Desgraciadamente el miércoles pasado nos hemos encontrado con otro asesinato de una mujer, a manos de un maltratador asesino que tenía nada menos que 4 condenas por violencia de género.
Se ha hablado en los medios de comunicación de que, en este caso, la valoración del asesino era MEDIA, como se puede comprobar una valoración sumamente baja teniendo en cuenta el lamentable desenlace de los acontecimientos. Pero seguramente la mayoría de la gente no sabe cómo, desde las dependencias policiales, se hace la valoración del riesgo. Desde mi experiencia como psicóloga forense en los juzgados de violencia de género, lo voy a explicar: se hace a través de un cuestionario informático estándar cuyas preguntas, tipo test, se dirigen a la víctima por parte de policías no especialistas en violencia de género (no hace falta especialización alguna al tratarse de un test informático) y, SIN VER EN NINGÚN MOMENTO AL DENUNCIADO.
Cualquier especialista en la conducta humana estará de acuerdo conmigo en que, para evaluar las conductas presentes y prever las futuras, trabajo nada sencillo para el que se requiere formación y experiencia acreditada, es imprescindible ver a la persona y evaluar sus respuestas a las preguntas que se le formulen (que no pueden ser iguales para todos), su lenguaje, sus gestos, sus cambios emocionales, la veracidad del relato y otras muchas cosas que no se pueden evaluar a distancia, sin tener un contacto directo con el evaluado.
Cuando tengo que peritar a un supuesto maltratador en los juzgados, la mayoría de las veces me quedo perpleja sobre la valoración de riesgo que hacen en las comisarías de policía. He llegado a ver a psicópatas muy peligrosos con riesgo bajo, lo que no me extraña, teniendo en cuenta que nunca se les ha evaluado personalmente.
Pero, ¿cómo se puede solucionar esa importante deficiencia para impedir más asesinatos?. De una sola manera: creando plazas de profesionales que, en el momento de producirse los hechos, evalúen a fondo tanto a la víctima como al presunto maltratador. Eso sí, profesionales con una formación adecuada y con una experiencia contrastada que, con una evaluación seria y minuciosa, puedan alertar a la autoridad judicial sobre los riesgos que corre la víctima.
Y, ¿por qué no se implementan dichas medidas?. Pues muy sencillo, por falta de presupuesto, porque estas medidas suponen puestos de trabajo especializados que hay que pagar. Y parece ser que, cuando se habla del Pacto de Estado para la Violencia de Género, al Gobierno se le olvida ese “pequeño” detalle.
Si desde el gobierno se quiere erradicar la lacra de la violencia de género, lo primero que ha de hacer es dedicar una partida presupuestaria suficiente para atender a las víctimas porque, de lo contrario, seguiremos manifestándonos, poniendo flores en sus tumbas, dedicando minutos de silencio, pero nada habrá cambiado y las mujeres seguirán siendo asesinadas.
