Crónica de los nuevos juicios rápidos penales o del caos judicial

A partir del 28 de abril empezaron a celebrarse los nuevos juicios penales rápidos, en aplicación de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamento Criminal que se aprobó con el voto de todos los grupos parlamentarios salvo e A partir del 28 de abril empezaron a celebrarse los nuevos juicios penales rápidos, en aplicación de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamento Criminal que se aprobó con el voto de todos los grupos parlamentarios salvo el de IU, que se abstuvo. La reforma consiste en que a partir de las diligencias policiales y tras una breve instrucción judicial de pocos días, se señale la celebración del juicio penal en el plazo de quince días para delitos con penas privativas de libertad que no excedan de cinco años o penas de otra naturaleza que no excedan de diez años, si estos delitos son “flagrantes” o “de lesiones, coacciones, amenazas, violencia física o psíquica habitual, domésticas o dentro del ámbito familiar“ o de hurto, de robo, de hurto y robo de vehículos o contra la seguridad en el tráfico (alcoholemia...) o delitos cuya instrucción se prevea sencilla. Por otro lado prevé que en el plazo de dos días se señale la celebración del juicio de faltas una vez se ha hecho la instrucción, que puede durar un solo día, por ejemplo, cuando se trate de faltas de lesiones no delictivas, de amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas “ domésticas o dentro del ámbito familiar“ o de hurto flagrante.

Con esta reforma el PP pretende solucionar el grave problema de la tremenda lentitud de la justicia, cuando por todos es conocido que dicha lentitud no es debida fundamentalmente a las leyes, que en parte también, sino sobretodo por la falta de medios humanos y materiales, cosa que con esta reforma no se va a solucionar para nada. De hecho, el primer día de aplicación de los juicios fue un caos total, precisamente por la falta de toda clase de medios, llegando el ministro de Justicia, Michavila, a acusar públicamente de boicoteador y vago al fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández, por haber criticado la falta de medios. Este es un ejemplo más del autoritarismo del PP que criminaliza cualquier voz discordante, aun tratándose de uno de “sus chicos“, aunque esta vez los fiscales se han rebotado, junto con el resto de implicados en la reforma.

¿A quién beneficia la reforma?

De hecho, los sindicatos están convocando concentraciones de los funcionarios de los Juzgados puesto que esta reforma va a suponer jornadas semanales de más de 52 horas para poder cumplir con la reforma. La realidad es que ya ha habido en pocos días colapsos totales en los Juzgados, unas veces por fallos informáticos todavía sin resolver y puede que irreversibles, y otras veces por el caos organizativo que provoca la falta de medios de todo tipo. Esta reforma, lejos de solucionar ningún problema de justicia, viene a ser más de lo mismo, aunque para los acusados supone un recorte de garantías procesales muy importante. Lo que se pretende realmente con esto es dificultar la posibilidad de defenderse de las acusaciones policiales, promocionando con la rebaja en un tercio de la pena que el acusado se declare culpable aunque no lo sea porque no se va a poder defender en condiciones. Tanto es así que en las primeras guardias de los abogados del turno de oficio que realizan los juicios de faltas, éstos se presentan sin haber tenido acceso a la instrucción del caso y sin apenas tiempo para hablar con el acusado porque tiene que hacer ese mismo día entre cinco y diez juicios. Esto va a suponer que la policía y el aparato del Estado burgués lo van a tener mucho más fácil para reprimir a quienes les interese como, por ejemplo, todo aquel que se oponga o manifieste en contra de este gobierno de derechas por ejemplo.