El astillero público Juliana está pasando por graves dificultades, además de encontrarse bloqueadas las negociaciones del convenio colectivo de todo el grupo Izar. Lo más preocupante es la falta de carga de trabajo. Recientemente terminaron sus últimos encargos y de momento no hay nada nuevo.
Resulta paradójico que los astilleros no tengan trabajo en un país donde hace poco más de una año, cuando ocurrió el hundimiento del Prestige, el gobierno declaró no poseer ni tan siquiera un barco anticontaminación. En aquél momento se declaró desde diversas fuentes que si se obligara a las compañías a cumplir la normativa marítima sobre seguridad, éstas tendrían que renovar buena parte de su flota. Pero al parecer, es mucho mejor no “importunar” a los grandes armadores. Bastará con lamentarlo cuando ocurra otro accidente, y entretanto, ir cerrando y privatizando los astilleros públicos.
Por otro lado, el astillero privado Naval Gijón lleva años sufriendo la mala gestión de Galo Baizán, viendo como éste es incapaz de reflotar la empresa (pese a los millones que le han concedido en subvenciones públicas) y asistiendo a una reducción continua de la plantilla. Ahora se enfrentan a un nuevo expediente de regulación de empleo que, con toda seguridad, será el preludio del cierre definitivo.
También los trabajadores de la mina La Camocha salían a la calle a finales de diciembre para protestar por el convenio colectivo y para exigir un plan de futuro para la mina. Aquí, como en Naval Gijón, vemos una plantilla diezmada por las sucesivas reconversiones que paga el pato de la gestión nefasta e incompetente que ha llevado la dirección de la empresa, pese a las cuantiosas subvenciones recibidas (por cierto, procesada por fraude, a causa de la compra de carbón polaco)
Unificar las luchas y exigir la nacionalización
Con el chantaje de mantener el empleo y la producción, multitud de empresas privadas se benefician de subvenciones multimillonarias, sin que después la Administración controle de manera eficaz el destino de esos fondos. Las más de las veces el dinero va a cualquier parte menos a cumplir el plan de inversiones comprometido por el empresario.
Cualquiera puede ver que eso es lo que ha sucedido también en Naval Gijón, o en la Camocha. En lugar de reclamar de los gobiernos central y autonómico más dinero para engordar el bolsillo de los empresarios, hay que exigir ya la gestión pública de ambas empresas y la integración de sus instalaciones y de la totalidad de la plantilla en el sector público. En realidad, no hay otra manera de defender eficazmente los puestos de trabajo.
Es cierto que la tendencia actual es la de privatizar cuanto más mejor, porque eso es lo que conviene a los empresarios, de la misma forma que la tendencia es también a pisotear los derechos de los trabajadores, pero eso no quiere decir que debamos aceptarlo.
Gijón, como el resto de zonas obreras asturianas ha venido perdiendo puestos de trabajo en el sector industrial desde hace años. Estos puestos de trabajo, estables y con derechos, se van sustituyendo por mano de obra precaria, mal pagada y sobreexplotada, configurando un mercado laboral al gusto de los empresarios, cuyos abusos son cada día más intolerables.
Sin desarrollo industrial no hay prosperidad ni calidad de vida para las familias trabajadoras. Por este motivo resulta tan importante mantener el empleo y garantizar el futuro industrial de la comarca. La lucha por asegurar la viabilidad de Juliana, Naval Gijón o la Camocha es la lucha por la dignidad de la clase trabajadora asturiana. La mejor manera de ganar, y quizás la única, es golpear unidos, unificando y coordinando las protestas y movilizaciones. Sólo juntando todas las fuerzas será posible arrancar soluciones a largo plazo, en lugar de parches provisionales, que nos dejan cada día en una situación de mayor debilidad para enfrentarnos a nuevos ataques.
Mónica Iglesias
CCOO-Asturias
