Los capitalistas de Altadis quieren cerrar siete centros y entre estos la histórica Fábrica de Tabacos de Sevilla (la de la ópera Carmen de Bizet y de los cuadros de Gonzalo de Bilbao), las de Tarragona, Cádiz y Palazuelo, echando a casi 1.700 mujereLos capitalistas de Altadis quieren cerrar siete centros y entre estos la histórica Fábrica de Tabacos de Sevilla (la de la ópera Carmen de Bizet y de los cuadros de Gonzalo de Bilbao), las de Tarragona, Cádiz y Palazuelo, echando a casi 1.700 mujeres y hombres en el Estado español y Francia. Los Comités de Empresa, las plantillas y sus sindicatos han luchado para que la jornada de huelga del día 15 de septiembre se transforme en manifestaciones masivas de apoyo a la lucha de estas familias trabajadoras.

Los planes empresariales para trasladar a cientos de trabajadores a otras ciudades (Alicante y Logroño) son ni más ni menos que despidos disfrazados. No sólo están en peligro estas compañeras y compañeros y sus familias, sino que también se van a perder decenas de empleos indirectos (las contratas de la limpieza y otras).

Cómo ocurrió la privatización de Tabacalera española

Tabacalera fue privatizada en el año 1998 por el PP y el gobierno se quedó con el 2% del capital y el compromiso totalmente incumplido de mantener el empleo. A pesar de la lucha contra la privatización por parte del Comité Intercentros, el gobierno siguió con sus planes y al año siguiente la fusión de la francesa Seita SA con Tabacalera dio lugar a la multinacional Altadis SA. Los negocios de este gigante del tabaco son enormes (ver datos en la columna). El duro expediente de regulación de empleo llegó en 2001-02: cerraron ocho fábricas (Málaga, San Sebastián, Gijón, A Coruña, Valencia, Madrid, Alicante y Santander) y abrieron dos más modernas y más grandes en Alicante y Santander con lo cual se perdieron entre 2.100 y 2.200 puestos de trabajo, una cuarta parte del total en el Estado español.

Las mentiras de la empresa y las responsabilidades del PP

La empresa se atrinchera detrás de burdas excusas como la bajada (ligera) de ventas del tabaco negro. ¡Qué cara tienen! Los trabajadores saben que la mala gestión del sector ‘negro’ es del todo intencional, para justificar la reestructuración. Sin embargo las ventas de rubio y los beneficios están subiendo como la espuma. La empresa quiere trasladar parte de la producción a Marruecos y Turquía para aprovechar la mano de obra mucho más barata y sin derechos sindicales y de paso hacerse con sus tabacaleras estatales y también la de Italia. Por este camino Altadis podría también sumar más negocios vendiendo los extensos terrenos de las fábricas que cerrarían. Ésta es la auténtica realidad que pretende la empresa con el expediente, aumentar aún más sus beneficios a costa de reducir los puestos de trabajo. No existe ninguna otra justificación para este expediente y por lo tanto hay que exigir al gobierno del PP que no autorice el expediente de regulación de empleo y los cierres de las fábricas (además posee el 2% del capital de Altadis SA).

El gobierno del PP está autorizando 400 Expedientes cada mes

Esto sólo será posible a través de la movilización, como la experiencia ha demostrado tantas veces a los trabajadores no nos regalan nada. Entre los meses de enero y mayo de este año se habían presentado 2.148 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), de los cuales fueron autorizados 2.008 —de estos 1.490 pactados y 518 no pactados—, además en los últimos meses están apareciendo constantemente anuncios de nuevos expedientes, en Telefónica, Renfe...

En muchos de estos casos se trata de empresas que han tenido suculentos beneficios, y tratan de mantenerlos a través de recortes de plantilla y de traslados de la producción a países donde la mano de obra es más barata, como es el caso de Altadis.

Pero, incluso en los casos de empresas con pérdidas, muchas veces se trata de empresas que han sido privatizadas, y están siendo segregadas para favorecer los negocios de empresas de la competencia en manos de “amigos” del gobierno, facilitando la mal llamada “liberalización” de los sectores.

En todos los casos hemos podido ver de qué lado estaba el gobierno del PP, nunca del lado de los trabajadores. Incluso en los casos en que a través de la lucha se consiguió arrancar parte de las reivindicaciones el gobierno no cumplió los compromisos que había firmado. Este gobierno engañó a los trabajadores de Sintel, de Pickman y a los mineros de Sevilla y Huelva; es el mismo que ataca a los Astilleros en todo el estado. ¡Ninguna confianza en el PP y su gobierno: todos son integrantes o colaboradores de la patronal! Sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas y en el apoyo del resto de los trabajadores. Luchas como la de Sintel demostraron la enorme capacidad de lucha y solidaridad de la clase obrera.

Movilización contra los cierres y los despidos masivos

En este sentido, los dirigentes sindicales en la empresa, correctamente, no han aceptado entrar a negociar este injustificable expediente y han optado por organizar la movilización del día 15, con huelga y manifestaciones en todos los centros tanto del Estado español como de Francia. Este es el primer paso.

A este primer paso deben seguirle los demás, debatir y aprobar en cada Asamblea un plan de movilizaciones con un claro objetivo: ¡Ningún puesto de trabajo perdido! ¡Retirada del Expediente ya!

La extensión de la lucha al conjunto de la población, explicando y denunciando esta agresión, es fundamental y, como demuestra la recogida de 50.000 firmas, es totalmente posible hacerlo, al mismo tiempo que sería de gran apoyo la coordinación con otras empresas que se encuentran en la misma situación de ataque bajo un ERE.

La organización de comités de lucha en cada centro, junto al comité de huelga, ayudaría a llevar todo esto a cabo; lo mismo en cada barrio, centro de trabajo o estudio dispuestos a apoyar la lucha.

Todos estos ataques al empleo nos afectan a todos los trabajadores. Cada puesto de trabajo destruido es una dificultad más para nuestro futuro y el de nuestras familias. Si los empresarios de Altadis no son capaces de mantener nuestros puestos de trabajo hay que expropiarlos, renacionalizando la empresa.

Desde EL MILITANTE y el Sindicato de Estudiantes planteamos la necesidad de la nacionalización sin indemnización (salvo a los pequeños accionistas que lo demuestren), para garantizar todos los puestos de trabajo de Altadis y poner la empresa bajo el control democrático de los trabajadores, a través de un Consejo de Administración en el que participen la plantilla, los sindicatos y la Administración (Central o Autonómica). Los dirigentes del PSOE y de IU deberían asumir estas ideas, planteando claramente que no van a aceptar la destrucción de empleo y que utilizarán todos los medios a su alcance para lograrlo, incluyendo sus posiciones en las Administraciones (Municipal, Autonómica, etc.). No hay otra salida para defender los empleos de hoy y de mañana en todos los sectores. Ésta es la única manera en que podría imponerse de verdad la entrada de jóvenes por cada trabajador jubilado.

¡No a la pérdida de empleo!

¡Retirada inmediata del expediente!

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