Que nadie se confunda. Si alguien no había caído en la cuenta aún, que sepa que el principal problema de la vivienda en el Estado español no es otro que... el de los vagos y violentos “okupas”. Este ha sido el soniquete con el que nos han bombardeado programas de televisión y radio a lo largo de todo el verano, y que de paso ha servido para publicitar a conocidas empresas de seguridad y blanquear a otras, de dudosa legalidad, que se dedican efectuar expulsiones de viviendas de forma violenta.
¿Qué esconde la burda campaña contra la “okupación”?
Una campaña nada desinteresada —jaleada intensamente por la demagogia de la derecha política y mediática— que busca echar una gran cortina de humo sobre el drama que sufrimos millones de jóvenes y familias trabajadoras ante la falta de vivienda pública asequible, los abusos en el precio de alquileres e hipotecas o los desahucios. A la vez, se pretende ocultar a los verdaderos “usurpadores” del derecho a un techo digno: la banca, fondos de inversión... los grandes tenedores de vivienda.
Pero sobre todo, se trata de generar un falso alarmismo social que facilite la criminalización no solo de todos los que luchamos y nos organizamos por conseguir esos derechos, sino de la pobreza.
Tampoco es casualidad que esto ocurra ahora. Las consecuencias de la crisis económica y su durísimo impacto social auguran un otoño (y más allá) en que despidos, recortes y austeridad ensancharán más la brecha de desigualdad existente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaba en mayo que alrededor del 30% de los trabajadores en ERTE terminarán despedidos, y el Banco de España prevé que la tasa de paro se dispare al 23,6% este año. La oleada de desahucios que se produjo en la anterior crisis —entre 2012 y finales de 2019 se ejecutaron más de un millón— puede quedar pequeña.
Vayamos a lo concreto. En primer lugar, no hay datos oficiales de viviendas ocupadas. O sea que el asunto no tendrá tanta relevancia para la Administración. Las cifras que sí se conocen, las proporcionadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil, hablan por sí solas: en 2019 se registraron 14.621 denuncias por ocupación ilegal de vivienda, de las cuales solo el 27,5% iniciaron un trámite judicial. Respecto a los algo más de 25,7 millones de inmuebles residenciales existentes, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, esas denuncias afectarían al 0,056% de las casas y las que prosperan en los juzgados, a un más ridículo 0,016%.
La banca y los grandes capitales son los verdaderos “usurpadores”
La manipulación informativa no solo es tremenda, sino de un cinismo y una doble moral insultante. Mientras tratan de escandalizarnos con las “ocupaciones” resulta que en el mismo año 2019, según el Consejo General del Poder Judicial, se ejecutaron 54.006 desahucios (la mayoría por impago de alquiler). Son 150 al día, es decir, cuatro veces más que las denuncias diarias por ocupación. Ni estas cifras, ni la violencia con que se desahucia a familias enteras merecen los mismos titulares ni minutos de los medios de comunicación de la burguesía, máxima defensora de la respetable propiedad privada.
Y aquí llegamos a un aspecto clave: quiénes son los propietarios de la inmensa mayoría de pisos ocupados. Según el último censo del INE, en 2011 había 3,5 millones de viviendas vacías, la gran mayoría en manos de las grandes entidades financieras. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la actualidad hay alrededor de 100.000 familias ocupando y “no llegarían a 1.000 las viviendas de particulares ocupadas”, el resto son ocupaciones de viviendas en desuso, propiedad de bancos y fondos buitres que las utilizan para especular.
Si atendemos a los datos de 2018 de las fuerzas de seguridad, de las 4.717 viviendas ocupadas en la Comunidad de Madrid (CAM), el 70% eran propiedad de entidades bancarias, el 10% de grandes propietarios y solo el 5% de particulares. De los 2,9 millones de viviendas de la CAM, el 0,14% son las ocupadas y el 0,02% son las ocupadas de particulares.
Sin embargo, en esta campaña de intoxicación se iguala muy conscientemente el “allanamiento de morada”, entrar a vivir en un piso habitado, con la “usurpación”, hacerlo cuando está deshabitada y en desuso. La realidad es que no existe un problema de primeras o segundas viviendas ocupadas y los allanamientos son anecdóticos por más que quieran hacerlos pasar por regla general.
