El gobierno, con el respaldo de los dirigentes de los sindicatos de profesores UGT y CCOO y de la confederación de padres CEAPA, ha presentado este anteproyecto como una ley de izquierdas, frente a la política educativa de la derecha, y que servirá para mejorar la calidad de la enseñanza, sobre todo de la enseñanza pública. Y algunas medidas sí podrían ser útiles para mejorar la enseñanza, sobre todo si contaran con recursos para llevarlas a cabo pero éstas no determinan la filosofía de fondo que defiende la ley.

El primer aspecto es precisamente la ausencia de la suficiente financiación. El gobierno se ampara en las competencias de las comunidades autónomas para no destinar el dinero necesario a la educación pública, pero como la anterior ley educativa del PSOE demostró (la LOGSE), cualquier medida que pudiera ser positiva, sin los suficientes recursos puede convertirse en papel mojado. Es más, sin dinero, las pruebas de nivel a los 10 y 14 años que propone el anteproyecto (Art. 21 y 29), junto a una secundaria flexible y con muchas optativas (Art. 22.4 y 22.5) y un 4º de ESO como curso orientador hacia los futuros estudios (Art. 25.4), pueden convertirse rápidamente en los itinerarios educativos como los que defendía el PP para segregar a los estudiantes y elitizar los estudios. Es inaceptable la ausencia de un Plan Extraordinario de Inversión para la educación pública, que nosotros ciframos en 6.600 millones de euros, que dote a la educación pública de los recursos suficientes para que sea de calidad.

Aumento de los privilegios de la educación concertada

El anteproyecto aumenta los privilegios de la educación concertada: en la admisión de alumnos (aumentando la competencia entre centros al mantener la publicación de rankings de colegios e institutos que introducía el PP, Art. 143.2 y rompiendo la planificación por zonas como existía hasta ahora, Art. 84.1); concede nuevos conciertos en los tramos gratuitos (no sólo incluye infantil como defendía la LOCE, Art. 15.1 y 15.2, sino, lo que sería una peligrosa novedad, el bachillerato y los ciclos formativos, Art. 111.1); da ayudas extras para que la concertada acepte matricular estudiantes con necesidades especiales e inmigrantes (Art. 69.2 y 118.2) o que estos colectivos sean tratados por entidades o empresas privadas (Art. 69.5); los centros concertados podrán discriminar por razón de sexo (Art. 82.3), etc.

La LOE claudica ante los sectores más antidemocráticos ya que, aunque reconoce que los estudiantes no seamos sancionados cuando decidamos de forma colectiva no asistir a clase (Disposición Final 1.5, que no es lo mismo que el derecho a huelga, aunque supone un avance con respecto a la situación actual) el director seguirá siendo escogido en la práctica por la Administración (Art. 131.3) y además todas las sanciones y medidas disciplinarias estarán en sus manos y no en las de un Consejo Escolar (Art. 123.g y 128.f), en el que los estudiantes perderemos peso (Art. 122.1).

La religión seguirá presente en las aulas

Hay otros aspectos fundamentales que para nosotros no son abordados. Dicen que se desarrollarán en futuros reales decretos, pero una cuestión de forma no se puede confundir con la ocultación de estos puntos a la comunidad educativa.

En primer lugar con el mantenimiento de la religión en las aulas (Disp. Adicional 2), no se descarta que un futuro real decreto estableciera que la religión fuera evaluable y computable en secundaria, y que en todo el tramo educativo pueda existir una alternativa evaluable. Además es una aberración abrir los centros públicos a otras confesiones incluyendo entre los profesores a imanes, pastores evangélicos y rabinos. Se da “café para todos” en lugar de enfrentarse a la jerarquía católica y conquistar una educación pública laica.

Continúa la selectividad

En segundo lugar con la selectividad y su más que probable endurecimiento, el articulado lo insinúa al introducir el examen por vía y no por modalidad (Art. 38.3, que trae más especialización y por tanto menos opciones para el estudiantes) y sobre todo cuando se materialice “la normativa básica que permita a las universidades fijar los procedimientos para la admisión de los alumnos que hayan superado la prueba de acceso” (Art. 38.6) ¡Aunque apruebes la selectividad las universidades podrán establecer criterios propios de admisión! Además no podemos olvidar que hace pocos días se publicó un informe solicitado por el MEC que apostaba por un endurecimiento salvaje de esta prueba injusta. Desde luego, sólo este punto sería suficiente para salir a la calle contra la LOE. El Sindicato de Estudiantes no aceptará ningún endurecimiento del acceso a la universidad.

El gobierno del PSOE tiene que rectificar. Ha tratado de consensuar una ley educativa con la derecha plegándose a las presiones de la patronal educativa y la jerarquía católica. Sin embargo, la propia respuesta del PP reivindicando su LOCE ha demostrado que esto es imposible: la burguesía siempre quiere más y más. No se pueden consensuar los intereses de los empresarios con los de jóvenes y trabajadores, es como el agua y el aceite. Que el Ministerio diga que apoya a la educación pública, mientras que en realidad no destina los recursos necesarios y concede más privilegios a la privada-concertada, en la práctica significa privatizar la enseñanza; decir que se defiende una educación integradora cuando se endurece la selectividad es elitizar la educación. Eran precisamente estos dos principios los que defendía el PP con su LOCE.

Los estudiantes

lo tenemos muy claro

Los estudiantes, por el contrario, lo tenemos claro: nuestras críticas a la LOE no tienen nada que ver con las que lanza histérica la derecha. Durante todo el mes de marzo el Sindicato de Estudiantes organizó referéndum en 138 institutos de todo el Estado y el resultado no daba lugar a dudas. El 62,39% de los estudiantes defendemos el derecho a huelga y derecho a reunión en hora lectiva; el 65,22% el acceso directo a la universidad sin ninguna traba ni selectividad; el 69,89% exigimos un plan extraordinario de inversión y la integración de la red concertada en la red pública y el 47,20% defendemos una educación pública laica (sólo el 5,04% exigen una religión obligatoria y evaluable y el 44,50% una religión voluntaria, no evaluable).

La dirección del PSOE tiene que recordar que si ha llegado al poder ha sido gracias, precisamente, a la movilización masiva de jóvenes y trabajadores contra la política reaccionaria del PP. Por tanto tienen que romper con la patronal y la jerarquía eclesiástica y abordar una reforma educativa en beneficio de los hijos de los trabajadores que apueste por una educación pública, democrática, bien dotada, laica y científica. Si se empeñan en privilegiar a los mismos que privilegiaba la LOCE, imponiendo esta LOE, el movimiento estudiantil responderá en otoño volviendo a salir a las calles.

Juanjo López

Secretario general del

Sindicato de Estudiantes