¡Aborto libre, gratuito, seguro y en la sanidad pública!
El pasado 22 de enero, pocos días antes de abandonar el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa hacía público uno de los aspectos que recoge la reforma de la ley del aborto que este ministerio está preparando: que los abortos que se realicen hasta la novena semana de gestación sean por métodos farmacológicos.
El procedimiento consiste en lo siguiente: ingerir un primer fármaco que detiene el embarazo y transcurridas 48 horas se toma un segundo que expulsa “el saco gestacional del útero”, provocando cólicos y sangrados que pueden durar entre una y dos semanas.
El objetivo de los impulsores de esta iniciativa es que llevemos a cabo el proceso en nuestro propio domicilio, con una muy limitada supervisión facultativa. Aunque para el ya exministro esto no supone ningún problema ya que, según dice, este método conlleva unas complicaciones inferiores al 5%, la realidad es bastante diferente. Un estudio presentado en 2014 por la Asociaciónn de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), las complicaciones registradas (desde más o menos leves a graves) en el aborto farmacológico son de un 20,5%. En este mismo estudio se explica que en torno al 20% de las mujeres que deciden abortar prefieren hacerlo con fármacos porque se considera un método menos intrusivo.
Desde Libres y Combativas defendemos la libertad de elección de cada persona a la hora de escoger la forma de interrupción voluntaria del embarazo con la que se sienta más cómoda y segura. Pero los objetivos de la reforma de la ley del aborto del Gobierno nada tiene que ver con esto. De hecho, la intención del ministerio es que, si no se detecta una contraindicación médica importante, la única opción que tengamos para interrumpir el embarazo en las primeras nueve semanas sea mediante fármaco.
Incrementar drásticamente el presupuesto para la sanidad pública para poner fin a la saturación hospitalaria
Parece ser que a los responsables sanitarios del Gobierno central les importa muy poco nuestra seguridad o nuestras preferencias en una cuestión tan sensible, trascendental y traumática para nosotras: el 80% de quienes se plantean abortar consideran que el quirófano es el método más rápido, seguro y menos doloroso.
El único fin que buscan mediante esta reforma es disminuir la saturación hospitalaria y costes sanitarios derivando a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo… a casa.
De hecho, ni siquiera se molestan en tratar de ocultarlo. Este fue el principal argumento utilizado por Illa cuando presentó la medida: aliviar "la saturación de las instalaciones quirúrgicas en el sistema público que hacía que la demanda se reorientara hacia el sector privado", dijo.
Efectivamente, según datos del Ministerio de Sanidad, el 85% de las interrupciones voluntarias de embarazos se realizan en instalaciones privadas costeadas por el Sistema Nacional de Salud, a través de las comunidades autónomas.
¿Cómo pretende acabar el Ministerio de Sanidad con esta situación? ¿Cómo se propone poner fin a que los abortos tengan que practicarse en clínicas privadas? ¿Invirtiendo el dinero que la sanidad pública necesita? ¿Garantizando que esta cuenta con los recursos humanos y materiales que una sanidad pública de calidad requiere? ¡Nada de eso!
Además, no sólo se nos envía a nuestras casas para que abortemos sin la supervisión de un profesional, es que tampoco se está tomando ninguna iniciativa seria para impedir que los médicos más reaccionarios sigan condicionando nuestro derecho a abortar a través del recurso de la objeción de conciencia.
Por supuesto, entre los argumentos para defender la implantación general del método farmacológico, no faltan los orientados a censurar y señalar a las mujeres que se plantean abortar. Salvador Illa insistió en que también se trata de “que exista una mayor concienciación sobre el tema”, así como disminuir el número de mujeres repetidoras y de interrupciones voluntarias a una cifra "más acorde con las características sociales de nuestro país”.
Son la precariedad laboral, el paro y la falta de perspectiva de futuro, el miedo a ser despedidas si nos quedamos embarazadas… a las que este sistema condena a millones de mujeres, lo que empuja a muchas de nosotras a plantearnos interrumpir nuestro embarazo. Esto es lo que un ministro de sanidad de un Gobierno que se autodefine como de izquierda y feminista debería señalar en primer lugar, para seguidamente adoptar medidas decisivas para acabar con esta situación.
Por otro lado, el Gobierno PSOE-UP continúa teniendo una gran tarea pendiente. La mejor manera de concienciar sobre el derecho al aborto es tratando este tema abiertamente en los centros educativos. Y para ello necesitamos poner en marcha una asignatura de educación sexual en los centros de estudio como venimos reclamando insistentemente desde Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado la medida anunciada por Illa en sus redes sociales pero no bastan los tweets. Defender los derechos de las mujeres y luchar consecuentemente para que no haya ni un solo retroceso en lo que hemos conquistado pasa por hacer una oposición real a esta medida, a basarse en la movilización en la calle, en la fuerza del movimiento feminista para que no se lleve a cabo.
Este 8 de marzo volveremos a levantar la bandera de la lucha. Contra la violencia machista, la justicia patriarcal y en defensa de un aborto seguro, efectivo y con acompañamiento médico especializado, 100% gratuito y libre.
