Desde principios de este año se ha constituido una Mesa de Negociación integrada por los representantes de la Federación del Campo de CCOO y UGT, los portavoces de los ministerios de Empleo, Trabajo y Seguridad Social y, no podían faltar, los representantes de la gran patronal agrícola, para tratar el tema del Subsidio Agrícola y de las condiciones laborales de los trabajadores del campo. El Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía (SOC) no ha sido invitado a participar en el frente sindical con el sempiterno argumento de su falta de “representatividad”, a pesar de agrupar a una parte importante de la clase trabajadora en las zonas rurales de Andalucía y de que han intervenido como los primeros en la lucha por el mantenimiento de un sistema de prestaciones digno.

En cualquier caso, la formación de esta órgano responde a las presiones de los sindicatos agrarios para la restitución de los derechos de los trabajadores del campo derogados o modificados por el decretazo, cuestión que aún no ha sido abordada por el gobierno del PSOE, y a la que se comprometió mientras estuvo en la oposición y participaba activamente en las movilizaciones contra la reforma del PP. Además, y partiendo de la recuperación íntegra del sistema de protección para los jornaleros, se plantea introducir otras mejoras en el Régimen Especial Agrícola (REASS) a fin de que los obreros del campo tengan las mismas prestaciones en materia de pensiones, bajas laborales, desempleo, etc., que el resto de los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social a través de la rama general. Una discriminación que ha padecido este colectivo desde la misma instauración del régimen especial y no por casualidad.

Por la restitución del subsidio agrícola

Durante los tres años que lleva vigente, los efectos del “decretazo” del PP se han dejado sentir en todas las poblaciones andaluzas y extremeñas. En primer lugar, por la restricción adicional, que ha supuesto que numerosos colectivos como inmigrantes, los mayores de 45 años y parejas jóvenes con hijos menores no puedan acceder al subsidio agrario. Podría calcularse en torno a 70.000 los trabajadores que han sido privados, debido a la aplicación de alguno de los artículos, de su derecho a percibir el subsidio. Cifra que se multiplicará en pocos años hasta la desaparición del sistema debido a que los preceptores de la Renta Agraria, que es la nueva modalidad de subsidio que incorpora el decretazo para los jóvenes y los que vuelven al régimen agrícola desde otras ocupaciones, sólo pueden cobrarla seis veces, es decir, en seis anualidades.

Pero ahí no queda la cosa, el enfado es monumental entre los que reúnen las condiciones para ser beneficiarios de la Renta Agraria. La tramitación y la documentación que se exige a estos trabajadores es tan confusa y está tan alejada de la realidad laboral del campo que causa desesperación, no ya entre los sufridos solicitantes, sino entre los propios funcionarios del Inem, que no saben cómo darle un procedimiento administrativo a semejante disparate.

La integración de los trabajadores del campo

en el régimen general

Las reivindicaciones defendidas por CCOO y UGT del campo en el apartado del régimen general merecen una explicación detallada en la medida que no han sido comprendidas por muchos trabajadores, en especial por los compañeros del SOC, que ven en esta “integración”, la desaparición del sistema compensatorio que permite a los trabajadores agrícolas afrontar con la ayuda del subsidio la inherente eventualidad que genera el sistema de producción en el campo, y que se simboliza en la figura del jornalero.

Como se verá, las pretensiones de los sindicatos mayoritarios tienen los pies de barro, pero no por las razones que esgrime el SOC, sino por la imposibilidad de alcanzar lo más mínimo, de conseguir las más pequeña reforma en favor de los trabajadores agrarios si no se va más allá, atacando los privilegios de los que disfruta la gran patronal del campo y socavando los principios sagrados en los que se sustenta el sistema capitalista: la propiedad de la tierra y el sistema de producción.

La asfixiante precariedad laboral en el campo y la ausencia de contratos estables para el 95% de la población activa responde a causas objetivas de las condiciones de producción en propiedad en las que se desarrolla el sistema capitalista en el campo. Los intereses concretos de la patronal, de los propietarios, constituyen el freno material para que los trabajadores del campo puedan realizar sus faenas con estabilidad laboral y con los derechos derivados de las mismas. Lo consigna de integración de todos los trabajadores del campo en el régimen general, sin perder derechos, lleva directamente a plantear la necesidad de expropiar a los terratenientes y poner la producción al servicio de una economía planificada controlado por los propios trabajadores. Cualquier intento de quedarse a medio camino, de reformas graduales, etc. está condenada al fracaso, y sobre todo si la única forma de presión es una respetable “mesa de negociación”.

Incluso meras reformas como la igualdad de derechos en materia de pensiones, prestaciones por desempleo o bajas laborales, derechos donde exista una grave discriminación contra los trabajadores del campo, son imposibles de lograr sin no se arremete contra el trato de favor de que gozan los propietarios de las empresas agrícolas en sus obligaciones con las Seguridad Social.

¿Acaso alguien piensa que los grandes propietarios, los terratenientes van a consentir graciosamente asumir los costes que generan derechos para los trabajadores? Podemos asegurar que antes dejarán sin sembrar y sin producción la mayoría de sus tierras, desprendiéndose de la mano de obra y del dichoso 33%, ya que encima recibe subvenciones por no producir. Esto llevaría al paro forzoso a una gran parte de la fuerza laboral y a una situación insostenible.

No son los trabajadores del campo los culpables de este sistema perverso. De que no sean rentables las empresas agrícolas según la lógica del capital, de los precios de los productos, de la tiranía del mercado. Que los defensores a ultranza del capitalismo expliquen como saldrán del atolladero. Para los trabajadores del campo la cuestión es muy sencilla. Quieren elevar sus condiciones de vida y de trabajo y tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores.

Las mejoras total o parcial del sistema no se lograrán en una mesa de debate sino a través de la presión, la unidad y la movilización de los trabajadores del campo, expresada a través de sus organizaciones históricas. Con la unidad de lucha de todas las organizaciones obreras. Elevando el nivel de conciencia y comprensión de los trabajadores del campo sobre el verdadero responsable de la opresión y las malas condiciones de trabajo que padecen, que no es otro que el sistema capitalista y sus agentes, los terratenientes.

Santiago Jiménez

CCOO · Villaverde del Río (Sevilla)

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