También se tergiversa el perfil del okupa: jóvenes violentos relacionados con la ultraizquierda o inmigrantes vinculados con el tráfico de drogas. Una nueva mentira. La situación de emergencia habitacional es una cruel realidad que afecta al grueso de la clase trabajadora, que sufre la precariedad, el desempleo y una demoledora devaluación salarial en la última década.
Basta de hacer negocio con el derecho a la vivienda
La burbuja especulativa en los alquileres ha aumentado de forma desorbitada los precios, brindando ingentes beneficios a los fondos de inversión, bancos, empresas y especuladores. Según información de Fotocasa, el precio del arrendamiento ha subido un 52% en los últimos cinco años. Valencia, Catalunya y Madrid se llevan la palma, con un incremento del 68%, 60% y 57% respectivamente, pero es un fenómeno que afecta a toda la geografía.
Fondos buitres como Blackstone, que disfrutan de enormes exenciones y ventajas fiscales, se hacen de oro con este negocio. Incluso, hemos visto la escandalosa actuación de administraciones públicas que han vendido viviendas de protección oficial a estos fondos sin que lo supieran los inquilinos, provocando posteriormente subidas de renta del 100% o más. Mientras, la inexistencia de un parque de vivienda social en alquiler es clamorosa, representa un 2% del total y contrasta con el 30% de los Países Bajos, o en torno al 17% en Francia o Reino Unido. No es de extrañar que el perfil de quienes ocupan viviendas, como señala la PAH, corresponda a “las familias vulnerables” en “un 90%” de los casos.
La llegada del coronavirus ha venido a golpear más duramente, y a mostrar en toda su crudeza la miseria social y la crisis habitacional que genera el sistema capitalista.
Por un plan que garantice vivienda digna y asequible a las familias trabajadoras
Ante tal emergencia, el Gobierno PSOE-UP aprobó un decreto completamente insuficiente que, en la práctica, solo ha protegido los enormes beneficios de los grandes especuladores y tenedores de vivienda. No es una salida ofrecer moratorias o créditos —para endeudar a los más pobres y garantizar el negocio a la banca, que siempre gana— cuando has sido despedido. De la misma manera, la paralización de desahucios quedó muy limitada a familias muy vulnerables y solo durante seis meses. El 30 de septiembre acaba esta medida para los impagos de hipotecas y a final de año para los de alquiler.
Si realmente se quiere defender a los más desfavorecidos e implantar un verdadero escudo social, este Gobierno tendría que haber suspendido el pago de los alquileres e hipotecas a todos los inquilinos que no pueden hacerles frente. Y, apoyándose en los movimientos sociales, sindicatos de inquilinos, la PAH y en la movilización de la juventud y la clase trabajadora, llevar adelante la expropiación sin indemnización de los bancos (esos mismos que fueron rescatados con 60.000 millones de las arcas públicas a fondo perdido), fondos buitre y empresas especuladoras que poseen centenares de miles de viviendas vacías. Además, tendría que nacionalizar las grandes constructoras y empresas inmobiliarias y crear una gran empresa pública de la construcción que atienda a criterios adecuados de calidad de la construcción y respeto del medio ambiente.
De esta manera se podría poner en marcha un plan de vivienda pública de calidad en régimen de alquiler al servicio de las necesidades sociales, con precios asequibles —no más del 10% del salario— para luchar contra la especulación. Así se acabaría con los desahucios, con las deudas que ahogan a miles de hogares hipotecados y se pondría fin a la pesadilla de tantas familias sin alternativa habitacional o que no les queda otra, pese a la estigmatización y los riesgos, que recurrir a la ocupación.
Los jóvenes y trabajadores que hemos perdido el empleo, que vivimos la precariedad y vemos recortados nuestros ingresos sin poder hacer frente al pago de una vivienda digna debemos organizarnos y defender estas reivindicaciones. Esta es la única manera de hacer frente al atropello de los capitalistas, a su criminalización y su miserable moral.
