Com. Ejecutiva CCOO Guadalajara
El 11 de septiembre, el Congreso aprobó el Proyecto de Estatuto-Marco que, aunque recoge algunas propuestas planteadas por CCOO y defendidas por IU, avanza en la desregulación de las condiciones laborales y en la fragmentación territorial. Así, tras una rápida tramitación, el gobierno del PP ha conseguido la aprobación de un texto que será modificado —a peor— en su tramitación en el Senado. Para ello, ha contado con el apoyo de los partidos nacionalistas burgueses (CC, CiU y PNV) y de IU, mientras el PSOE se abstuvo y solamente el BNG votó en contra.
Los partidos nacionalistas burgueses (PNV, CiU y CC) han apoyado el texto argumentando la amplia capacidad reguladora que deja a cada comunidad autónoma. A pesar de los “desencuentros” entre el PP y el PNV y CiU, la derecha no tiene ningún problema en actuar como un solo hombre cuando se trata de atacar las conquistas de los trabajadores. La derecha trata de conseguir sus dos objetivos: regionalizar y fragmentar la atención sanitaria y atomizar la negociación de las condiciones laborales.
Partidos y sindicatos obreros: ninguno en contra
Izquierda Unida explica su apoyo (¿?) utilizando la argumentación de la Federación Estatal de Sanidad de CCOO (FES), es decir, que el gobierno ha aceptado algunas enmiendas. Sin embargo, al leer detenidamente el proyecto final, la realidad no se corresponde con la propaganda. Fieles seguidores de la política de la negociación sin presión y de aceptar el mal menor, los dirigentes oficialistas se permiten afirmar que “nuestros objetivos en la fase parlamentaria se han cubierto”. Los dirigentes del PSOE, a pesar de que están a favor, en líneas generales, del proyecto (como podemos comprobar en las comunidades autónomas gobernadas por este partido, como es el caso de Castilla-La Mancha) han decidido tácticamente no aparecer alineados con el gobierno y de ahí su abstención final.
Los actuales derechos laborales se basan en los Estatutos Jurídicos, la propia Jurisprudencia, los conquistados en las movilizaciones de los 70 y 80 y los acuerdos sindicales de 1990 y 2000. El proyecto aprobado ahora pone “a cero” el contador, lo cual supone un retroceso sobre la situación anterior. En la exposición de motivos, el texto remite al “Acuerdo Parlamentario para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud [de 1997, en el que] se considera imprescindible el establecimiento de un nuevo modelo de relaciones laborales para el personal estatutario”. Este acuerdo fue el que permitió al PP desarrollar en todo el estado desde 1996 los experimentos piloto de las fundaciones, los consorcios o el régimen de concesión administrativa del Hospital de la Ribera en Alzira. Por eso es sorprendente la actitud de nuestros dirigentes tras la aceptación de algunas enmiendas secundarias. Se oculta así a los trabajadores en general y a los afiliados en particular una serie de aspectos totalmente regresivos.
Más jornadas,
menos negociación
No solamente no se recoge por ley la jornada “ordinaria” de 35 horas, sino que su duración “se determinará en las normas, pactos o acuerdos, según en cada caso resulte procedente”. También “se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año”. La llamada jornada “complementaria” se mantiene para el personal que hace guardias, pero se podrá aplicar a otras categorías. Así, la jornada “máxima” y “especial” queda establecida en 48 horas semanales en promedio en cómputo semestral, pudiendo ser anual por acuerdo. Se introduce la posibilidad de jornadas superiores a las 48 horas “cuando el personal manifieste, por escrito, individualizada y libremente, su consentimiento”.
El alargamiento de la jornada laboral y su distribución irregular suponen dos ataques en toda regla a las condiciones laborales actuales, a las que se añaden las posibilidades de “chantaje” y “presión” de los jefes a los trabajadores más desprotegidos (eventuales, sustitutos e interinos) para “pactar” estos aumentos de jornada y su distribución.
Se mantiene el carácter no negociable de las retribuciones, que seguirán siendo fijados sin negociación con los sindicatos en los PGE. Tras el fiasco de la sentencia de la Audiencia Nacional y la negativa de los dirigentes sindicales a continuar las movilizaciones de hace dos años, el gobierno no va a aceptar ahora que se les cuele por la puerta de atrás la posibilidad de negociar. Eso sí, cada comunidad autónoma podrá negociar la cuantía de los diversos “complementos”. Para callar la boca a algunos, se ha creado el pomposamente llamado Foro Marco para el Diálogo Social, que será un organismo burocrático más, sin capacidad de negociar (solamente información y diálogo).
Contratos basura
Se mantiene la figura del personal eventual de refuerzo para las guardias. A pesar de que su trabajo obedece a necesidades permanentes, el Estatuto solamente valora convertir estos nombramientos en fijos bajo ciertas condiciones: “Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un período acumulado de doce o más meses en un período de dos años”, procederá el estudio de las causas que lo motivaron, para valorar, en su caso, si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro”.
Aunque el descanso diario se establece en doce horas, queda sujeto a tantas salvedades y excepciones que, en la práctica, no queda garantizado ningún mínimo. Incluso por decisión de la dirección la jornada diaria puede ser de 24 horas. El descanso semanal se fija en 36 horas, pero en cómputo bimestral. La dirección, previa consulta —que no acuerdo—, podrá suspender los derechos a permisos y descansos cuando no se pueda prestar asistencia “con los recursos humanos disponibles”. El Estatuto no regula diversos tipos de permisos ahora vigentes (asuntos propios, estudios, matrimonio, cambio de domicilio, sin sueldo, etc.), sino que su regulación la deja en manos de cada Servicio Regional de Salud.
Esta agresión exige una respuesta
El silencio de los sindicatos corporativos médicos (CESM) y de enfermería (SATSE) se explica por pactos bilaterales con el gobierno para obtener un mayor control de los colectivos a los que supuestamente representan, gracias a la Ley de Ordenación de los Profesionales Sanitarios (LOPS), aprobada en el mismo “lote” que el Estatuto. Esta ley otorga mayor poder a las mafias de los colegios profesionales.
CCOO si bien ha hecho campañas informativas en solitario explicando la gravedad de los ataques, se ha conformado con la suavización de algunos artículos y no ha recurrido a la movilización que tenía prevista coincidiendo con el debate parlamentario. Otra vez se pone de manifiesto el posibilismo y pragmatismo de la dirección oficialista, incapaz de convocar siquiera a sus propios delegados, no vaya a ser que se destape la caja de Pandora y se cuestione la política sindical practicada por la dirección. La proximidad del VII Congreso no es ajena a esta situación. Solamente algunas secciones sindicales (Hospital de Valmes, Sevilla) y sindicatos provinciales (Guadalajara) han manifestado críticas a la actitud de la dirección de la FES.
