El rechazo frontal de la patronal, que incluso ha amenazado con retirarse de las negociaciones, no debe confundirnos, porque detrás se esconde una táctica premeditada para hacerla más creíble ante la clase trabajadora, para que se aproxime más a sus objetivos y para desgastar políticamente al gobierno.
Efectivamente, muchos trabajadores se preguntarán: “Si la rechaza la patronal y los sindicatos están dispuestos a seguir negociando, no debe ser tan mala”. La realidad es que las propuestas del gobierno, como señalan los propios sindicatos: “recogen todas propuestas de la patronal en materia de regulación y de costes” (Cinco Días, 19/10/05).
Año y medio de negociaciones
Varios meses después de las elecciones del 14 de marzo, el gobierno de Zapatero encargó a una Comisión de Expertos la elaboración de un informe, entregado a CCOO y UGT en marzo de este año, que señala claramente la dirección de la contrarreforma, coincidiendo en líneas generales con los objetivos de la CEOE. Mientras tanto, el gobierno, apelando una y otra vez a la necesidad del consenso, ha propiciado el envalentonamiento de la CEOE. Está claro que la patronal no se conforma con las propuestas y pretende mayores concesiones. La postura de las direcciones de CCOO y UGT, fieles al cretinismo negociador y al sindicalismo de despacho y moqueta, ha sido de lamentarse de la situación, pedir responsabilidad a la patronal (¿) y mostrar su disposición a seguir negociando, a la vez que siguen hurtando el debate a sus afiliados.
Abaratar más los contratos indefinidos
La propuesta fundamental del gobierno, pero no la única, no es otra que generalizar el contrato indefinido introducido en 1997 por el PP (contrato bonificado de fomento de empleo). Este tipo de contratos supone un menor coste de despido (33 días por año en vez de 45). Además, se ampliarían de 2 a 4 años las bonificaciones empresariales y se extendería su aplicación a los trabajadores en paro entre 16 y 30 años y a cualquiera que lleve un mes en paro. Estos contratos han supuesto entre 1997 y 2003 el 60,27% de todos los contratos indefinidos, es decir, se están utilizando no para reducir los contratos temporales sino para sustituir a los contratos indefinidos anteriores, más caros en caso de despido. Hablando en plata, se trata de precarizar cada vez más los contratos indefinidos aproximándoles a los temporales.
El gobierno pretende también convertir las bonificaciones actuales (porcentaje del salario) en ayudas mensuales lineales, así como reducir las cotizaciones por desempleo de los contratos fijos 0,25 puntos en 2006 y otros 0,25 en 2007.
A esta reducción de costes por despido se añade la reforma de 2002, que a pesar de sufrir profundas modificaciones tras la HG del 20J, ha consagrado en la práctica el despido casi libre, ahorrando a las empresas el abono de los salarios de tramitación.
La temporalidad
La justificación más importante de las reformas de 1994 y 1997 fue reducir la temporalidad, hecho que no sólo no se ha producido, sino que tiende a empeorar. Desde 1997 la temporalidad ha pasado del 31,8 al 33,2%, superando el 20% en todos los sectores y llegando en algunos a más del 50% (construcción y agricultura). La duración media de los contratos temporales se ha reducido.
Ahora, el gobierno de ZP abunda en la misma propaganda. La propuesta de transformar en fijos a los trabajadores temporales que en 36 meses hayan suscrito dos o más contratos con la misma empresa durante un período superior a 24 meses, que supone limitar a dos años el encadena miento de contratos temporales, significa realmente que se producirá un aumento de la rotación y una disminución de los días contratados. Como medida de ayuda a este objetivo, el gobierno propone reducir la indemnización por despido de los temporales contratados a través de una ETT de 12 a 8 días, igualándola al resto de contratos temporales. Si a esto sumamos que los nuevos contratos indefinidos serán más baratos en caso despido, las propuestas del gobierno benefician exclusivamente a los empresarios. Por si fuera poco, se pretende rebajar en 1,5 puntos la cotización por desempleo en las ETTs.
Una de las zanahorias para que los sindicatos acepten las propuestas del gobierno es que los empleos estacionales se cubran con contratos fijos discontinuos y no con temporales. Otra es convertir en indefinidos los contratos temporales de obra y servicio, que ahora se usan siempre en los casos de subcontratación. Pero estas propuestas “positivas” que hace el gobierno no bastan en absoluto para equilibrar la balanza a favor de los trabajadores.
Los AINC también benefician a la patronal
Los sucesivos AINC (Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva) están logrando reducir el poder adquisitivo de cada vez más trabajadores por la vía de la moderación salarial. Durante 2004 los incrementos salariales pactados fueron del 2,9%, mientras la inflación real fue del 3,2%. Los beneficios empresariales (según el Banco de España) crecieron un 18,6%, llegando al 23,4% en la banca (según la Asociación Española de Banca). Con los datos actuales de inflación, este proceso no hará más que empeorar.
No es extraño que la participación de los salarios en la Renta Nacional se haya reducido del 50% en 2001 al 49,5% en 2004, es decir, la clase trabajadora ha aportado 3.513 millones de euros (580.000 millones de pesetas) a los empresarios. Y esto en un contexto en que el 55% de las familias reconocen que no pueden llegar a fin de mes debido a los bajos salarios y el endeudamiento derivado del precio de la vivienda. Desde la entrada en vigor del euro nuestro país es donde más ha subido la inflación, un 10,2% desde 2002, casi el doble de la media de la UE.
Los sindicatos deben preparar una respuesta de clase
Lamentablemente, tanto Fidalgo como Méndez han acogido de “forma positiva” las propuestas del gobierno y, aunque no estén de acuerdo con muchas iniciativas, “creen que el documento es el adecuado para que sirva de base a las negociaciones” (Cinco Días, 19/10/05). Apelaron, como siempre hacen, a la responsabilidad de los empresarios, olvidando la suya ante los trabajadores. Paradójicamente, el rechazo de la patronal les viene como anillo al dedo para hacer tragar a los trabajadores las propuestas del gobierno.
Debe darse un giro de 180 grados en la acción sindical. Para los sindicalistas marxistas, las negociaciones deben ser transparentes y sujetas a debate en los comités, las secciones sindicales, las asambleas de empresa y entre el conjunto de los afiliados. Cualquier negociación, despojada de la presión y la movilización, no sirve si no se avanza en derechos y no se frena la voracidad de beneficios de los empresarios. CCOO y UGT no pueden aceptar un abaratamiento mayor de los despidos ni avalar unas propuestas que benefician exclusivamente a la patronal. Luchamos por un sindicalismo combativo, de clase y democrático, y por eso hemos organizado en Madrid los días 5 y 6 de noviembre la I Conferencia Sindical de El Militante, donde profundizaremos en la alternativa marxista que defendemos en el seno del movimiento sindical.
