Son precisamente los restos del franquismo en el Estado y el PP los que se llenan la boca de Constitución. Alguno se podría sorprender con semejante estado de cosas. Sin embargo, y como siempre hemos explicado los marxistas, esta Constitución es la constitución de los capitalistas y, como la práctica demuestra, un instrumento en contra de los trabajadores.

¿De dónde surge?

El referéndum del 6 de diciembre de 1978 es una parte decisiva de todo el proceso de la Transición. No es este el artículo dedicado a analizar aquello (un extenso análisis se puede encontrar en el número 9 de la revista Marxismo Hoy, editada por la Fundación Federico Engels). Basta señalar que en nuestra opinión, la lucha de los trabajadores fue descarrilada por la dirección de las organizaciones de izquierdas. PSOE y PCE asumieron el capitalismo como único modelo de sociedad posible y no vincularon la lucha por las reivindicaciones democráticas a la transformación socialista. Todo el empuje de la lucha de clases que acabó con el franquismo y conquistó las libertades democráticas fue frenado en ese punto. La burguesía se veía obligada a “volverse” democrática” a cambio de que no se tocase la estructura capitalista, es decir; que todo cambie para que todo siga igual.

Se trataba de legitimar el orden burgués. La Constitución era la guinda que coronaba todo el proceso. Una Constitución que parecía una conquista de las masas, pero que en realidad fue una más de las muchas claudicaciones de la izquierda en todo el proceso.

Constitución capitalista

El primer y decisivo punto por la que ésta no puede ser nuestra constitución es porque consagra y legitima el capitalismo: “Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia” (artículo 33.1); “se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación” (artículo 38).

Aceptar estos artículos es poner la soga al cuello de los trabajadores. ¿Acaso no se justifican las contrarreformas laborales en aras de la defensa de la productividad? Cualquier planteamiento que el propio texto pueda hacer sobre el derecho a la vivienda, trabajo, etc., queda en agua de borrajas y no es más que un brindis al sol. ¿Es acaso hoy compatible el derecho a una vivienda digna para millones de jóvenes con el respeto a las normas del libre mercado? Es evidente que si aceptas el capitalismo aceptas sus normas, es decir, desempleo, especulación inmobiliaria...

Para dejar claro quien manda, el artículo 37.2 reconoce el derecho de los empresarios a “adoptar medidas de conflicto colectivo”, es decir, la legalización del cierre patronal. Incluso la conquista del derecho a la huelga de los trabajadores luego ha sido matizada y limitada en leyes anti huelgas y además no se reconocen las huelgas políticas. Recientemente tuvimos un anticipo de la gravedad de este hecho. No es casual que escuchásemos argumentos de anticonstitucionalidad para deslegitimar la huelga del 10 de abril contra la guerra de Iraq.

Otro ejemplo de la claudicación de la izquierda ante la Constitución es el terreno educativo. El artículo 27 certifica la libertad de enseñanza. Este es el artículo del que hacen bandera la patronal educativa, la jerarquía católica y el PP para justificar el aumento de subvenciones a sus centros. El artículo 27.3 garantiza que el Estado dará la formación religiosa en las aulas (¿dónde queda la separación Estado/Iglesia?) y en el artículo 27.6 “se reconocen a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes...”.

En pocas palabras, la política privatizadora de la educación, la existencia de tres redes distintas (privada, concertada y pública), la posibilidad de universidades de elite para ricos, es fruto del magnífico y democrático consenso constitucional.

El papel de la monarquía

Una de las claudicaciones más evidentes de la izquierda fue la aceptación de la monarquía. Los dirigentes de la izquierda impidieron que el pueblo español pudiera decidir sobre esta institución. Hoy nos siguen insistiendo en que esto no tiene ninguna importancia, se nos dice que es una figura simbólica y decorativa y que no deja de ser un demócrata reconocido.

La realidad es que el rey tiene un montón de poderes y su figura dista mucho de ser neutral. Legitimar ante las masas esta institución caduca y antidemocrática tiene un sentido evidente para la burguesía.

En la consciente redacción ambigua de la Constitución corresponde al rey “sancionar y promulgar las leyes”, “expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros” (artículo 62.a y 62.f), pero nada en la Constitución le obliga a hacerlo. De esta manera, el monarca tiene la posibilidad de paralizar las leyes aprobadas por las Cortes elegidas en votación. Asimismo, al rey corresponde proponer el candidato a presidente de gobierno (artículo. 99.1). Los que quitan importancia a estas cosas señalan que el artículo 64 dice “los actos del rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes”. Sin embargo, no promulgar una ley no es algo refrendable (las omisiones no lo son), con lo que el rey tiene el poder de paralizar leyes y decretos. A esto se le añade que “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (artículo 56.3).

