Tras la ilegalización de Batasuna el juez Baltasar Garzón ha descubierto que durante décadas se ha aplicado en Euskadi una “limpieza étnica de baja intensidad” por dicha formación política, para ganar una futura consulta sobre la autodeterminación. Es cierto que algunos se han tenido que marchar a consecuencia del sectarismo y el temor a sufrir atentados por parte de ETA, pero el grueso de las cerca de 200.000 personas que han abandonado el País Vasco en las últimas décadas son trabajadores inmigrantes, que perdieron sus empleos por la reconversión industrial, o trabajadores que, ante el declive de comarcas enteras como la Margen Izquierda, tuvieron que irse a buscar el salario para mantener sus familias a cualquier otro lugar.
Los últimos estudios revelan que actualmente casi 45.000 familias sufren extrema pobreza entre la CAV y Navarra, o sea cerca de 100.000 personas excluidas socialmente. Y si se considerase la imposibilidad económica para llegar a un mínimo de comodidades que se correspondan con una sociedad desarrollada, las cifras se elevarían a 220.000 hogares y más de 500.000 personas afectadas. En el año 1996 el 3,4% de la población se consideraba pobre y en el 2000 el porcentaje subió hasta el 4,1%. Sin embargo cualquier excusa es buena para extender una represión y un recorte de los derechos democráticos que afecta al conjunto de la clase trabajadora y la juventud.
¿Nacionalismo obligatorio por parte de quién?
Los medios extienden la idea de que Euskal Herria como nación es una pura invención de los violentos, mientras tanto, el Gobierno del PP se ha lanzado literalmente a la conquista de las calles en Euskal Herria enarbolando banderas de España “contra el nacionalismo obligatorio” (¿?). Es evidente incluso para los que nos consideramos internacionalistas y no nacionalistas que el único nacionalismo obligatorio en todo caso es el español, en el caso de este Estado.
Para conmemorar el Estatuto de Gernika en Vitoria se renombra la “Plaza Nueva” por “Plaza de España” y a las 19:00 horas se hace sonar el himno nacional, se borran las inscripciones en euskera en Navarra gastando para ello miles de euros, se acusa a cualquier representante de Batasuna de ser miembro de comandos de ETA en plena televisión y se apunta a cualquiera que discrepe como “colaborador de ETA”. Los derechos democráticos también se recortan para UGT y CCOO, cuando en la marcha estatal a Madrid del día 5 contra el decretazo son prohibidas tres manifestaciones de los centenares de miles de trabajadores que fuimos a protestar contra la política del PP; se prohíbe la manifestación del Sindicato de Estudiantes en Pamplona “por defecto de forma” al haberse presentado el escrito con “sólo 6 días de antelación” haciendo una interpretación abusiva y restrictiva de la libertad de manifestación y así un largo etc.
Seguidismo de la dirección del PSOE
Lo trágico es que en esta campaña el PP va acompañado de los dirigentes del PSOE, que se apuntan a esta ofensiva reaccionaria incapaces de marcar distancias con el PP logrando sembrar la confusión y el desánimo entre la clase trabajadora porque en el País Vasco no se cree, ni en las filas del propio PSOE, que este sea el camino para solucionar absolutamente nada sino todo lo contrario, y eso explica que empiecen a salir algunas discrepancias internas muy minoritarias aún pero que crecerán en la medida que se demuestre que esta política de represión y negación de los derechos democrático-nacionales es un absoluto fracaso.
La dimisión de Nicolás Redondo Terreros fue una expresión de ese descontento de ir con el PP. Su sucesor, Patxi López —que está aplicando la misma política—, sufrirá el mismo destino si no cambia.
La propuesta pretendidamente “soberanista” de Ibarretxe ha servido de excusa para desviar los cañones hacia el PNV. Dicha propuesta no representa una alternativa a la situación actual, ya que su principal objetivo es dividir a la izquierda abertzale y quedarse con sus votos mientras la policía vasca (Ertzaintza) cierra las sedes de Batasuna, ilegaliza y reprime manifestaciones.
Los aullidos histéricos del PP contra el PNV permiten a éste aparecer como la principal víctima de la situación actual. La burguesía vasca ha tomado la iniciativa, denuncia el estado de excepción que se está implantando en Euskal Herria mientras garantiza su cumplimiento. Afirma que el desarrollo de Euskadi en términos sociales es de privilegio comparándolo con las medias europeas mientras que los datos facilitados por ELA, el sindicato del PNV, demuestran que el gasto social cayó entre 1996 y 2001 del 20,85% al 18,88% del PIB. En los últimos cinco años en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) el gasto en pensiones de la Seguridad Social se redujo del 9,86% al 9,61% del PIB, el gasto en prestaciones por desempleo que el Estado español destina a la CAV cayó del 1,62% al 1,02% del PIB y el gasto público que el Gobierno Vasco invierte en Sanidad (del 4,61% al 4,32% del PIB) y Educación (del 4,04% al 3,79% del PIB).
La polarización está siendo utilizada por el Partido Popular y por el PNV para aplicar sus políticas antisociales. Son cortinas de humo, gases paralizantes como los que ha usado Putin para “liberar” el teatro de Moscú.
Una dinámica que sólo favorece a la derecha
La clase trabajadora debemos despejar estos gases, impedir que nos intoxiquen, entender claramente que la defensa de los derechos democráticos que la derecha recorta, la libertad de expresión, de asociación, de manifestación, acabar con las torturas y las detenciones indiscriminadas es algo que nos afecta a todos. El terrorismo individual es la excusa para el avance de la reacción, sin embargo el PP alimenta esa espiral que no tiene fin. Más reacción implica más desesperación y más terrorismo individual. Un año después de los atentados del 11-S, todas las medidas represivas a escala internacional han disparado las acciones desesperadas y suicidas, como hemos visto en Chechenia. Al final las víctimas acabamos siendo los trabajadores.
Tenemos nuestros propios métodos de lucha como la huelga general que sí sirven para avanzar como hemos visto recientemente con el decretazo.
Es necesario que las organizaciones obreras de un giro total en relación a la cuestión nacional, defendiendo los derechos democráticos de las nacionalidades oprimidas —como el derecho de autodeterminación— junto a los métodos de lucha de la clase obrera y la unidad de ésta por encima de fronteras nacionales. Esa es la solución para acabar con esta espiral de reacción.
