Salvados emitió hace unos días un programa dedicado al aborto que no dejó indiferente a nadie. Los relatos en primera persona de la carrera de obstáculos, además del maltrato psicológico, la falta de medios y el abandono que miles de mujeres sufren cuando deciden interrumpir sus embarazos, helaba la sangre de cualquiera.
Doce provincias no practican abortos en la sanidad pública desde 2015
Con la Ley del Aborto actualmente en vigor, aprobada en 2010 bajo el Gobierno del PSOE, el movimiento arrancó una gran conquista. Por fin se eliminaba la obligatoriedad de que las mujeres tuvieran que pasar por el psiquiatra para obtener un informe que acreditase que estaba en riesgo su salud mental (requisito indispensable en la ley anterior de 1985 para poder abortar). Es decir, se aprobaba que las mujeres pudieran decidir la interrupción del embarazo libremente y no por prescripción de nadie, y que este derecho se pudiera ejercer desde los 16 años hasta la semana 14.
El PP trató de echarla abajo para devolvernos a una legislación aún más reaccionaria que la del año 85. Se encontró de frente con decenas de miles de mujeres que respondimos con movilizaciones masivas hasta que en septiembre de 2014, hicimos dimitir a Gallardón como Ministro de Justicia, y echar atrás su reaccionaria reforma de Ley del Aborto.
Sin embargo, ¿tener esta ley garantiza realmente nuestro derecho al aborto?
Claudia, una mujer murciana que vivió en primera persona lo que es la norma para cualquier mujer de Murcia que quiera abortar, explicaba su experiencia: no pudo hacerlo a través de la sanidad pública porque todas las interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a clínicas privadas o a otras CCAA. Desde el hospital público Virgen de la Arrixaca (Murcia), Claudia acabó en una clínica privada en Madrid provocando una demora de dos semanas más en la interrupción del embarazo. En ese tiempo seguía notando a su bebé sabiendo que no seguiría adelante: "Cada patada era una puñalada".
Lamentablemente el caso de Claudia es uno de tantos en el Estado Español, donde a pesar de que abortar es un derecho legislado hay Comunidades Autónomas cuyo sistema de Salud Público, no practica abortos. Los datos son escalofriantes: hay 12 provincias, históricamente gobernadas por la derecha del PP y ahora también de Vox, donde no se han realizado abortos desde 2015, y 8 en los que no se ha hecho desde 1988. Algo que por supuesto no se corresponde con la suma total de las peticiones de interrupción voluntaria del embarazo realizadas en cada una de estas provincias en los últimos 31 años, que son un total 66.358, que han sido derivadas a otras provincias diferentes.
La Iglesia y la reacción nos maltratan por querer decidir sobre nuestras vidas y cuerpos
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), denuncia que grupos ultracatólicos como Hazte Oír o Derecho a Vivir dedican buena parte de sus recursos a coaccionar a las mujeres que acuden a interrumpir sus embarazos. En su último informe, el 89% de mujeres declaró alguna forma de acoso por parte de estos grupos y un 67% de ellas se sintió amenazada durante los procesos médicos. Además, usan otros métodos más sibilinos, pero terriblemente crueles como invitar a las chicas a un café o un desayuno, dado que si ingieren algo antes de la intervención no se puede llevar a cabo. Esto obliga a la paciente a pasar por el calvario de volver otro día.
Es decir, que las mujeres que deciden abortar, una decisión muy dura y que tiene consecuencias físicas y psicológicas muy importantes, tienen que pasar además por una auténtica tortura física y emocional. ¿Cómo es posible que estos grupos católicos puedan utilizar la violencia psicológica más cruel contra nosotras con total impunidad? La respuesta lamentablemente está clara: por el poder político, ideológico y económico de la Iglesia católica en el Estado español. Un poder heredado de la dictadura que tiene tentáculos en el aparato del Estado y sus instituciones a través de jueces, fiscales, médicos, políticos…
La Iglesia y la reacción nos quieren calladas y sumisas, en nuestras casas, como madres de familia, sin posibilidad de emanciparnos, y por ello se niegan a aceptar el derecho al aborto y utilizan cualquier baza para ello: llamarnos asesinas, malas madres, malas mujeres… Y se reservan la mal llamada objeción de conciencia de los médicos para que cuando logramos pasar todos los obstáculos, el médico nos pueda decir que no, que él o ella no nos va a realizar el aborto, y por tanto a respetar nuestra decisión, porque se lo impide su “conciencia cristiana”.
