Detenido en el CSA ‘La Guindalera’
Hace seis años y medio en el barrio madrileño de La Guindalera, con motivo del desalojo del centro social (CSA) fueron detenidas 168 personas, 98 en el edificio y 64 en la calle. Todos sufrimos el hacinamiento en comisaría durante tres días, vejaciones e insultos. Los del edificio recibimos patadas de los policías colocados en cada una de las plantas… (eran 5). En la calle se detuvo a todos los jóvenes desde Avenida de América, a la zona de Ventas.
Es a los detenidos en la calle hacia los que la fiscalía dirige ahora sus ataques. Pide 323 años de cárcel a 52 acusados. Quedan archivadas así las denuncias realizadas hacia los que estaban dentro de la casa al igual que las denuncias realizadas por los detenidos hacia la policía.
Esperar justicia a estas alturas es ridículo, pues no fue justa la detención, ni la ficha policial (que nos recuerdan a algunos, los funcionarios de aduanas), ni es justa la dilación del juicio. Pero pedir 176 años de cárcel a los 52 acusados por el delito de atentado es ridículo, máxime cuando únicamente resultaron 3 policías heridos levemente (probablemente dislocaciones de hombro y muñeca al usar la porra, o por el retroceso de la escopeta). Es cierto que hubo disturbios, incluso que alguna sucursal bancaria fue destrozada, pero la respuesta policial no tuvo nada que ver con eso. Las detenciones fueron políticas y arbitrarias. Se trató de hacer escarmentar al “movimiento okupa”, de atacar a una juventud, que en busca alternativas culturales y de ocio diferentes a las que les ofrecen los empresarios del sector y este sistema.
Un escarmiento que se demuestra muy útil, pues llenar de antecedentes y fichas policiales es algo que perjudica claramente al futuro de los jóvenes que tienen que hacerse un hueco en una sociedad en la que el trabajo es algo escaso. La ficha policial tiene que salir a la luz en el peor momento.
Lo único que cabe esperar es la libre absolución de todos los acusados, pues cualquier condena sería, además de una tremenda injusticia, otro paso más en contra de la libertad de manifestación y expresión.
