El 21 de febrero, el secretario general del SOC, Diego Cañamero, los miembros del Comité Ejecutivo, José Rodríguez Núñez y Manuel Zafra Neira, así como el sindicalista Juan Hidalgo han sido juzgados por presuntos delitos de coacciones, daños, lesiones, ocupación ilegal de fincas y contra los derechos de los trabajadores. En total las penas solicitadas por la fiscalía, la acusación particular del Conde Aguilar y la popular ejercida por la patronal ASAJA suman más de 10 años de cárcel y multas millonarias.
Sin embargo, el único delito cometido fue exigir mediante una huelga (realizada en 2001) el cumplimiento del Convenio Colectivo del Campo al Conde Aguilar en la finca Algarabejo, situada en la carretera que une Arahal y Utrera, en la provincia de Sevilla, donde no se abonaban los salarios conforme a lo que marcaba el Convenio.
Tres días más tarde, el 24 de febrero, otros dos sindicalistas del SOC, A.V.C. y S.C.G., actualmente en libertad bajo fianza de 18.140 euros, han sido juzgados por presuntos delitos de desórdenes públicos y daños. Las penas solicitadas por la fiscalía y por el Partido Popular, que ejerce la acusación particular, superan los tres años de cárcel e indemnizaciones millonarias. El motivo real fue una protesta legalizada frente a la sede andaluza del PP en Sevilla contra el decretazo.
La represión judicial y policial es un instrumento que la burguesía esta utilizando constantemente para atacar y amedrentar a las organizaciones de la clase obrera. Ante esto, nuestra respuesta tiene que ser contundente. Movilizando nuestras fuerzas podemos hacer que el efecto que busca la burguesía se vuelva en su contrario. Por esto el SOC no sólo ha afrontado esta lucha desde el terreno judicial, que como ya sabemos es el terreno más favorable a los terratenientes y la burguesía, sino que además se han convocado concentraciones en los juzgados y se ha iniciado una campaña basada en la solidaridad de clase en la que se hace un llamamiento a todas las organizaciones de la clase obrera a organizar una respuesta conjunta.
No podemos permitir que la aristocracia más rancia y caciquil imponga el terror y la injusticia a quienes luchan por dignificar la vida en el medio rural. El SOC, un sindicato con más de cien militantes multados y procesados con sanciones que alcanzan los 90.000 euros, necesita una vez más el apoyo y la solidaridad del sindicalismo de clase, los movimientos sociales y las organizaciones ciudadanas y colectivos políticos de izquierda.
¡Retirada de todos los cargos y la cancelación de las causas!
¡Basta de represión sindical!
José Antonio Cabrera
Militante del SOC