Muy ilustrativa de esta realidad es la entrevista que Gonzo realiza en Salvados a Juan Luis Delgado, jefe del departamento de Medicina Materno Fetal del Hospital Público Virgen de la Arrixaca, que se presenta como “ginecólogo cristiano” y objetor de conciencia: explica que la sanidad pública en Murcia no realiza abortos, justificándolo de facto porque la mayoría de médicos de la región son objetores. También explica que cuando una paciente manifiesta su deseo de abortar es derivada a una clínica privada donde, tal como finalmente deja claro, la atención sanitaria es muy inferior a la de la pública. De hecho, aquellas mujeres que deciden abortar y son expulsadas del sistema público, le cuentan sus experiencias traumáticas en la consulta. A pesar de ello, afirma que él solo sigue el protocolo y, que sabiendo lo que sucede, lo único que puede hacer es “comunicar las incidencias y recomendar a sus pacientes que escriban cartas de quejas”.
Por supuesto la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia conoce perfectamente dichas atrocidades y utiliza el derecho a la objeción de conciencia de los médicos que no quieren practicar el aborto para seguir derivando pacientes a la privada. ¿Cómo es posible? ¿Acaso nuestro derecho a un aborto seguro, gratuito y dentro del sistema público está supeditado a la objeción de conciencia del médico o la médico de turno? ¿Nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo desaparece si entra en conflicto con las directrices de la Iglesia católica? Según la Ley no debería ser así. [1]
El negocio millonario de las clínicas privadas
¿Se pueden garantizar nuestros derechos sin medios humanos y materiales, al margen del sistema público, cuando hay negocios millonarios a costa de nuestra salud y de nuestras vidas? ¿Que haya leyes que protegen nuestros derechos es suficiente si la justicia, las instituciones y el aparato del Estado están plagados de machistas y franquistas que las controlan y se niegan a respetarlos?
La razón de no realizar abortos en la sanidad pública no es solo por motivos ideológicos, sino también económicos: las clínicas abortivas son un negocio muy lucrativo para la patronal de la sanidad privada. Según los últimos datos del Instituto de Política Familiar del Estado Español, de los 108.690 abortos que se produjeron en 2013, 9.745 se practicaron por la sanidad pública, lo que apenas supone un 9% del total. Esto supuso en torno a 43 millones de euros de ingresos para las clínicas privadas, tal como se desprende de las tarifas de estos centros y del total de abortos que practicaron a lo largo del año. Es decir, que una vez más nuestros derechos están supeditados al lucro privado. ¡Mientras medien beneficios millonarios, nuestros derechos jamás serán garantizados!
Nuestros derechos se imponen luchando
La Ley del aborto en el Estado español fue una victoria del movimiento feminista, de jóvenes y trabajadoras que la defendimos con uñas y dientes, pero la realidad actual es que no se cumple por parte del PP y ahora también de Vox, al frente de los gobiernos autonómicos que presiden gracias a la complicidad de la fiscalía y la justicia.
Esta situación es absolutamente inadmisible. Exigimos al Gobierno de PSOE-UP, que garantice de manera inmediata que nuestro derecho al aborto. La ministra de Igualdad, Irene Montero, puso un tuit la noche de emisión del programa asegurando que el aborto debe ser público, seguro y gratuito en todas las Comunidades Autónomas y que así lo van a garantizar. Por supuesto estamos de acuerdo. Sin embargo esto tenía que haberse hecho ya. El Ministerio de Igualdad, y el propio Gobierno, no eran ajenos a esta realidad hasta la semana pasada.
Necesitamos medidas reales y concretas, dotadas de la financiación, la atención y los medios personales y materiales necesarios. Ningún derecho puede estar supeditado al lucro privado, ni el derecho al aborto, ni el derecho a la educación, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho a la sanidad universal… ¡ninguno! La única garantía de que este y todos los derechos que hemos conquistado se materialicen es acabar con el negocio privado de la sanidad, la educación y todos los servicios privatizados. Es también depurar de machistas y franquistas el aparato judicial y las instituciones. Es enfrentarse a la Iglesia católica, a su moral podrida y a sus privilegios. Enfrentarse a la derecha y la extrema derecha. A quienes hacen negocio de nuestra explotación. Es luchar por acabar con un sistema donde todos estos elementos ejercen su dictadura y están en guerra con los derechos de las y los oprimidos. Mientras esto no se haga, cualquier ley será insuficiente. ¡Es luchando como lograremos hacer estas conquistas reales y efectivas!
[1] Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo: “Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia”.
