En el lenguaje aséptico que utiliza el mundo de los negocios y las finanzas, control de costes o reducción de costes tienen un significado muy concreto para los trabajadores: se trata de miles de despidos, cierres de factorías, operaciones de compra-venta para especular, etc., con el resultado de miles de familias abocadas a un futuro incierto y la destrucción de miles de puestos de trabajo. Este el caso de Philips en el Estado español. Philips ha decidido cerrar la factoría de bombillas de Lamparas Z, situada en la Zona Franca de Barcelona y trasladar la producción a Polonia. Como consecuencia de esto 161 personas se irán a la calle. También ha anunciado el cierre de Barayo, la antigua Miniwatt, también en la Zona Franca, que dejaría sin empleo a 362 trabajadores. Detrás de estas dos operaciones, además, hay intereses especulativos con los terrenos que ocupan las factorías. De hecho, LG Philips recompró Barayo el año pasado por seis millones de euros, para vender después los terrenos dentro del proyecto de la Marina de Barcelona por 200 millones.
Los directivos de la empresa plantean, con su cinismo característico, que las dos factorías habían perdido “competitividad” por las mejores condiciones recogidas en los convenios de empresa, por encima del convenio provincial: salarios más altos, menos horas de trabajo al año, etc., En realidad, la producción en el caso de Barayo ha caído de 4,3 millones de tubos catódicos a 2,1 en 2004, lo que no se puede explicar más que por la decisión deliberada por parte de la dirección de producir menos y en ningún caso se puede atribuir a la “baja productividad” de los trabajadores, como dicen los directivos de la empresa.
En el caso de la antigua Miniwatt, hay que tener presente que la plantilla tiene una trayectoria de lucha muy importante, consiguiendo importantes mejoras y derechos. La multinacional lo que pretende con el cierre es deshacerse de estos puestos de trabajo con derechos y sustituirlos por trabajadores sin derechos, en condiciones infinitamente peores, en cualquier lugar del mundo.
Coinciden estos anuncios con otros, como el de IAR Ibérica, en Montcada, con 450 trabajadores que ven peligrar sus puestos de trabajo. En el año 2004 los despidos colectivos han afectado a 9.029 trabajadores en Catalunya. La Generalitat está aprobando estos expedientes con la única condición que vayan acompañados de un plan social (recolocaciones, planes de formación, traslados, etc.,). Esto es totalmente insuficiente ya que la mayoría de las veces todo esto queda en papel mojado y, aún en el caso que se produzca la recolocación, siempre hay una pérdida de derechos y de condiciones. De la misma forma que las indemnizaciones son pan para hoy y hambre para mañana. Las direcciones sindicales de CCOO y UGT tienen que cambiar radicalmente de postura y dejar de conformarse con acuerdos por indemnizaciones y luchar por mantener todos los puestos de trabajo. Hacer confluir las diferentes luchas en contra de los expedientes y por la defensa de los puestos de trabajo sería un primer paso para impedir los planes de las multinacionales y significaría también una presión fuerte hacia la Generalitat, para que cambie su política permisiva con los expedientes.
Lluís P.
Barcelona
