Los becarios de investigación son licenciados que trabajan en universidades, centros de investigación públicos y empresas privadas. Todos ellos realizan una labor básica para el desarrollo de la ciencia, como demuestra el hecho de que el 50% de los artículos científicos publicados por investigadores españoles llevan como primera firma (generalmente la más importante) a un becario y en el 90% de ellos hay al menos un becario entre los firmantes del artículo. Además, también realizan labores de docencia, sin que eso implique ninguna relación de contrato con la universidad.

‘Ayudas’ en lugar de salarios

Sin embargo, el gobierno del PP insiste en no considerarnos trabajadores, sino estudiantes. Esto significa que un becario recibe una remuneración mensual (que puede oscilar desde los ¡300 euros mensuales!,por trabajar 40 horas o más a la semana, hasta los 1.200, aunque la cuantía más habitual es de unos 900) que no tiene carácter de salario, sino de “ayuda”. Es decir, que el becario, aparte de recibir esa cantidad, no tiene derecho a nada más: no cotiza a la Seguridad Social; no tiene derecho a paro; al no tener reconocida una jornada laboral, tampoco cobra las horas extras; derechos básicos como las vacaciones o la baja por maternidad dependen de las condiciones concretas de cada beca. Por supuesto, tampoco tienen derecho a la famosa ayuda de cien euros al mes para madres trabajadoras con hijos menores de tres años, ya que las becarias no se consideran trabajadoras. (La situación puede llegar hasta el punto de que, si los dos miembros de la pareja son becarios, sus hijos no pueden estar en la cartilla de la Seguridad Social de los padres puesto que ellos mismos no se encuentran registrados, quedando por tanto totalmente desprotegidos y fuera del sistema).

Ningún derecho

Aunque, eso sí, los becarios tienen que hacer declaración de la renta, ya que los ingresos de las becas están sujetos al IRPF en el capítulo de “rendimientos netos del trabajo”. Y las ayudas recibidas para desplazamientos a congresos o estancias en otros centros de investigación en otras comunidades autónomas o en el extranjero, no se consideran dietas, sino ingresos sujetos a tributaciones. Además, al aceptar una beca hay que firmar un compromiso renunciando a realizar cualquier otra actividad remunerada en el sector público o privado, e incluso en muchas becas queda recogida la prohibición de estar ¡simplemente inscrito en el Inem, aunque sea para realizar cursos de formación!

La excusa para mantener esta situación es que los becarios están todavía en proceso de formación. ¡Cuánto cinismo, cuando los doctores han alcanzado la titulación máxima y pueden seguir como becarios! Además, resulta obvio para cualquier persona que la carrera investigadora requiere una formación continua.

El hecho de que los becarios que no son doctores reciban algunos cursos complementarios no invalida el hecho de que se trata de personal altamente cualificado (para acceder a una beca, no basta con una titulación universitaria, es necesario además tener una nota media en la carrera en torno a 7,5 como mínimo) y que juega un papel absolutamente productivo, como se pone de manifiesto en los datos comentados antes sobre la contribución de los becarios a los artículos científicos. Si, según el PP, somos sólo estudiantes en proceso de formación, habría que ver qué ocurriría con la investigación si, de los 80.000 científicos actuales, se eliminaran los 20.000 becarios (datos del Instituto Nacional de Estadística).

La situación es además aún más sangrante si tenemos en cuenta que no hablamos de que ser becario sea algo coyuntural, que dure un par de años, sino que no es raro encontrar gente que se aproxima a la cuarentena y sigue de becaria (dicho en otras palabras, puede llevar quince años trabajando y no haber cotizado ni un solo día a la Seguridad Social)

Y en este contexto el PP anuncia la aprobación del Estatuto del Becario de Investigación, que no es más que un insulto, puesto que no recoge ni una sola de las reivindicaciones de los becarios: en primer lugar, solo se cotizará a la Seguridad Social a partir del tercer año, pero esta cotización no incluirá en ningún caso el derecho a paro. Además, no se cotizará sobre la base del salario, ¡sino con el tope mínimo de cotización, 520 euros/mes!, con lo que, en caso de baja por enfermedad o permiso de maternidad, el becario cobraría el 50% de esos 520 euros, y no de su salario.

El Estatuto, todavía peor

Hasta ahora, los becarios tenían un seguro médico; con el Estatuto, los que coticen tendrán derecho a asistencia en la Seguridad Social, pero los de los dos primeros años podrían quedarse sin ningún tipo de cobertura, ya que no se dice nada al respecto. Y eso es todo lo que recoge el Estatuto: nada sobre salarios mínimos, jornadas laborales, horas extras, vacaciones, baja por maternidad... Por si fuera poco, el Estatuto sólo será de obligatorio cumplimiento si la beca está incluida por el organismo convocante —Comunidad Autónoma, Universidad— en un registro, en el que la inscripción ¡será voluntaria! ¡Es como si sólo estuvieran obligadas a cumplir el Estatuto de los trabajadores aquellas empresas que voluntariamente se inscribieran en un registro! Es decir, que si un organismo no se inscribe, la situación para sus becarios será exactamente la misma que la actual. Además, ese registro será sólo para becas de organismos públicos, por lo que seguirá existiendo la más absoluta arbitrariedad con los becarios que se encuentran en empresas privadas.

En definitiva, el PP sigue imponiéndonos a los jóvenes la precariedad más absoluta en todos los sectores, y además impidiendo que existan los medios para poder desarrollar una investigación científica en beneficio de la mayoría de la sociedad.

Información extraída de la página web de la Federación de Jóvenes Investigadores - Precarios, www.precarios.org

Jara Pérez

Becaria de Investigación en la Universidad Autónoma de Madrid