Quien así escribe no es un marxista, ni un amigo de Batasuna, sino un conocido catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Sevilla llamado Javier Pérez Royo que además nunca ha ocultado sus simpatías políticas por el PSOE. Lamentablemente la voz de Pérez Royo es una excepción en el mundo de la judicatura, en un momento en que los derechos democráticos más elementales están siendo arrastrados por el barro.
A nadie con un poco de experiencia política se le escapa que la solidez del sistema democrático burgués descansa en la apariencia de legalidad que transmiten sus instituciones. La llamada división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tan mitificada a lo largo del tiempo, ha creado una especie de fetiche-dogma que todos dan por bueno. Desde el PP, pasando por la dirección del PSOE, incluso algunos dirigentes de IU, utilizan esta división de poderes como el credo en el que basan su fe democrático burguesa.
Si se analiza esta fórmula legal desde un punto de vista de clase, marxista, las cosas se ven bien diferentes. La llamada división de poderes no es más que una ficción, una apariencia utilizada para mantener y asegurar la dominación de la burguesía sobre la mayoría aplastante de la sociedad.
Marx definió a los gobiernos burgueses como el comité ejecutivo que vela por los intereses del conjunto de la clase poseedora. En cuanto al parlamento y los jueces, su independencia de la burguesía, de los monopolios o la banca es igual que la independencia que tiene el Pentágono de los grandes consorcios petroleros estadounidenses. Tal independencia no existe y no existirá jamás, pues estas instituciones son la creación política, superestructural, de la sociedad capitalista y sus relaciones sociales de producción, y su misión es por encima de todo defenderlas.
Establecido el punto de vista de clase sobre este asunto, vale la pena decir que la ilegalización de Batasuna muestra que el viejo refrán que afirma "quien hizo la ley hizo la trampa" conserva toda su valor en la actualidad.
Ataques a los derechos democráticos
Como ya advertimos los marxistas en su momento, la aprobación de la Ley de Partidos establecía un precedente gravísimo, que sería utilizado no sólo contra Batasuna sino contra aquellos que desafiaran al capitalismo y su forma de "ordenar legalmente la sociedad". El hecho de poder ilegalizar un partido porque discrepe o luche contra los preceptos que la Constitución recoge en su articulado, y no hay que olvidar que esta constitución burguesa es un instrumento legal más para defender la economía de mercado, supone una amenaza contra todos los que aspiramos a transformar la sociedad. Como señalaba el catedrático Pérez Royo en un artículo el pasado 20 de agosto publicado en El País: "Utilizar la Constitución como canon de legalidad o ilegalidad de un partido político es peligrosísimo". Pero la cosa no acaba ahí. Basándonos en la misma legalidad, no ya en apreciaciones políticas que evidentemente son las que cuentan al final, el auto del juez Garzón y sus decisiones posteriores son ilegales, anticonstitucionales y se pasan por el arco del triunfo el respeto a la libertad de expresión, reunión y organización. A pesar de todo el entretenimiento mediático, Garzón no es más que el instrumento de los intereses políticos de la burguesía española y el aparato del Estado que saben jugar muy bien la carta del juez estrella.
"La suspensión cautelar de un partido" señalaba Pérez Royo en otro artículo el 29 de agosto, "sólo puede acordarse en el curso de la instrucción de un proceso penal contra los dirigentes que tienen estatutariamente la facultad de constituir la voluntad del partido, y no en el curso de cualquier instrucción contra cualquier miembro del partido. (...) El auto del juez Garzón es el mundo al revés. Empieza investigando la conducta delictiva de unos ciudadanos que no ocupan ninguna posición directiva en Batasuna. Solicita y recibe un informe de la Guardia Civil que no contiene referencia alguna a los ciudadanos cuya conducta está investigando, pero en el que se afirma que Batasuna es ETA. Con dicho informe adopta la medida de suspensión cautelar de Batasuna, al margen de la responsabilidad penal de los dirigentes".
Posteriormente el juez Garzón ha llevado las cosas al punto de prohibir manifestaciones en las que participaban decenas de miles de personas que expresaban su oposición a la ilegalización de Batasuna, cuando además no tiene competencia alguna para poder hacerlo. Lo más descarado del asunto es que todas estas decisiones se toman con el aplauso de los medios de comunicación y, por supuesto, del PP y la dirección del PSOE, pasando por algunos dirigentes de IU que han perdido el norte por completo.
Con estas medidas están preparando un enfrentamiento a una escala nunca vista en Euskadi. Declaraciones como las de fiscal general Cardenal en las que apela a "la liberación de esa parte de España que es el País Vasco, de las garras de los nazis", hechas por el mismo individuo que se opuso a las gestiones judiciales para solicitar la extradición de Pinochet o el inicio de acciones penales contra los militares asesinos de la Junta Argentina, sólo provocarán desprecio e indiferencia entre miles de jóvenes y trabajadores vascos.
La cuestión nacional en Euskadi no se resolverá recurriendo a la represión aunque se ampare en decisiones "judiciales" impuestas arbitrariamente. El problema nacional vasco sólo puede tener una salida política y ésta pasa por la lucha por el derecho de autodeterminación vinculándolo a la transformación socialista no sólo en Euskadi sino en el conjunto del Estado. Este es el camino más realista para las masas del pueblo vasco, para los que se oponen tanto a la represión de la derecha y al recorte de los derechos democráticos, como a la locura de los métodos de ETA que siempre fortalecen a la reacción.
