La regulación del suelo y los intereses urbanísticos se cruzan con la política municipal y autonómica. Una decisión determinada sobre unos terrenos puede provocar un negocio de millones o una enorme pérdida para quien los compró.

La especulación en Madrid

Durante la campaña electoral a la Comunidad de Madrid, el PSOE había anunciado que iba a frenar las estrategias especulativas, iba a garantizar que un 50% de suelo público se destinase a vivienda protegida (más barata), 100.000 viviendas en alquiler, etc. Estas promesas no gustaron a los constructores y especuladores del suelo de Madrid, que han convertido a la capital en la mayor burbuja urbanística de Europa, con una subida del precio de la vivienda en los últimos siete años del 120%.

En Madrid capital hay, en este momento, tres de las mayores operaciones urbanísticas del Estado en volumen de negocio:

1) La llamada Operación Chamartín con 3,12 millones de metros cuadrados, de los que 2,465 millones son edificables y donde se construirán entre 9.600 y 16.000 viviendas, por supuesto de lujo, y entre 739.000 y 1.477.000 metros cuadrados de oficinas.

2) En el nuevo barrio de Valdebebas se iba a hacer la “segunda Casa de Campo”, pero el PP ha recalificado terrenos para la construcción de 11.500 viviendas, reservando además 145 hectáreas para oficinas y otras 120 para la nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid.

3) La Operación Campamento por la que el PP pretende recalificar 6,8 millones de metros cuadrados donde están los cuarteles del Ejército para construir 15.000 viviendas y más edificios de oficinas.

En total se han planificado 28 nuevos barrios en más de 7.000 hectáreas de suelo público protegido donde se proyectan construir 160.000 viviendas.

Resultado: en Sanchinarro, nuevo barrio al norte de Madrid, en 1995 se podía encontrar suelo a 48 euros (8.000 pesetas) el metro cuadrado, ahora alcanza los 1.803 euros (300.000 pesetas) antes de poner un solo ladrillo. ¿Qué ha sucedido? El representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos lo explica: “Se compra suelo no para construir, sino para revenderlo. Conocemos terrenos en las nuevas urbanizaciones al norte de Madrid que se han vendido hasta cinco veces”.

Los grandes grupos promotores han acumulado hace tiempo una cantidad de terreno tal que, a través de sucesivas reventas, han hecho un inmenso negocio. Las cinco grandes inmobiliarias: Vallehermoso, Metrovacesa, Urbis, Colonial y Bami, obtuvieron un beneficio neto en conjunto de 400,25 millones de euros en los nueve primeros meses del año pasado, lo que supone un incremento del 39% respecto a igual periodo de 2001. Estas grupos inmobiliarios están estrechamente ligados a las grandes constructoras: Sacyr, Dragados, FCC, ACS, etc. y a las grandes corporaciones bancarias.

Botín para todos

Pero no son sólo los grandes grupos. Empresarios como Bravo y Vázquez, que pagaron el hotel de Tamayo y Sáez cuando se ausentaron de la Asamblea de Madrid, están haciendo su agosto en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. El País de 18/06/03 informaba cómo Euroholding, el buque insignia de Bravo y Vázquez, controla el 70% del suelo urbanizable de Villamanta, un pueblo donde la Comunidad y el Estado van a construir 15.000 viviendas.

La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra el anterior alcalde (PP) de Alcorcón, ciudad del cinturón rojo de Madrid, y otras siete personas más entre las que están Bravo y Vázquez. El motivo es que el anterior ayuntamiento, con mayoría del PP, proyectó construir 40.000 viviendas en terrenos que no eran urbanizables. El alcalde y los demás querían sacar grandes beneficios y se pusieron de acuerdo. Bravo y Vázquez compraron terrenos a 24 euros el metro cuadrado. El ayuntamiento de Alcorcón recalificó esos terrenos y la inversión se multiplicó por treinta, es decir: Bravo, Vázquez, el alcalde y demás pueden hacer un negocio de seis millones de euros (mil millones de pesetas).

Otros elementos no menos famosos, como el anterior presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, están en los juzgados por operaciones especulativas de este tipo. En un solo día se embolsó 180 millones de pesetas (1,081 millones de euros). El Ayuntamiento de Madrid vendió el 28 de marzo de 1998 una parcela a la Junta de Compensación de Arroyo del Fresno (barrio del norte de Madrid), presidida por Carlos Pinilla, por 218 millones de pesetas. Pinilla el mismo día y por el mismo precio se la vendió a Sanz. Éste, el mismo día 28 la vendió por 398 millones de pesetas a una cooperativa gestionada por Pinilla. Es decir: entre Pinilla y Sanz en un solo día se hicieron con 180 millones de pesetas de los cooperativistas.

Mientras esta clase acumula, los trabajadores y nuestras familias vivimos cada día peor: “Los precios de los pisos han subido cinco veces más que la renta familiar” (El País, 10/01/03). Según el Ministerio de Fomento y el Banco de España, el esfuerzo familiar para comprar un piso sube diez puntos en un año, hasta el 51% del salario. En Baleares y Madrid las familias destinan el 69% de sus ingresos al pago de la hipoteca.

¿Qué debemos exigir?

Ante esta situación el Partido Socialista e Izquierda Unida deberían defender un programa que incluyese, entre otras, las siguientes medidas:

1.- Expropiación sin indemnización de todo el suelo acumulado por las grandes inmobiliarias en los últimos años bajo protección del PP.

2.- Devolución de todas las plusvalías generadas por la reventa de solares, para destinarlas a la construcción de viviendas sociales.

3.- El suelo urbano de propiedad pública no puede subastarse en el mercado, sino que debe destinarse íntegramente a la construcción de viviendas de promoción pública, equipamientos sociales, zonas verdes, etc.

4.- Si los Ayuntamientos necesitan suelo para la construcción de viviendas deben recalificar suelo rústico, compensando a los propietarios a precio social.

5.- Los Ayuntamientos deben construir viviendas dignas, amplias, con buenos elementos constructivos y suficientes para satisfacer las necesidades sociales, en alquiler con renta no superior al 10% del salario.

6.- Supresión de todos los parásitos que incrementan el precio de las viviendas: notarios, registradores, tasadores... Abolición de los impuestos que gravan la adquisición de la primera vivienda.

7.- Ocupación de todas las viviendas vacías para destinarlas a alquiler.

Estas medidas erradicarían la especulación y servirían para que los trabajadores no tengamos que dedicar la mayor parte de nuestra vida laboral a pagar la vivienda.

Miguel Michitorena

Agrupación Socialista de Ciudad Lineal (Madrid)