La política antisocial del PP en su última legislatura ha sido ampliamente contestada por las masas en Andalucía. Por poner sólo dos ejemplos: en la lucha estudiantil contra la LOU, vimos en Sevilla (junto con Galicia) uno de los lugares donde la lucha alcanzó un nivel más alto, con un mes de huelga indefinida de la Universidad; la huelga general del 20-J y las movilizaciones posteriores contra el ataque al subsidio agrario movilizaron en la calle a centenares de miles.

Lógicamente, la derecha, que siempre lo tuvo muy difícil, ahora lo va a seguir teniendo igual de complicado para avanzar en sus posiciones. El ex ministro Pimentel se presenta a las elecciones con su nuevo partido, el Foro Andaluz, aglutinando a sectores desgajados del PP, lo que arañará votos a la derecha estatal. También otro partido dirigido por señoritos como Ortega y Rojas Marcos, el Partido Andalucista (PA), se presenta sin el alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, que concurrirá con sus propias siglas en el conjunto de Andalucía.

Al igual que en el conjunto del Estado, el límite para el avance de la izquierda radica más en la política de “oposición” que ha seguido ésta frente al PP, que en la supuesta fortaleza de la propia derecha. Muchos trabajadores no han visto una gran diferencia en las políticas seguidas por el PP y las posiciones defendidas por el PSOE. De hecho, la dirección del PSOE andaluz, en vez de subrayar claramente las diferencias entre izquierda y derecha y de luchar por la unidad de los principales partidos de los trabajadores, ha repetido en diferentes ocasiones que prefiere pactar con sus actuales socios de gobierno, el PA, antes que con IU. Esto no es entendido ni beneficia a los trabajadores, cuyas organizaciones han marchado en la calle de la mano en las últimas movilizaciones del 20-J y contra la guerra y la ocupación.

Déficit en la política

de la Junta

A pesar de que Andalucía lleve gobernada más de 20 años por el PSOE, hay serios déficit que no se pueden atribuir tan sólo a la deuda histórica que el gobierno del PP debe a Andalucía, fruto de la diferencia en el censo utilizado cuando se trasvasaron diferentes competencias.

En efecto, mirando la educación y la sanidad, en las que el gobierno andaluz tiene plenas competencias desde hace dos décadas, hay hechos claramente alarmantes para los trabajadores.

Así, resulta que en educación, Andalucía sigue siendo la autonomía de todo el Estado que invierte menos dinero por alumno. Ahora, por ejemplo, en la etapa de la ESO, la Consejería de Educación ha decidido poner los exámenes de recuperación en junio, pocos días después de terminar el curso, y no en septiembre. Zapatero promete en el conjunto del Estado centros educativos abiertos once meses al año; pero cuando el Sindicato de Estudiantes ha exigido que los estudiantes de ESO tengan exámenes en septiembre y que se aprovechen los institutos para dar clases durante el verano, la Consejería andaluza se ha negado porque esto implica más costes.

En sanidad, ocurre otro tanto ya que los centros sanitarios funcionan con presupuesto restringido y, en la práctica, el gobierno andaluz está aplicando políticas privatizadoras similares a las del PP en otras regiones.

Expropiar los latifundios

Hay otros ejemplos sangrantes que afectan a miles de familias andaluzas: centenares de grandes fincas de miles y decenas de miles de hectáreas, languidecen en barbecho o son dedicadas a políticas tan “sociales” y “productivas” como la cría del toro bravo, mientras miles de jornaleros viven en la miseria.

El gobierno del PSOE en Andalucía no ha solucionado este problema sangrante, a pesar de las promesas. Como mucho se ha dedicado a parchear la situación con subsidios o con peonadas a través de sus ayuntamientos, lo que es una ayuda pero no la solución. La única solución para que los jornaleros tengan un trabajo y una vida digna pasa por expropiar los grandes latifundios de los señoritos, organizando la producción de los mismos bajo el control de los jornaleros y de los sindicatos de clase lo que evitaría la elevación de precios de productos agrícolas de primera necesidad.

Igualmente, el gobierno andaluz debería crear una empresa pública de distribución de estos productos que ayudase también a los pequeños agricultores. El año pasado vimos movilizaciones de pequeños propietarios a los que las grandes empresas distribuidoras y comercializadores pagan una miseria por sus productos. Si la Junta crease una empresa de este tipo se podrían lograr al menos tres cosas: bajar los precios al consumidor; pagar más a los campesinos y llegar a una alianza con las cooperativas de pequeños comerciantes que están siendo machacados por el gran comercio. Pero, ¡ay!, esto significaría enfrentarse de lleno con los Carrefour, Mercadona y Eroski que recorren todos los pueblos y ciudades haciendo gran negocio y nuevamente la Junta no ha sido capaz de ser consecuente en la defensa de aquellos de quienes recibe el apoyo y los votos. Sin embargo, aquí vemos en los hechos como una política de izquierdas defendería los intereses, no sólo de los trabajadores, sino de los pequeños propietarios, base tradicional de los capitalistas, restándoles su apoyo.

Naturalmente, si esta política no se hace en el campo, tampoco queda lugar para algo tan secundario como crear una empresa pública de viviendas que, basándose en los organismos públicos (la propia Junta, ayuntamientos, diputaciones) expropie el suelo para ofrecer pisos a precios asequibles para los jóvenes y trabajadores.

En definitiva, la tarea del PSOE es distinguirse nítidamente en los hechos como una alternativa clara frente al capitalismo salvaje que defiende el PP.

IU también debe reclamar de manera compañera y positiva la unidad entre las organizaciones de izquierdas para llevar adelante un auténtico programa socialista, desarrollando un programa de genuinamente de izquierdas allá donde tiene más fuerza. Con una política de este tipo, basada en los hechos, la izquierda barrería al PP en Andalucía.

En Andalucía hay una amplia memoria de lo que significa la derecha. Esta solera ha sido enriquecida con nuevos agravios y humillaciones en los últimos años. Pero los partidos de clase no deben confiar su crecimiento únicamente en el “miedo al lobo”. Si los jóvenes y trabajadores no se sientes estimulados e inspirados por una política que les beneficie, el 14 de marzo podremos ver una abstención elevada que beneficiará a los partidos de nuestros enemigos de clase.

Miguel Jiménez

Málaga