outside an immigration court, only to rip a father from his wife and children. They don’t tell them why they’re being arrested and put into detention then deported. NO #dueprocess pic.twitter.com/atN3WdPvSm
— Sandi Bachom 📹 (@sandibachom) August 21, 2025
Si imponer un régimen del miedo y acostumbrar a la población a la militarización de las calles es claro, el odio de Trump a los inmigrantes choca con un límite: que el sistema productivo sigue necesitando mano de obra barata, sumisa y sin derechos laborales para que la acumulación de capital continúe.
Actualmente la comunidad migrante es parte de la columna vertebral de la economía estadounidense: supone el 90% de la fuerza laboral agrícola y el 30% de la construcción. Por eso, a pesar de los deseos de Trump de deportar a 15 millones de inmigrantes, no podrá hacerlo. Así que los esfuerzos por fortalecer la ICE responden también a un objetivo de primer orden: dividir a la clase trabajadora en líneas raciales, y justificar la idea de que los bajos salarios y la pérdida de derechos laborales es también responsabilidad de los inmigrantes. La deshumanización de nuestros hermanos y hermanas de clase es fundamental para que toda esta demagogia mezquina pueda cumplir su función política.
El ICE es una parte. Pero en estos meses hemos asistido a otro movimiento de fondo. El envío de miles de marines, militares y guardias nacionales a Los Ángeles para contener las movilizaciones masivas que se organizaron en junio contra las detenciones masivas de inmigrantes. Durante semanas Trump militarizó las calles de California para sofocar las manifestaciones multitudinarias, pero el efecto que consiguió fue el contrario: el 14 de julio millones de personas salieron a luchar contra esta ofensiva represiva con 2000 acciones en más de 200 ciudades de todo el país.
Obviamente la apuesta de Trump es alta, y no va a dejarse amilanar fácilmente. El pasado 11 de agosto firmó una nueva orden ejecutiva para desplegar a la Guardia Nacional en Washington D.C. y poner a la policía local de la capital bajo su mando directo, como parte de un plan para “liberar” la ciudad de personas sin hogar y de la delincuencia. Lo hacía con estas palabras que publicó en redes sociales:
“¡Washington D. C. será LIBERADA hoy! La delincuencia, el salvajismo, la inmundicia y la escoria DESAPARECERÁN. ¡Voy a HACER QUE NUESTRA CAPITAL SEA GRANDE DE NUEVO!”
Una ley de 1973 otorga al presidente de EEUU la posibilidad de intervenir la capital política del país, pero limitada a un periodo máximo de 30 días. Sin embargo, Trump ya ha anunciado que solicitará al Congreso que extiendan el control federal más allá de los 30 días, en un desafío abierto al Partido Demócrata y a las propias leyes federales. Y si quedaba alguna duda de sus intenciones amenaza con militarizar otras ciudades como Chicago.
Por su parte, los representantes del Partido Demócrata siguen limitándose a responder con declaraciones retóricas y confiando en la vía judicial para frenar estas agresiones.
Es el caso de Muriel Bowser, la alcaldesa demócrata de Washington DC, que describió el decreto de Trump como “inquietante y sin precedentes”, para posteriormente llegar a sugerir que la intervención federal podría beneficiar a la ciudad: “El hecho de que tengamos más fuerzas del orden y presencia en los vecindarios puede ser positivo”.
Los demócratas están demostrando que son parte del problema y no de la solución. Se pudo comprobar en junio, cuando el Gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, que se presentaba públicamente como un defensor de los inmigrantes, no se cortó ni un pelo a la hora de enviar a la policía del estado, en coordinación con la Guardia Nacional y la Highway Patrol, para reprimir con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras al movimiento antirracista que se levantó contra el ICE, con el resultado de 70 personas heridas.
Hablamos de una formación política histórica de la burguesía estadounidense con un largo expediente de agresiones a la clase obrera, de privatizaciones masivas, medidas fiscales a favor de los ricos, intervenciones militares y apoyo al genocidio sionista bajo la Administración de Biden.
Los Demócratas han participado, mano a mano con el Partido Republicano, en la elaboración y puesta en marcha de las políticas racistas y represivas que han abierto camino a las de Donald Trump. Fueron los Gobiernos de Biden y Obama los que lograron batir récords de deportación de inmigrantes, en un número incluso superior al que lleva Trump, y los que mantuvieron muchas de las leyes y medidas que este utiliza ahora.
Primero vinieron por los inmigrantes, luego por toda la clase obrera y la juventud
«Miembros del Congreso e incluso expresidentes han abrazado abiertamente creencias viles como el socialismo, el marxismo y el comunismo puro y duro».
«Las personas sin hogar tienen que mudarse INMEDIATAMENTE. Les daremos lugares donde irse, pero LEJOS de la capital. Los criminales, no es necesario que se muden. Les vamos a meter en la cárcel donde merecen estar. Todo va a pasar muy rápido, como en la frontera».
Estas declaraciones de Trump lo dejan claro: quiere acabar, cueste lo que cueste, con la izquierda, el comunismo, la protesta social, la inmigración, quienes levantaron el Black Lives Matter, las mujeres que respondieron en las calles a su elección como presidente, las personas sin hogar y con el conjunto de la clase obrera y la juventud. Y no está solo en esa guerra. Cuenta con un sector cada vez más amplio de la clase dominante estadounidense e internacional, así como con la admiración y el apoyo de los partidos y elementos de la ultraderecha de todo el mundo, los mismos que abrazan el genocidio de Netanyahu al pueblo palestino, porque quisieran hacer lo mismo en cada uno de sus países.
Por eso la respuesta y la solidaridad de clase con la que se ha respondido a Trump es tan valiosa. Por un lado, en los barrios obreros, en los que se han organizado miles de personas para alertar de las redadas racistas, ayudar a los inmigrantes perseguidos y señalar y denunciar a los miembros del ICE cuando intentan llevar detenidos a los vecinos. Por otro, con las movilizaciones de millones en las calles.
Cada envite de este Gobierno reaccionario está siendo respondido con movilizaciones masivas, enfrentando una represión salvaje como la que vimos en Los Ángeles y posteriormente en las movilizaciones de No Kings Day[1].
Aún sin una dirección revolucionaria al frente, sin una organización que canalice toda esta fuerza y toda esta rabia, la negativa de millones de jóvenes, de trabajadores y trabajadoras, estadounidenses y migrantes, a sucumbir bajo el yugo trumpista muestran todo el potencial para barrer a este reaccionario y sus políticas.
Necesitamos un partido militante de la clase obrera estadounidense, que rompa definitivamente con los Demócratas, y que levante la bandera de la revolución socialista. La fuerza de estas movilizaciones, agrupando la solidaridad de los trabajadores migrantes y nativos, uniendo a los sectores más oprimidos de nuestra clase, muestra que es totalmente posible.
[1]El levantamiento contra el racismo trumpista es imparable y se extiende por todo EEUU ¡No kings day! Nueva jornada de manifestaciones multitudinarias en EE.UU
