Evolución del precio de la vivienda en Málaga

Según el Boletín Informativo del Mercado Inmobiliario nº 8, publicado este año, “En el año 2002 en la ciudad de Málaga, la vivienda aumentó un 21,17%, situándose el precio en los 1.494 euros por metro construido. En el período 1980-2002, los precios de la vivienda se han multiplicado por 6,21 cuando al mismo tiempo el índice de precios aumentó 3,62 veces” (página 15, del citado informe).

Analizando el cuadro de la evolución del precio de la vivienda y del Índice de Precios al Consumo, en Málaga capital (1980-2002) vemos que el precio del metro construido en 1980 estaba en 240,50 euros, es decir, 40.015,83 pesetas en aquella fecha. Los precios en 2002 han alcanzado los 1.494 euros por metro cuadrado construido (248.580,68 pesetas), aunque “en la zona Este de Málaga, el aumento de precios anual ha sido del 35,91%, 2.566 euros por metro cuadrado”, es decir 426.946 pesetas.

Pasamos seguidamente a efectuar un estudio de la evolución del coste individual de una vivienda tipo, de 100 metros cuadrados construidos:

· Año 1980:

100 m² x 240,5 € = 24.040 € (4.001.583 Pta.)

· Año 2002:

100 m² x 1.494 € = 149.400 € (24.858.068 Pta.)

Los salarios aumentaron una media del 362%, mientras que el precio de la vivienda lo hizo en un 621%, como queda señalado más arriba. Buscamos en el apartado Estadísticas del mencionado Boletín y localizamos la página “Evolución del salario mínimo 1980-2002”. Tomando como índice el SMI vemos que:

· El SMI en el año 1980 estaba en 22.770 Pta. = 136,85 euros

· El SMI en el año 2002 estaba en 73.576 Pta. = 442,20 euros.

Barajando los datos oficiales tenemos que un obrero, para comprarse una vivienda en 1980 necesitaba gastar el equivalente a 175,74 mensualidades de trabajo (4.001.583 pesetas divididas por 22.770 pesetas = 175,74). Es decir, más de 14 años y medio. Para comprarse un piso en 2003 el obrero necesita invertir el equivalente a 337,86 mensualidades de su salario base, (24.858.068 pesetas divididas por 73.576 pesetas = 337,86), o sea, más de 28 años.

Andalucía

En Andalucía la vivienda de protección oficial en el período 1980-2000 supuso cerca del 40% del mercado. En la actualidad, la oferta de vivienda de protección oficial supone menos del 10% del total y en algunos lugares como Málaga, menos del 5%. Así, el año pasado se construyeron escasamente 500 (cuando el compromiso oficial estaba en más de 2.500). De hecho, la situación es tal que en una de las últimas adjudicaciones de 139 Viviendas de Protección Oficial las demandas presentadas superaron las 6.000 sólo en Málaga capital.

El endeudamiento de las familias con el Estado pasó de 204.263 millones de euros en 1996 a 437.639 millones en el 2002. La deuda por hipotecas a la banca de las familias subió de 85.592 millones de euros en 1996 a 234.668 millones de euros en 2002. Todo esto gracias a la política de viviendas desarrollada por el PP.

Las viviendas visadas según proyectos han pasado de 23.906 en 1986 a 78.479 en 2002 para toda la provincia de Málaga. ¿Dónde ha ido a parar la enorme cantidad de plusvalías? Pues a los bolsillos de las grandes compañías especuladoras. Sólo un dato: la inmobiliaria Metrovacesa prevé incrementar sus beneficios netos un 45% en 2003, es decir que ganará 180 millones de euros más que en el año 2002.

De las cerca de 50.000 viviendas visadas en Málaga capital, durante los pasados cuatro años (1999-2002) cerca de 40.000 están vacías, jugando un papel especulativo. Esto se demuestra porque el censo de la población permanece más o menos constante. Si estuviesen habitadas, con una media de tres personas por vivienda, Málaga habría incrementado su censo en más de 150.000 personas, y el censo está estancado.

Escasez de vivienda

Existe una enorme escasez de viviendas sociales. Hay muchas con precios no asequibles para la clase trabajadora y miles de casas que están vacías, en su mayor parte con carácter especulativo ¿De dónde viene esa escasez de viviendas? La vivienda debería ser un derecho, y lo es sobre el papel de la Constitución burguesa imperante. Pero este derecho no se cumple de hecho.

Todo esto es un producto necesario del sistema burgués injusto que padecemos. Este sistema capitalista no podría existir sin escasez de viviendas para los pobres, para la masa que trabaja que no puede contar con salario justo, (el beneficio del capitalista es parte del salario no pagado al trabajador) y por lo tanto, carece de los medios indispensables para su adquisición y para la reproducción existencial de su especie. Entonces, los trabajadores recurrimos al crédito, con la desventaja que representa de endeudamiento, de acuerdo con lo demostrado anteriormente.

La burguesía se queja hipócritamente de que la natalidad esté cayendo, de que los jóvenes permanecen en casa de sus padres hasta muy superados los 30 años, acusan a los jóvenes de vagos, de la cultura del “botellón” y otras calumnias. La burguesía exige cada vez más movilidad en los trabajos y se encuentran la contradicción de que la bolsa de alquileres de viviendas es cada vez más cara y más escasa para la disposición real de un trabajador. Sólo mira al turismo; sólo miran a la gran burguesía, a los especuladores, extranjeros con gran poder adquisitivo y mafiosos de toda calaña que pululan por la Costa del Sol; sólo miran sus beneficios. Los inmigrantes y los trabajadores jóvenes, mano de obra esclava y barata, son echados a la calle. En zonas concretas de Andalucía, se amontonan en barrios marginales o en pleno campo, bajo plásticos. La burguesía lo sabe. No tienen solución para esos dramas humanos.

Las viviendas en alquiler apenas suponen un 11% del parque total en España frente a la media europea del 40%. Ésta es la sociedad capitalista, en la cual el propietario de casas de alquiler tiene derecho, en cierto modo debido a la competencia y fuerte demanda, a pedir incrementos sin contemplaciones poniendo cada vez los alquileres más abusivos. En semejante situación, la escasez de vivienda para los trabajadores no es un producto de la casualidad; es una situación necesaria que bajo el capitalismo irá en aumento, con repercusiones sobre los económicamente más débiles

Frente a esto hay una alternativa: la municipalización del suelo urbano (que determina una tercera parte o más del precio final de cada construcción) necesario para construir viviendas sociales de calidad asequibles para los trabajadores. Los ayuntamientos y otras instituciones públicas (comunidades autónomas, diputaciones...) deben poner en marcha planes de alquiler de viviendas sociales que cubran la demanda real, cuyo precio no debe exceder del 10% de los ingresos mensuales del salario medio de un trabajador.

Pero incluso así, en el marco del capitalismo, estos planes serían torpedeados por las grandes constructoras, a las que únicamente interesan sus beneficios, y que se coaligarían contra cualquier iniciativa pública que pretendiese rebajar el precio de la vivienda a costa de sus beneficios. Por eso los recursos sociales que generan estas constructoras deben ponerse en manos de la inmensa mayoría, nacionalizándolos, para garantizar así que se pueda cumplir este derecho necesario para la existencia como es el de tener acceso a una vivienda digna.

Izquierda Socialista · PSOE

Coordinadora de Málaga