Muchos nos dirán que todo esto es absurdo, pues en 25 años “nuestro” monarca nunca ha hecho uso de esos poderes. Bien, si esto es así, ¿por qué no se modifica la Constitución para arreglar estos vacíos, “olvidos” y ambigüedades? La realidad es que la monarquía y sus poderes son un arma de reserva de la burguesía para enfrentarse a un auge de la lucha de clases y la posibilidad de una situación revolucionaria.

El rey no es en absoluto neutral. Es el garante de la Constitución y el orden capitalista. Ya hemos tenido varios anticipos que nos indican por donde irían los tiros en caso de profundas crisis. No hemos olvidado el discurso de apoyo implícito a la intervención española en la guerra de Iraq o las bochornosas declaraciones para echar un cable a Aznar en la crisis del Prestige cuando dijo “no es tiempo de criticar, sino de arrimar el hombro todos” (poco chapapote vimos en sus zapatos, majestad).

Con la legitimación ante las masas de la Casa Real, la izquierda reformista comete un grave error. En una situación de crisis, la burguesía buscará salvarse recurriendo, en un primer momento, a algún tipo de gobierno de unidad nacional legitimado por el monarca. Su aureola de demócrata le viene del 23-F. No tenemos espacio aquí para entrar en detalles (ver Marxismo Hoy nº 9), pero ¿dónde estuvo el rey desde el asalto al Congreso hasta las cero horas que apareció en televisión? ¿Por qué no se dirigió antes a la nación? ¿Cómo se explica que quiénes encabezaron el golpe eran su preceptor desde niño, Armada, y otro reconocido general monárquico, Milans del Bosch? En el libro sobre el 23-F del coronel Amadeo Martínez Inglés, éste desvela la última entrevista que mantuvo con Milans y cita: “El rey quiso dar un golpe de timón institucional, enderezar el proceso que se le escapaba de las manos y, en esta ocasión, con el peligro que se cernía sobre su corona y con el temor a que todo saltara por los aires, me autorizó a actuar de acuerdo con las instrucciones que recibiera de Armada”.

¿Constitución democrática?

La Constitución abre la posibilidad a la formación de un régimen bonapartista: un Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso, abrirá paso al estado de excepción y de sitio, donde se terminarán las libertades individuales y colectivas consagradas en teoría por la Constitución. Una huelga indefinida para tirar a un gobierno, como hace poco en Bolivia, podría perfectamente tener como respuesta constitucional el estado de sitio.

El propio sistema electoral y bicameral es profundamente antidemocrático. La composición del Senado perjudica a la izquierda y prima el voto más rural y atrasado. Se podría dar una situación de un Congreso aprobando leyes progresistas que fuesen paralizadas por el Senado. La existencia del Senado sólo tiene un sentido político real: “…el Senado es un organismo híbrido al servicio de las clases más conservadoras” (Josep Benet, senador por Catalunya, El País, 1-9-1978).

Constitución españolista

Uno de los apartados que demuestran su carácter reaccionario es la cuestión nacional. De hecho, 25 años después podemos afirmar que el capitalismo y su constitución han fracasado rotundamente en solventar el problema de las nacionalidades en el Estado español. Algo previsible desde el momento en que la Constitución españolista niega un derecho democrático básico como es el derecho de autodeterminación (que cada pueblo pueda decidir libremente su relación con el Estado); artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles...”.

No sólo niega este derecho, sino que la unidad de España queda en manos del ejército (artículo 8). No sólo no se reconoce el derecho de autodeterminación, sino que el artículo 155 permite tomar medidas excepcionales contra cualquier comunidad autónoma “que no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”.

La cuadrilla de nostálgicos del franquismo que forman el gobierno PP ya han declarado, a través de Michavila, su disposición a desarrollar mediante ley este artículo para aplicarlo contra Euskadi y el plan Ibarretxe. Si se atrevieran a suspender la autonomía vasca sería una medida constitucional.

Conclusión

Como vemos esta no es la constitución de los trabajadores. Si fue aprobada mayoritariamente (no en Euskadi, donde fue rechazada), fue porque se entendió como la garantía de ruptura con el franquismo y contaba con el beneplácito y el apoyo incondicional de la izquierda sindical y política. Aún así, el desencanto por las renuncias de la izquierda se tradujo en una alta abstención y voto nulo (el 35%).

Es tarea de los revolucionarios desenmascarar su auténtico carácter de clase. Hace pocos años el coordinador general de IU, Julio Anguita, iba por los mítines diciendo que su programa era la Constitución. Es correcto señalar sus incumplimientos (vivienda, trabajo, educación, etc.), pero no para generar ilusiones en ella, sino para combatirla y señalar que bajo el capitalismo los aspectos más progresistas de cualquier constitución (y la española no es precisamente de las más progresistas) no son más que papel. Éste lo resiste todo.

No podemos depositar nuestras ilusiones en cambiar constituciones, sino en la lucha consecuente contra el capitalismo. Una constitución genuinamente democrática sólo se conseguirá en otro tipo de sociedad: la sociedad socialista.