La dirección pretende un convenio de dos años, que supedite la recuperación salarial con respecto al IPC previsto al cumplimiento del objetivo de incremento de viajeros, algo que según José no está en absoluto garantizado. Además, plantea una reducción de jornada de dos días en los dos años, y no acepta ningún compromiso de aumento de plantilla fija. También pretende una mayor libertad para modificar condiciones laborales sin negociación, y limitar derechos consolidados, como:
· Derecho a cobrar el 100% de las dos pagas extras, independientemente de haber tenido días de baja (derecho reconocido por sentencia).
· Derecho de recolocación, en puestos de poco esfuerzo físico, a trabajadores con incapacidad total.
Los trabajadores luchan por un convenio de un año, que no supedite el aumento salarial a los beneficios de la empresa, y que éste sea del IPC previsto más un punto. Exigen también el mantenimiento de los derechos adquiridos.
Pero tan importante como esto es el objetivo de reducción de jornada y de creación de empleo fijo. El Comité de Huelga pretende un mínimo de dos días menos de jornada en un año, y que la plantilla fija pase de 1.197 a 1.250, estabilizando a una gran parte de los eventuales. Es un escándalo que mientras el PP anuncia a bombo y platillo (sobre todo en la pasada campaña electoral) planes de nuevas líneas de metro y tranvía, no haya ningún encargo para construir ningún nuevo tren ni para aumentar el personal, y es más, están cerrando dependencias y suprimiendo trenes. Se da la circunstancia de que en València hace poco se inauguró la línea 5, pero se ha cubierto con trenes y plantilla de otras líneas. La falta de personal obliga a dejar muchas estaciones sin taquillas abiertas, y para colmo el mantenimiento del material es tan deficiente que muchas máquinas expendedoras de billetes no funcionan, estimulando así que los pasajeros se cuelen. Más grave que esto son las consecuencias sobre la seguridad, ya que los servicios de mantenimiento de pasos a nivel, vías, etc., están bajo mínimos. La aglomeración de viajeros y los retrasos son otros efectos de esta política de inversiones mínimas.
La huelga del 23 y 24 ha sido un éxito, más del 90% de los trabajadores no afectados por los servicios mínimos ha parado. Hay que denunciar los servicios mínimos impuestos ¡del 50% de la plantilla! En estos momentos el Comité está a la espera de la reacción de la dirección, realizándose asambleas en la primera semana de junio.
Es necesario aprovechar el momento de ánimo de la plantilla, proponiendo en las próximas asambleas un nuevo plan de lucha para no caer en la estrategia previsible de la dirección: dejar pasar el tiempo, quizás con la excusa del posible cambio de directivos tras las elecciones. El mismo día 23 hubo también huelga en Ràdio Televisió Valenciana, contra su privatización. Un paso adelante sería una movilización conjunta de las dos empresas, implicando a las uniones sindicales y a las federaciones de servicios públicos, sanidad y enseñanza, con un objetivo claro: servicios públicos de calidad, aumento de plantilla para garantizarlo, salarios dignos y paralizar las privatizaciones.
