18 meses encarcelado en Polonia sin pruebas con la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez y la UE
El 28 de febrero de 2022 Pablo González, reportero freelance y colaborador habitual de varios medios y agencias como laSexta, Público, Gara, EFE o Voice of America, fue detenido en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania.
Hoy, año y medio después, tras haberla prorrogado hasta en seis ocasiones, la última el pasado 16 de agosto de este año, el periodista sigue en prisión preventiva, sin que se haya presentado cargo o acusación concreta y sin que haya fecha para la celebración del juicio.
Según ha manifestado el ultraderechista Gobierno polaco, Pablo fue detenido por ser, sin haber expuesto hasta el momento ni una sola prueba, un espía al servicio de Rusia. La “base más sólida” sobre la que las autoridades polacas sustentan el cautiverio de González es que el periodista fue detenido con dos pasaportes, uno ruso y otro español. Pero no es ningún secreto que Pablo nació en Moscú, que siendo un niño se trasladó al Estado español con su madre (hija de un niño de la guerra exiliado a la URSS tras la guerra civil española) y mantuvo el pasaporte ruso. Sin embargo para los servicios secretos y el Ejecutivo polacos esta es la prueba de que Pablo es en realidad un espía al servicio del Kremlin.
Pablo González es considerado por la “justicia” polaca como un preso peligroso. Según explica su esposa, Oihana Goiriena, esto implica un aislamiento de 23 horas al día en una celda sin luz natural, dos duchas por semana, cacheos en profundidad o la imposibilidad de leer, régimen de visitas muy restringido (ella solo ha podido verlo en dos ocasiones en todo este tiempo), etc.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado que “Pablo González lleva en prisión 18 meses sin que las autoridades polacas hayan sustentado sus graves acusaciones”, a la vez que insisten en que “es tan intolerable como insólito que un periodista de un Estado miembro de la UE lleve un año y medio en esta situación en otro Estado comunitario”.
El Gobierno de Pedro Sánchez y la UE, cómplices necesarios
Esta aberración está sucediendo en el corazón de la “democrática” Unión Europea. Estamos ante el caso de un periodista que, cubriendo la guerra en Ucrania y sus consecuencias intentando ser objetivo, ha sido encarcelado como si se tratara de un terrorista peligroso, gracias a la complicidad de la UE y el Gobierno español.
Los derechos básicos que se recogen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea están siendo pisoteados con total impunidad por el Gobierno polaco, algo que a las autoridades europeas y españolas no les preocupa lo más mínimo.
La Comisión Europea, transcurridos muchos meses desde que Pablo González fue encarcelado y tras numerosas interpelaciones en el Parlamento europeo por parte de parlamentarios de la izquierda, se ha limitado a recomendar a Polonia que el periodista sea trasladado a España en espera de juicio. Esta es la respuesta de supuestas instituciones democráticas cuando, como denuncia Juan Teixeira, portavoz de la asociación #FreePabloGonzález, más de 14 artículos de los derechos básicos de la Unión Europea han sido violados durante la detención y posterior encarcelamiento de Pablo.
Pero lo más escandaloso está siendo la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez en general y del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por el ministro José Manuel Albares, en particular.
Durante su primer mes en prisión, González recibió dos visitas del cónsul de España en Varsovia. El resultado de esta “intervención” fue el de limitarse a informar a la familia del periodista que no sabía por qué se le acusaba. El Gobierno español declaró en el Parlamento que la fiscalía polaca había ordenado mantener en secreto las acusaciones de espionaje, orden que el Ejecutivo de Pedro Sánchez asumió cumplir a rajatabla. Del mismo modo el presidente del Gobierno español descartó en sesión parlamentaria presentar ningún tipo de queja formal a Polonia por el encarcelamiento de Pablo.
Tanto Pedro Sánchez como el ministro Albares, han contribuido a generar sospechas acerca de la naturaleza real de la labor que realizaba González, de su profesionalidad y honestidad. Sánchez y sobre todo Albares declaran de forma recurrente que las acusaciones que pesan sobre el periodista son muy graves o que existen aspectos del caso que González no quiere que se conozcan; al mismo tiempo que lanzan estas insinuaciones, explican que no saben del caso más de lo que se ha publicado en los medios[1]. Absolutamente vergonzoso.
Este abandono hacia Pablo González por parte de las autoridades españolas, contrasta con la profunda preocupación mostrada por Albares y su Ministerio por el caso de Daniel Sancho, que confesó haber asesinado y descuartizado en Tailandia a su pareja este mes de agosto. Como denuncia la familia de Pablo, mientras la indiferencia hacia la situación del periodista es escandalosa, se ha prestado todo tipo de ayuda a Sancho y Exteriores desde el primer día ha estado trabajando en su extradición a España.
Es más, frente a haber situado el encarcelamiento de Sancho en la primera línea mediática, en lo referente a Pablo González como denuncia Teixeira, el Ministerio de Exteriores ha ejercido "presiones a los medios de comunicación desde el principio para que no se hable mucho del caso diciendo que puede haber pruebas y que no se mojen”[2].
¡Libertad para Pablo ya!
Toda esta actuación escandalosa del Gobierno polaco, la UE y el Ejecutivo español, tiene una explicación muy clara.
Poco antes de ser detenido, Pablo González cubría la información sobre la situación de los refugiados que huían de la invasión rusa y la guerra. Gracias a él pudimos conocer que las autoridades ucranianas y polacas ejercían una inaceptable discriminación contra los refugiados en función del color de su piel y su país de nacimiento.
Esta denuncia pública dejó en evidencia la hipocresía que se ocultaba tras la propaganda falsamente humanitaria de las autoridades polacas, ucranianas y de la UE. En plena campaña a favor de la ayuda militar al Gobierno de Zelenski, que informaciones de este tipo salieran a la luz era incompatible con la propaganda de guerra de las potencias occidentales.
Ante esta situación los Gobiernos ucraniano y polaco decidieron tomar represalias contra un testigo incómodo de sus desmanes y encarcelaron a este periodista, un profesional con una acreditada trayectoria como corresponsal en Ucrania durante más de una década.
Pablo González ya había sido retenido por los servicios de inteligencia ucranianos el 6 de febrero, amenazado por su trabajo como periodista e “invitado” a abandonar el país, aunque nunca se dictó contra él una orden legal de expulsión. Pablo no se dejó amilanar y continuó desde Polonia su labor informativa.
Al mismo tiempo que los servicios secretos ucranianos coaccionaban ilegalmente a Pablo González, en el Estado español funcionarios del CNI se dedicaron durante días a visitar e interrogar a familiares y amigos de Pablo González para reforzar esa coacción y forzarlo a abandonar su labor como periodista independiente.
Desde Izquierda Revolucionaria denunciamos enérgicamente la actuación criminal y antidemocrática del Gobierno polaco y la vergonzosa colaboración de la Comisión Europea y del Gobierno español en este atentado a los derechos fundamentales de Pablo González y a la libertad de expresión e información. Todos los militantes consecuentes de la izquierda no podemos pasar por alto estos hechos ni mirar hacia otro lado. ¡Pablo tiene que ser puesto en libertad ya!
Notas:
[1] Pablo González: un año y medio encarcelado en Polonia con más incógnitas que certezas sobre su caso
